Ortega y Murillo agrandan los colmillos de su ¡®ley mordaza¡¯ para controlar las redes sociales en Nicaragua

El r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo orden¨® este mi¨¦rcoles a su leal Parlamento reformar con ¡°car¨¢cter de urgencia¡± la Ley de Ciberdelitos, mejor conocida como ley mordaza, cuyo cambio angular es el aumento de penas y la potestad de perseguir extraterritorialmente ¡°delitos inform¨¢ticos¡±. Es decir los mismos que, a partir de 2018, han sido usados para acallar cualquier cr¨ªtica contra la deriva represiva de la familia gobernante.

La novedad en la modificaci¨®n aprobada por los legisladores est¨¢ en el art¨ªculo uno de la normativa: antes s¨®lo establec¨ªa la ¡°investigaci¨®n, persecuci¨®n y sanci¨®n¡± de delitos cometidos ¡°por medio de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n¡±, pero ahora el r¨¦gimen agrega textualmente ¡°el uso de redes sociales y aplicaciones m¨®viles¡±. Se trata, seg¨²n opositores, de la institucionalizaci¨®n del zarpazo definitivo al ¨²ltimo reducto de libertad de expresi¨®n y prensa que queda en Nicaragua, y que no controla la pareja presidencial: las plataformas de redes sociales y medios de comunicaci¨®n independientes que difunden sus contenidos a trav¨¦s de ellas.

El siguiente art¨ªculo de la Ley de Ciberdelitos, el segundo, con la reforma ampl¨ªa la aplicaci¨®n del instrumento represivo ¡°a autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, c¨®mplices, o cualquier persona que facilite o favorezca la comisi¨®n de delitos previstos¡±. Previamente era s¨®lo de ¡°orden p¨²blico¡±, pero ahora ser¨¢ aplicada a quienes incurran en ¡°los delitos¡± tanto dentro como fuera de Nicaragua. Una l¨®gica de represi¨®n extraterritorial que replica la reciente reforma al C¨®digo Procesal Penal, aprobada a finales de agosto.

La reforma al C¨®digo Penal da cabida para enjuiciar a nicarag¨¹enses y extranjeros que est¨¦n fuera del pa¨ªs, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisi¨®n perpetua hasta la confiscaci¨®n de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administraci¨®n p¨²blica.

En el caso de la modificaci¨®n de la ley de Ciberdelitos, n¨²mero 1042, las penas de prisi¨®n se aumentan a cinco a?os. Y si la publicaci¨®n en redes sociales tambi¨¦n ¡°incita a la discriminaci¨®n, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, pol¨ªticos, condici¨®n econ¨®mica y social o ponga en peligro la estabilidad econ¨®mica y social, el orden p¨²blico, la seguridad soberana o la salud p¨²blica¡±, la pena sube a 10 a?os de c¨¢rcel. Antes el m¨¢ximo de la pena era de cinco. Combinadas es una condena de 15 a?os.

¡°Lo que est¨¢n haciendo Ortega y Murillo es transnacionalizando la represi¨®n, llevando esto a un punto en que la persecuci¨®n es global. Lo que tratan con esto es instrumentalizar los mecanismos de Interpol o GAFI (Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional) de los que Nicaragua es parte y, por desgracia, para ellos son ¨²tiles, porque pueden colocar en estos ¨®rdenes de captura internacionales¡±, plantea el exdiputado opositor Eliseo N¨²?ez, quien fue despojado de su nacionalidad nicarag¨¹ense.

Condenados por un ¡®like¡¯

En la pr¨¢ctica, periodistas y opositores de toda ¨ªndole han sido acusados con la Ley de Ciberdelitos. El r¨¦gimen Ortega-Murillo se arroga la facultad de determinar qu¨¦ post en redes sociales incurre en ¡°noticias falsas¡± y de inmediato los usuarios son detenidos, enjuiciados de manera expr¨¦s y condenados. La Fiscal¨ªa no s¨®lo ha usado como pruebas en los juicios publicaciones en redes sociales propias de los opositores, sino que hasta ¡°me gusta¡± que los detenidos han dado a post de terceros que son de car¨¢cter pol¨ªtico. O comentarios que ellos dejan en perfiles que pertenecen a figuras aborrecidas por el gobierno.

Por ejemplo, el tiktoker Crist¨®bal Geovanny L¨®pez Acevedo, conocido en redes sociales como Tropi Gamer y simpatizante sandinista, fue condenado por defender a la Miss Universo Sheynisse Palacios de los ataques de la propaganda oficial. O el fil¨®sofo y catedr¨¢tico Freddy Quezada, tambi¨¦n condenado por un like, que le dio a una publicaci¨®n en X en la que hac¨ªan referencia al poder de movilizaci¨®n que tendr¨ªa la llegada de la Miss Nicaragua reci¨¦n coronada en el certamen internacional. Ambos presos pol¨ªticos relataron esto la semana pasada en Ciudad de Guatemala, donde fueron desterrados junto a otras 133 personas por el r¨¦gimen Ortega-Murillo. Previo a ellos, tambi¨¦n campesinos que ni siquiera contaban con un redes sociales o un tel¨¦fono m¨®vil fueron procesados por Ciberdelitos.

M¨¢s poder a la polic¨ªa y control de las remesas

En las ¨²ltimas semanas el r¨¦gimen Ortega-Murillo, usando a sus diputados, ha ejecutado m¨²ltiples reformas de otras leyes para afilar los colmillos de su represi¨®n. Aparte de la ley de Ciberdelitos y el C¨®digo Penal, han dotado a la Polic¨ªa Nacional ¨Cel principal ¨®rgano represor sandinista¨C de la autoridad para allanar, sustraer equipos electr¨®nicos e inform¨¢ticos y exigir a las telef¨®nicas la informaci¨®n digital (llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalizaci¨®n) de las personas que est¨¦n bajo su investigaci¨®n sin necesidad de una orden judicial.

Asimismo, la polic¨ªa puede pedir a las telef¨®nicas ¡°informaci¨®n de los titulares de la l¨ªneas telef¨®nicas m¨®viles, fijas, servicios asociados, relaci¨®n de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalizaci¨®n, ubicaci¨®n de las antenas emisoras y receptoras¡±. El cheque en blanco es total: los oficiales podr¨¢n ¡°realizar registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios¡±. Y podr¨¢n extraer y acceder a informaci¨®n de sistemas electr¨®nicos e inform¨¢ticos. Todas estas acciones ¨Cque ya se ejecutan de facto¨C las podr¨¢ hacer sin una orden judicial en ¡°casos de urgencia¡± y tendr¨¢ un plazo de tres d¨ªas h¨¢biles para la ¡°convalidaci¨®n del acto ante la autoridad judicial¡±.

Tambi¨¦n fue modificada la Ley 976 Ley de la Unidad de An¨¢lisis Financiero (UAF), la cual otorga nuevas funciones a la instituci¨®n para vigilar y reportar operaciones ¡°sospechosas¡±, tanto de personas naturales como jur¨ªdicas, transferencias electr¨®nicas y proveedores de servicios de activos virtuales. Pero lo m¨¢s alarmante de esto es que han puesto en el ojo del ente las remesas familiares, el principal sost¨¦n de las familias nicarag¨¹enses.

Sobre las transferencias electr¨®nicas, servicios de remesas, activos virtuales y similares, la reforma dicta que los ¡°supervisores deben establecer normativas para la obtenci¨®n de la informaci¨®n sobre originadores beneficiarios, sean estas personas naturales o jur¨ªdicas¡±. La ley establece que los sujetos obligados deben identificar al beneficiario final de sus clientes y tomar medidas razonables para verificar su identidad, ¡°de manera tal que est¨¦ seguro de que conoce qui¨¦n es el beneficiario final¡±.