La fiscal¨ªa investiga las protestas de funcionarios que bloquearon prisiones

La fiscal¨ªas de Barcelona y Lleida han abierto sendas diligencias para investigar las protestas de funcionarios de prisiones que en las ¨²ltimas semanas han bloqueado los accesos a diversas c¨¢rceles catalanas, al considerar que los manifestantes pudieron incurrir en delito.

Seg¨²n han informado a Efe fuentes judiciales, la Fiscal¨ªa Provincial de Barcelona ha incoado de oficio una investigaci¨®n sobre las concentraciones que cercaron las c¨¢rceles Modelo de Barcelona y Quatre Camins de La Roca del Vall¨¨s los pasados d¨ªas 2 de diciembre y 24 de noviembre, respectivamente.

De forma paralela, la delegaci¨®n del ministerio p¨²blico en Lleida ha abierto diligencias a ra¨ªz de la protesta que funcionarios de prisiones mantuvieron el pasado 7 de diciembre frente a la c¨¢rcel de Ponent de la ciudad, que fue desconvocada al cabo de unas horas.

Las concentraciones impidieron el relevo del turno de funcionarios de noche al bloquear los accesos de los trabajadores a la prisi¨®n, lo que oblig¨® a mantener en sus celdas a la mayor¨ªa de presos y, en el caso de la Modelo, a suspender unos 40 juicios y diligencias a las que deb¨ªan asistir reclusos de esa c¨¢rcel.

La fiscal¨ªa pretende averiguar si los concentrados excedieron el derecho de manifestaci¨®n al provocar situaciones de riesgo dentro de la prisi¨®n y afectaciones a la Administraci¨®n de Justicia, por las diligencias judiciales que tuvieron que ser suspendidas debido al bloqueo.

El hecho de que las concentraciones no fueran convocadas oficialmente por los sindicatos ni comunicadas al Departamento de Justicia impidi¨® que se pudieran establecer los servicios m¨ªnimos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de las c¨¢rceles.

Los delitos que podr¨ªan imputarse a los participantes en las protestas van desde el 409 del C¨®digo Penal, que castiga a los funcionarios que organicen el abandono colectivo e ilegal de un servicio p¨²blico, hasta el de sedici¨®n. La investigaci¨®n sobre la actuaci¨®n del personal de prisiones, que como en el caso de los controladores carece de precedentes jur¨ªdicos, tratar¨¢ de delimitar la responsabilidad de los manifestantes que secundaron las concentraciones y la de los funcionarios que no pudieron entrar en la c¨¢rcel.