La ONU acusa al Gobierno de Maduro de cometer cr¨ªmenes de lesa humanidad en el contexto electoral
Las fuerzas de seguridad chavista, seg¨²n el informe, estuvieron ¡°involucradas masivamente¡± en violaciones de derechos humanos
La represi¨®n en Venezuela desatada tras las elecciones ha escalado de manera alarmante. La Misi¨®n Internacional Independiente de la ONU ha publicado este martes un informe en el que acusa al Gobierno chavista de haber cometido cr¨ªmenes de lesa humanidad en el periodo que comprendi¨® el antes, durante y despu¨¦s de las presidenciales que se celebraron el 28 de julio, en las que presumiblemente venci¨® la oposici¨®n. El presidente Nicol¨¢s Maduro se niega a reconocer la derrota y asegura que volver¨¢ a tomar posesi¨®n del cargo el 10 de enero de 2025. La comunidad internacional ha tratado, en estos casi tres meses, de buscar una salida negociada para Maduro y el resto de dirigentes chavistas, sin ¨¦xito por el momento.
Horas antes de la aparici¨®n del texto, Maduro destituy¨® a los responsables de los servicios de inteligencia, el de la rama civil (Sebin) y el de la militar (DGCIM), un movimiento acogido con sorpresa en el chavismo. Se produce despu¨¦s de que Diosdado Cabello, ya de por s¨ª poderoso en la estructura, se haya posesionado como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Explicita tambi¨¦n que algo se mueve dentro de la c¨²pula chavista despu¨¦s de que las elecciones fueran un fracaso: el oficialismo estaba obligado a ganar y demostrar al mundo esa victoria para regresar a los circuitos internacionales, tanto pol¨ªticos como econ¨®micos, y sacar as¨ª a Venezuela del aislamiento internacional en el que vive por la falta de legitimidad de Maduro.
Nada ha salido como esperaban el presidente y los suyos, en primer lugar porque sufrieron una derrota en las urnas con la que no contaban, ya que ten¨ªan fe en la capacidad de movilizaci¨®n de sus bases, el gran n¨²mero de empleados p¨²blicos y la capacidad de arrastre de los empresarios que hacen negocios con el Estado. No fue suficiente. En segundo lugar, no hab¨ªa un plan b en caso de derrota, como qued¨® evidenciado, y as¨ª no se pudo esconder un fraude que qued¨® a la vista de manera obvia.
Incluso entre los dirigentes m¨¢s poderosos del madurismo se producen estos d¨ªas desavenencias que llaman la atenci¨®n. El ministro de Asuntos Exteriores, Yv¨¢n Gil, ha desautorizado en p¨²blico al fiscal de la Naci¨®n, Tarek William Saab, uno de los ejecutores de la represi¨®n y hombre fuerte del oficialismo desde la ¨¦poca de Hugo Ch¨¢vez, al que le escribi¨® versos cuando el comandante estaba preso por un intento de golpe de Estado. Un d¨ªa antes, Saab hab¨ªa acusado en una alocuci¨®n televisiva al presidente de Brasil, Luiz In¨¢cio Lula da Silva, de haber sido captado por la CIA. Gil ha asegurado que esas declaraciones de Saab las ha hecho ¡°a t¨ªtulo personal¡± y que en ning¨²n momento reflejan ¡±la opini¨®n del ejecutivo nacional¡±. El propio Saab se ha disculpado. Resulta poco habitual una desautorizaci¨®n p¨²blica de este nivel en el chavismo.
El escrito destaca sobre todo la persecuci¨®n a los opositores y la represi¨®n que han ejercicio las fuerzas de seguridad para reprimir a la gente que se ech¨® a la calle para protestar, en se?al de que el chavismo no aceptaba el resultado y pretend¨ªa quedarse en el poder a toda costa. Los cuestionamientos se?alan directamente a la Polic¨ªa Nacional y a la Guardia Nacional Bolivariana, pero tambi¨¦n al Sebin y al DGCIM, a los que considera responsables de torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas. Los casos los han sufrido miembros y dirigentes del partido de Mar¨ªa Corina Machado, la l¨ªder de la oposici¨®n, pero tambi¨¦n ciudadanos de a pie que solo demostraron descontento por lo ocurrido.
Los funcionarios de la ONU ya hab¨ªan publicado hace un mes un informe preliminar que anticipaba este segundo, en el que se ven¨ªa a decir que Maduro hab¨ªa intensificado la maquinaria de represi¨®n tras las presidenciales, cuyo resultado no fue el esperado por el oficialismo. Ahora se a?ade que no solo fue una persecuci¨®n posterior a la votaci¨®n, sino que todo estaba en marcha desde antes y que, igualmente, durante la propia campa?a se cometieron excesos que enturbiaron todo el proceso electoral. La Misi¨®n investiga lo que ocurre en Venezuela desde 2019, el a?o en que la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visit¨® el pa¨ªs, habl¨® con Maduro y con las v¨ªctimas, y dej¨® instalada una oficina con su equipo.
Los relatores explican que muchas de las detenciones se produjeron durante la operaci¨®n Tun Tun, en referencia a una canci¨®n navide?a en la que alguien aparece en la puerta de manera inesperada. Esta ha sido una forma com¨²n de generar p¨¢nico entre la poblaci¨®n. Algunos detenidos fueron localizados despu¨¦s de expresar sus opiniones en X, Instagram o TikTok. Los guardias aparec¨ªan de forma intempestiva en sus casas y se los llevaban.
?La acusaci¨®n m¨¢s recurrente? Delito de terrorismo, una tipificaci¨®n vaga con la que la persona entra en un laberinto judicial en el que no puede defenderse, sencillamente porque no existe un escrito de acusaci¨®n. Ahora mismo no existe el debido proceso en Venezuela. ¡°Las detenciones y los actos procesales adolecieron de graves y sistem¨¢ticas violaciones al debido proceso. En la mayor¨ªa de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, sin una base legal evidente, y/o sin informar del motivo de la detenci¨®n. Con frecuencia, no se respet¨® el plazo de 48 horas para presentar a las personas detenidas ante un tribunal de control y las audiencias se realizaron sin publicidad, sin abogados de su elecci¨®n y en horas de la noche o madrugada¡±, se lee en el informe.
La represi¨®n fue a¨²n m¨¢s lejos. Las casas de personas ¡°percibidas como opositoras¡± se marcaron con una ¡°X¡± y se habilit¨® una aplicaci¨®n m¨®vil alentando a los grupos afines al Gobierno a se?alar y denunciar. La ONU alerta tambi¨¦n de un fen¨®meno que considera nuevo y muy preocupante: ¡°La Misi¨®n obtuvo informaci¨®n sobre la detenci¨®n de 158 ni?os y ni?as (130 ni?os y 28 ni?as) durante o despu¨¦s de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo¡±. La ONU considera ni?os a los menores de 18 a?os.
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