La Corte Constitucional de Ecuador: un basti¨®n para los derechos humanos

Con la reciente toma de posesi¨®n del presidente Daniel Noboa en Ecuador, el pa¨ªs termin¨® un impasse democr¨¢tico que tuvo a sus instituciones al borde del Estado de derecho.

Ahora, el presidente Noboa enfrentar¨¢ enormes desaf¨ªos en su a?o y medio de mandato. Entre ellos, la expansi¨®n del crimen organizado, tasas de homicidios y extorsiones sin precedentes, un aumento de la pobreza y conflictos entre poderes del Estado. Si el impasse democr¨¢tico nos ense?a algo es que contar con una Corte Constitucional independiente y t¨¦cnica, como lo hace hoy Ecuador, ser¨¢ clave para enfrentar estos retos y lograr mejoras para los derechos humanos en el pa¨ªs.

Hace cerca de seis meses en el pa¨ªs hab¨ªa riesgos de convulsi¨®n en las calles. El Gobierno del expresidente Guillermo Lasso perd¨ªa popularidad r¨¢pidamente. Muchos sectores solicitaban su renuncia y amenazaban con salir a las calles mientras aumentaban las tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo. El temor de protestas masivas con incidentes de violencia y represi¨®n, como las que ocurrieron en 2019 y 2022, era manifiesto.

El rechazo al Gobierno de Lasso no es sorpresivo. Debido en parte a sus pol¨ªticas, o falta de ellas, hoy hay al menos tres veces m¨¢s muertes violentas en Ecuador que cuando asumi¨® su cargo. Ecuador va camino a tener una tasa de cerca de 45 homicidios cada 100.000 habitantes para 2023, es decir, una tasa m¨¢s alta que la que tuvieron el a?o pasado pa¨ªses como Venezuela u Honduras. Adem¨¢s, han aumentado la pobreza y la desigualdad y millones de ecuatorianos han tenido que acostumbrarse a pasar varias horas al d¨ªa con cortes de luz.

Tras la publicaci¨®n de una investigaci¨®n period¨ªstica que acusaba a Lasso de corrupci¨®n, un grupo de asamble¨ªstas, incluyendo del partido Revoluci¨®n Ciudadana, aliado al expresidente Rafael Correa, y del Partido Social Cristiano, cuya alianza hab¨ªa llevado a Lasso al poder, inici¨® el tr¨¢mite de juicio pol¨ªtico.

En un primer momento, los asamble¨ªstas incluyeron entre las causales del juicio pol¨ªtico ¡°traici¨®n a la patria¡±, uno de los pocos delitos por los que se puede acusar a un presidente, seg¨²n la Constituci¨®n. Argumentaron que Lasso habr¨ªa protegido a su cu?ado de investigaciones por corrupci¨®n. Seg¨²n los propulsores de esta iniciativa, las organizaciones corruptas son ¡°enemigos de la patria¡± y, por lo tanto, al supuestamente proteger a su cu?ado, Lasso habr¨ªa cometido dicha traici¨®n.

La Corte Constitucional descart¨® los argumentos del juicio pol¨ªtico que a su criterio carec¨ªan de un m¨ªnimo de verosimilitud y permiti¨® que continuara el proceso legislativo con el cargo de peculado. La Corte adem¨¢s exhort¨® a la Asamblea Nacional a actuar con ¡°extrema responsabilidad y en observancia de la Constituci¨®n y la ley¡±.

El 17 de mayo, a medida que avanzaba el juicio pol¨ªtico, el presidente Lasso invoc¨® una cl¨¢usula en la Constituci¨®n que permite cerrar el Congreso y convocar a elecciones presidenciales debido a una ¡°crisis pol¨ªtica y conmoci¨®n interna¡±. La cl¨¢usula, conocida como ¡°muerte cruzada¡±, nunca hab¨ªa sido invocada en el pa¨ªs. La Confederaci¨®n de Nacionalidades Ind¨ªgenas del Ecuador (Conaie), la organizaci¨®n ind¨ªgena m¨¢s grande del pa¨ªs, hab¨ªa dicho que convocar¨ªa un paro nacional si Lasso invocaba la ¡°muerte cruzada¡± y sosten¨ªa que esa decisi¨®n lo convert¨ªa en un ¡°dictador¡±.

Varios congresistas pidieron anular la muerte cruzada, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional. La Corte record¨® que la Constituci¨®n permit¨ªa esta medida y resalt¨®, en varias ocasiones, que, durante los meses en los que gobernara sin una Asamblea, el presidente Lasso, lejos de poder convertirse en un ¡°dictador¡±, solo podr¨ªa aprobar decretos de ¡°urgencia econ¨®mica¡±, como lo establece la Constituci¨®n. El tribunal record¨® que se trataba de una facultad ¡°extraordinaria y limitada¡± que no debe ser utilizada para ¡°evadir el debate democr¨¢tico; y tampoco para compensar problemas de gobernabilidad¡±.

Lasso pareci¨® hacer caso omiso a la advertencia y se?al¨® que prefer¨ªa ¡°gobernar seis meses en el purgatorio que dos a?os en el infierno¡±. Sin una asamblea que le hiciera de contrapeso, el presidente emiti¨® decretos de reestructuraci¨®n empresarial, cambios en las finanzas p¨²blicas y beneficios para estudiantes con obligaciones vencidas.

En un pa¨ªs con una pobreza de 27% a nivel nacional, que alcanza casi el 47% en zonas rurales, puso a la Corte Constitucional en la dif¨ªcil e impopular tarea de examinar si estos decretos eran constitucionales. La Corte no dio paso a muchos de los decretos, se?alando que no se trataba de medidas urgentes, como exige la Constituci¨®n.

Su rol como ¨¢rbitro durante este impasse le ha constado caro a la Corte, que ha recibido cr¨ªticas, bien y mal intencionadas, de varios sectores pol¨ªticos e instituciones del Estado. Pero Ecuador logr¨® evitar una crisis con violencia en las calles o con un Gobierno que opere por fuera del Estado de derecho. El pa¨ªs deber¨ªa aprender de este proceso la importancia de contar con una Corte Constitucional y una judicatura t¨¦cnicas e independientes, que no se dejen llevar por los vaivenes pol¨ªticos ni las presiones.

El asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto, es un ejemplo dram¨¢tico de lo grave que sigue siendo la situaci¨®n de violencia y derechos humanos en el pa¨ªs. El crimen organizado se ha expandido y parece haber cooptado a ciertos pol¨ªticos, jueces y fiscales. La Corte Constitucional ecuatoriana, que es un ejemplo para la regi¨®n, tendr¨¢ un rol clave que cumplir para asegurarse que las respuestas ante estos desaf¨ªos respeten la Constituci¨®n y las obligaciones internacionales de derechos humanos. La experiencia en la regi¨®n nos muestra que contar con tribunales independientes es clave para garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho. Es crucial que Ecuador cuente con este basti¨®n.