La Asamblea certifica el recorte de Aguirre a los funcionarios
La c¨¢mara regional aprueba con los votos del PP la ley que penalizar¨¢ a los funcionarios que est¨¢n de baja y ampl¨ªa dos horas la jornada laboral El PSM estudia recurrir la norma ante el Constitucional
La holgada mayor¨ªa del PP en la Asamblea de Madrid ha aprobado este mediod¨ªa la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompa?an a los Presupuestos de 2012 y que incluye entre otras medidas un aumento de la jornada laboral de los funcionarios de la Comunidad de Madrid y otra iniciativa por la que se penalizan las bajas de los trabajadores p¨²blicos. La ley de acompa?amiento, o ley escoba, propone un dr¨¢stico recorte a los derechos laborales de los funcionarios, sobre todo del personal sanitario.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, pretende ahorrar unos 83 millones de euros con este cambio normativo. Lo m¨¢s llamativo de la nueva Ley afecta a los funcionarios. La Comunidad de Madrid dejar¨¢ de pagar el 40% de su sueldo en caso de baja laboral, este porcentaje del salario es el complemento que el Gobierno regional pagaba a los trabajadores p¨²blicos. El otro 60% de la n¨®mina en caso de baja lo abona la Seguridad Social.
La Ley escoba recoge otros 25 art¨ªculos que modifican otras tantas leyes regionales. Entre las modificaciones m¨¢s importantes se incluye un regalo a los promotores inmobiliarios que podr¨¢n entregar menos terrenos para uso p¨²blico cada vez que construyan. Hasta ahora, por cada 100 metros construidos deb¨ªan apartar otros 100 metros para las redes generales a cargo de los Ayuntamientos. Esta ley tambi¨¦n prev¨¦ que la Comunidad de Madrid deje de pagar los abonos de transportes a los residentes en provincias lim¨ªtrofes. La ley de acompa?amiento, adem¨¢s, permitir¨¢ al Canal de Isabel II tomar participaciones en otras sociedades e introduce cambios normativos que impulsan la privatizaci¨®n de la empresa p¨²blica que gestiona el agua. La reforma tambi¨¦n permite los anuncios de bebidas alcoh¨®licas.
El portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Tom¨¢s G¨®mez, ha manifestado esta ma?ana, tras reunirse con los sindicatos para estudiar las implicaciones de la ley de acompa?amiento: ¡°Esperanza Aguirre abre la puerta a que las empresas privadas penalicen a los trabajadores enfermos al hacerlo ella con los p¨²blicos¡±. El jefe de los socialistas madrile?os ha a?adido: ¡°Se trata de una medida cuya aplicaci¨®n empieza por la Comunidad de Madrid, que como siempre es la sala de experimentos del PP, pero seguramente se va a extender no s¨®lo a todas las administraciones gobernadas por el PP sino tambi¨¦n al sector privado.
G¨®mez se ha preguntado: ?Por qu¨¦ un empresario privado no va a hacer con sus trabajadores lo que hace Aguirre con los trabajadores p¨²blicos?. El portavoz socialista ha anunciado que los servicios jur¨ªdicos del PSM est¨¢n estudiando la viabilidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por su parte, el portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado que los diputados de su formaci¨®n en el Congreso de los diputados apoyar¨¢n el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE estudia presentar.
¡°En estas entra?ables fiestas han traido m¨¢s regalos fiscales para las rentas m¨¢s altas y rebajas para aquellos con menos rentas¡±, ha se?alado Gordo en la c¨¢mara regional. El portavoz de IU ha estimado que esta medida puede provocar el despido de entre 7.000 y 8.000 trabajadores.
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha pretendido desenmascarar la estrategia del Gobierno regional. ¡°Es un ahorro presupuestario y no una medida para controlar el absentismo¡±. De Velasco censur¨® el m¨¦todo seguido por Aguirre para sacar adelante la medida.
Por su parte, el portavoz del PP en la c¨¢mara, Pedro Mu?oz-Abrines, ha defendido la medida. Ha asegurado que entiende "el cierto malestar de los empleados p¨²blicos por los cambios normativos". Y ha dicho comprender "el sacrificio que supone tener que trabajar dos horas y media m¨¢s a la semana". Pero Mu?oz-Abrines ha explicado que con esta medida, el Gobierno regional pretende "igualar la jornada laboral de los funcionarios" con la de otros trabajadores.
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