Los sindicatos seguir¨¢n negociando los recortes pese a sentirse ¡°despreciados¡±
CCOO, UGT e IAC llevar¨¢n a los tribunales el nuevo ajuste
Los sindicatos que participan en la mesa general de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica (CCOO, UGT e IAC), en la que se est¨¢n discutiendo los recortes de 625 millones propuestos por la Generalitat, aseguraron ayer que est¨¢n dispuestos a emprender medidas jur¨ªdicas contra el retraso de parte de la paga extra de Navidad que anunci¨® el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell. ¡°Si el Gobierno no paga, tenemos a los servicios jur¨ªdicos para hacer las denuncias y recursos que hagan falta contra el impago¡±, se?al¨® Josefina Pujol, coordinadora de Funci¨®n P¨²blica de CC OO de Catalu?a. ¡°Haremos todo lo que sea necesario, tanto jur¨ªdicamente como con movilizaciones¡±, a?adi¨® el portavoz de IAC, Luis Blanco. Los sindicatos catalanes han tratado de frenar desde principios de diciembre la nueva tanda de recortes en empleo p¨²blico prevista por la Generalitat, de 625 millones. Han celebrado seis reuniones con la secretaria de Administraci¨®n y Funci¨®n P¨²blica, Pilar Pifarr¨¦, como interlocutora. En la reuni¨®n de ayer, el Ejecutivo propuso que tanto los trabajadores interinos como los funcionarios puedan acogerse a reducciones de horario y sueldo. Pero los representantes de los trabajadores no debatieron la propuesta. Sab¨ªan, por los medios de comunicaci¨®n, que el Gobierno preparaba medidas relacionadas con su salario y estaba a punto de anunciarlas a sus espaldas.
Los representantes de CCOO, UGT e IAC estuvieron ayer solo una hora sentados en la mesa de negociaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica. Lo justo para escuchar (pero no debatir) que la Generalitat propone ¡°incentivar¡± que los funcionarios se acojan a reducciones de jornada (y por tanto sueldo) aunque no puedan alegar motivos familiares para hacerlo (ni?os o ancianos a su cargo, por ejemplo). Ayer lo que preocupaba a los sindicatos era el anuncio que el consejero Mas-Colell pensaba hacer en la Generalitat. As¨ª que entregaron a la secretaria de Funci¨®n P¨²blica, Pilar Pifarr¨¦, un documento con sus propuestas para evitar despidos y aun as¨ª adelgazar el coste de la plantilla p¨²blica, y se marcharon.
La bater¨ªa de medidas sindicales incluye 19 ideas que van desde restituir el impuesto de sucesiones a poner un tope a los salarios de altos cargos de 5.000 euros mensuales. Tambi¨¦n desarrollan algunas de las reivindicaciones que llevan d¨ªas repitiendo, como la necesidad de limitar los cargos externos y de confianza, poner l¨ªmite al cobro de dietas y limitar la realizaci¨®n de horas extraordinarias a lo estrictamente imprescindible.
Despu¨¦s de entregar el documento, los representantes de las tres agrupaciones de trabajadores dejaron la sala de reuniones de Gobernaci¨®n y se marcharon al Palau de la Generalitat. ¡°Pifarr¨¦ nos ha dicho que no sab¨ªa nada de lo que se iba a anunciar. Hemos decidido trasladar la mesa al lugar donde se est¨¢ hablando de recortes¡±, explicaba un miembro de CC OO. En la plaza de Sant Jaume, el consejero de Econom¨ªa estaba a punto de dar una rueda de prensa en la que anunciar¨ªa retrasos en el pago de la extra de Navidad, sin haberlo comunicado antes a los agentes sociales.
Los sindicatos trataron de acceder a la sala de prensa del Palau de la Generalitat por la puerta principal y, tras fracasar, llevaron a cabo una sentada como medida de protesta en el acceso para empleados y prensa. En ning¨²n momento impidieron el paso y la protesta fue pac¨ªfica, aunque s¨ª invitaron a gritos a la vicepresidenta, Joana Ortega, a bajar a hablar con ellos. Llu¨ªs Blanco, de IAC, denunci¨® el ¡°desprecio¡± con que a, su juicio, les trata el Gobierno, que mientras negocia con ellos ¡°en una mesa oficial¡± anuncia recortes decididos ¡°de forma unilateral¡±. Blanco se?al¨® que, con medidas como la anunciada ayer, la Generalitat pretende ¡°meter miedo¡± a los m¨¢s de 203.000 funcionarios y empleados p¨²blicos a los que afectar¨¢n.
Pese a que aseguran sentirse despreciados, los sindicatos no dan por rotas las negociaciones de la mesa de funci¨®n p¨²blica. La Generalitat tampoco, y les ha convocado hoy a las once de la ma?ana para debatir los recortes. Pero fuentes sindicales aseguran que saben que tendr¨¢n poco que hacer. Son pesimistas y creen que la Generalitat ya ha decidido los recortes que piensa hacer y no est¨¢ dispuesta a ceder nada m¨¢s all¨¢ de lo que ya ten¨ªa pensado retirar.
Las medidas de Mas
Los funcionarios de la Generalitat y los trabajadores del sector p¨²blico no cobrar¨¢n la paga extra de Navidad el mi¨¦rcoles 21. El ingreso se demora hasta el 28 de diciembre, cuando cobrar¨¢n al menos el 80% de la misma. El 20% restante se ingresar¨¢ durante el mes de enero, en una fecha todav¨ªa por determinar.
La medida afecta a todos los trabajadores del sector p¨²blico, unos 203.000. Y, en principio, a todos por igual, cobren lo que cobren. Esta medida supone ganar tiempo en el pago de entre 100 y 200 millones.
La Generalitat est¨¢ elaborando tambi¨¦n una lista con todos sus proveedores, a los que demorar¨¢ los pagos. En su mayor¨ªa son peque?as y medianas empresas, por lo que se intentar¨¢ dar prioridad en el cobro a las que est¨¦n pasando mayores dificultades.
El Gobierno catal¨¢n present¨® ayer un requerimiento al Ejecutivo central para que abone antes de un mes los 759 millones pendientes por infraestructuras no realizadas en el ejercicio 2008. Si el Gobierno en funciones de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero no paga en los pr¨®ximos d¨ªas, ser¨¢ ya Mariano Rajoy quien lidie con esta deuda para evitar que la Generalitat recurra a los jueces.
Si en un mes el Gobierno no ha respondido al requerimiento presentado por el Gobierno que preside Artur Mas, la Generalitat presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo e informar¨¢ a instancias relevantes, elevando incluso su protesta a las instituciones europeas. No ha concretado c¨®mo lo har¨¢.
Los sindicatos, indignados por los retrasos en el abono de la paga de Navidad, tambi¨¦n est¨¢n negociando con la Generalitat otra tanda de rebajas salariales a los empleados p¨²blicos, que el Ejecutivo pretende que ascienda a 625 millones de euros.
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