Ortega y Murillo dan el mayor golpe a las Oeneg¨¦s en Nicaragua: cancelan 1.500 de una vez

Despu¨¦s de eliminar 3.663 organizaciones no gubernamentales desde 2018, el r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio una estocada masiva e in¨¦dita a este sector: de un solo tajo disolvieron 1.500 oeneg¨¦s este lunes, seg¨²n una disposici¨®n del Ministerio del Interior (Mint), publicada en el diario oficial La Gaceta. El oficialismo las acusa de ¡°no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 a?os¡±, un argumento recurrente en esta pol¨ªtica estatal de suprimir toda entidad que est¨¦ fuera del control de la pareja presidencial.

Con este zarpazo, en Nicaragua han sido eliminadas 5.163 oeneg¨¦s, una decisi¨®n representa un duro golpe para los sectores m¨¢s vulnerables. De las m¨¢s de 3.500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta este 19 de agosto, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13,5% gobernabilidad, 11,18% derechos humanos, y 11% desarrollo, entre otros rubros.

De las nuevas 1.500 oeneg¨¦s decapitadas, la mayor¨ªa son evang¨¦licas y cat¨®licas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecuci¨®n religiosa en el pa¨ªs, en especial contra el catolicismo. Si bien los l¨ªderes de las iglesias evang¨¦licas han sido cercanos al Gobierno, en los ¨²ltimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a trav¨¦s de la disoluci¨®n de sus oeneg¨¦s. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, educativas, m¨¦dicas, ind¨ªgenas, deportivas, de excombatientes y de abogados.

El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que ¡°el destino de los bienes muebles e inmuebles¡± de las oeneg¨¦s ¡°ser¨¢n traspasados al Estado de Nicaragua¡±. Una labor que le corresponde a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, por lo que se trata de una confiscaci¨®n de facto prohibida por la Constituci¨®n Pol¨ªtica de este pa¨ªs centroamericano.

Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupci¨®n (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreci¨® en mayo pasado una aproximaci¨®n muy inicial a las afectaciones de las oeneg¨¦s: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oeneg¨¦s era aproximadamente de casi 8,5 millones de d¨®lares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jur¨ªdicas sin Fines de Lucro, que establece que las oeneg¨¦s establecer¨¢n el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. ¡°Sin embargo, es algo que no se ha cumplido por el Gobierno en todos los casos¡±, denunci¨® el OPTA.

El ¡°fin de la sociedad civil¡±

La ministra del Mint, Mar¨ªa Amelia Coronel Kinloch, firm¨® el acuerdo ministerial el 16 de agosto, el d¨ªa que la pareja presidencial anunci¨® ¡°un nuevo modelo de operatividad de las ONG¡± que obliga a estas organizaciones a trabajar ¨²nicamente en ¡°alianzas de asociaci¨®n con entidades estatales¡±.

¡°El nuevo modelo de operatividad obliga a las oeneg¨¦s a presentar a entidades estatales propuestas espec¨ªficas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de tem¨¢ticas particulares¡±, establece un comunicado difundido por el r¨¦gimen el viernes pasado. ¡°El Gobierno y las entidades del Estado podr¨¢n, o no, aceptar las propuestas, y ning¨²n programa o proyecto ser¨¢ objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales¡±, se lee.

Seg¨²n analistas pol¨ªticos consultados por EL PA?S, este ¡°nuevo modelo¡± les arrebata la autonom¨ªa de sus proyectos a las ONG, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. ¡°Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua¡±, dijo F¨¦lix Maradiaga, excarcelado pol¨ªtico desterrado por la pareja presidencial.

¡°Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el r¨¦gimen pretende construir una arquitectura jur¨ªdica que anule cualquier forma de participaci¨®n ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es m¨¢s que la culminaci¨®n de un proceso represivo que ha llevado al cierre de m¨¢s de 3.600 oeneg¨¦s en el pa¨ªs¡±, plantea Maradiaga.

El ex precandidato presidencial sostiene que ¡°en la mente paranoica de Ortega y Murillo¡±, cualquier organizaci¨®n que mantenga un m¨ªnimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intenci¨®n del r¨¦gimen es clara: ¡°S¨®lo permitir¨¢n la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperaci¨®n internacional, sin atreverse a cuestionar las pol¨ªticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido m¨¢s sagrado: el de una ciudadan¨ªa libre, participativa y cr¨ªtica¡±, a?ade.

El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperaci¨®n internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores m¨¢s vulnerables de la poblaci¨®n, podr¨ªan verse obligadas a aceptar las reglas del r¨¦gimen de Ortega y Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.

¡°Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estar¨ªan validando un esquema que no s¨®lo silencia a la sociedad civil, sino que tambi¨¦n refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el pa¨ªs¡±, asegura. ¡°No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible s¨®lo se alcanzar¨¢n en un entorno donde las voces cr¨ªticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represi¨®n¡±.

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