Las constructoras de la balsa de Aznalc¨®llar tampoco pagan por el vertido

La salida del laberinto judicial del desastre de Aznalc¨®llar se complica todav¨ªa m¨¢s. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la filial espa?ola de Boliden, Boliden Apirsa, contra las constructoras (y sus aseguradoras) encargadas de la construcci¨®n y recrecimiento de la balsa, cuya rotura desencaden¨® en abril de 1998 el desastre del vertido t¨®xico de Aznalc¨®llar. Boliden era la propietaria de la presa, pero entend¨ªa que las empresas ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, que se encargaron del proyecto para recrecer la balsa de residuos, eran las responsables de la rotura. La sueca Boliden reclamaba a estas empresas 115 millones de euros, en concepto de da?os y perjuicios. Adem¨¢s, ped¨ªa que se hicieran cargo de las cantidades exigidas por la Junta de Andaluc¨ªa (89,9 millones) y el Gobierno central (43,7) por el da?o medioambiental causado en la zona. Con lo que, en total, Boliden les reclamaba 248,6 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia 9 de Madrid rechaz¨® en noviembre de 2006 esta pretensi¨®n de Boliden al no apreciar responsabilidad alguna en las empresas constructoras. La Audiencia Provincial de Madrid, en septiembre de 2009, confirm¨® en segunda instancia esa sentencia. Y ahora es el Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de enero, el que vuelve a rechazar el recurso de Boliden y le condena a pagar las costas.

Para defender sus tesis, los abogados de Boliden esgrimieron que en la v¨ªa penal sus empleados y directivos hab¨ªan sido exculpados, con lo que se debe derivar una responsabilidad por ¡°incumplimiento contractual¡± de las constructoras de la balsa. El Supremo rechaza esta argumentaci¨®n al entender que no existe ¡°un efecto vinculante¡± del auto de archivo de las diligencias previas en la v¨ªa penal con la decisi¨®n que luego tom¨® el juez de lo civil en 2006. Adem¨¢s, seg¨²n el Alto Tribunal, ¡°el auto de archivo de las diligencias previas (¡­) tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite un informe de los peritos para descartar, como idea fundamental del mismo, que toda actuaci¨®n sobre la presa se atuvo a la pr¨¢ctica habitual o convencional¡±.

Esta v¨ªa cerrada ahora por el Supremo es un nuevo cap¨ªtulo en esta cat¨¢strofe impune, por la que nadie ha pagado casi 14 a?os despu¨¦s. Nadie, excepto la Junta y el Gobierno, que se han gastado alrededor de 240 millones de dinero p¨²blico en la restauraci¨®n ambiental de la zona.

La primera v¨ªa que se abri¨®, y cerr¨® sin culpables, fue la penal. Tras producirse el vertido, el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla) abri¨® una investigaci¨®n en la que estuvieron imputados 26 t¨¦cnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas constructoras. Pero el juzgado archiv¨® el caso a finales de 2000 y cerr¨® esa v¨ªa.

La Junta intent¨® entonces reclamar por la v¨ªa civil el coste de la retirada de los lodos y la restauraci¨®n. Pero la justicia entendi¨® que tampoco ese era el camino y en 2003 se indic¨® que la v¨ªa adecuada era la administrativa. Por eso, el Gobierno regional abri¨® en 2004 un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones. La compa?¨ªa llev¨® ese expediente a al Supremo, que a finales del a?o pasado, anul¨® esa decisi¨®n de la Junta al entender que la v¨ªa administrativa tampoco es el camino. La Junta ha planteado ahora ante el Supremo un ¡°conflicto negativo de jurisdicci¨®n¡± para que le indique qu¨¦ v¨ªa se tiene que seguir para obligar a Boliden a asumir el coste del da?o medioambiental provocado por la rotura de la balsa.

Por su parte, el Gobierno central tambi¨¦n ha intentado ejecutar la sanci¨®n de 43,7 millones que le impuso a la compa?¨ªa, confirmada por el Supremo en 2005. Pero la multinacional declar¨® en quiebra a la filial de la que depend¨ªa la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar tambi¨¦n esta sanciones.