C¨¢maras: al servicio de la empresa o de los pol¨ªticos
"En una ¨¦poca de crisis econ¨®mica y pol¨ªtica, se percibe el intento de los poderes p¨²blicos para controlar lo que entonces se conoc¨ªa como las clases productoras"
Las C¨¢maras de Comercio se enfrentan, cuando cumplen 125 a?os, al cambio m¨¢s significativo de su historia. Las C¨¢maras de Comercio han tenido una vida agitada entre lo p¨²blico y lo privado. Nacieron mediante un Decreto-ley de la reina Mar¨ªa Cristina en 1886. Desde entonces la naturaleza oficial ha condicionado su existencia.
Fueron concebidas como instrumento de modernidad para suplir la carencia de una estructura organizativa que representara los intereses empresariales. Detr¨¢s de su puesta en marcha, en una ¨¦poca de crisis econ¨®mica y pol¨ªtica, se percibe el intento de los poderes p¨²blicos para controlar lo que entonces se conoc¨ªa como las "clases productoras".
El 3 de diciembre de 2010 el gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero, a instancias de su ministro de Industria Miguel Sebasti¨¢n, tom¨® la decisi¨®n de acabar con la pertenencia necesaria de las empresas a las C¨¢maras de Comercio y por tanto, con la obligatoriedad de pagar cuotas a estas instituciones. Esta forma de pertenencia y financiaci¨®n prevalec¨ªa desde 1911, cuando se estableci¨® para garantizar la estabilidad de las C¨¢maras en el ejercicio de sus funciones y de los servicios que tienen asignados.
Desde siempre, las C¨¢maras de Comercio han tenido encomendadas misiones que la Administraci¨®n ha delegado en ellas por su proximidad al mundo empresarial. Casi todos los pa¨ªses del mundo tienen C¨¢maras de Comercio que, a su vez, conforman una red de representatividad empresarial a la que nadie querr¨¢ renunciar.
Las C¨¢maras de Comercio, una vez se ha puesto en entredicho qui¨¦nes son sus asociados y c¨®mo se han de financiar, han entrado en una fase de refundaci¨®n. El traspaso de competencias sobre las C¨¢maras a las Comunidades Aut¨®nomas ha evidenciado el contrasentido de que se financiaban a cargo de la Administraci¨®n central y al mismo tiempo, eran controladas por las autonom¨ªas, all¨¢ donde ten¨ªan transmitida esta competencia.
Ese proceso que, en sus inicios, parec¨ªa un avance auton¨®mico, ha terminado con el desmantelamiento del sistema por el que se reg¨ªan las C¨¢maras y va a obligar a un replanteamiento que, previsiblemente, dar¨¢ lugar a la existencia de instituciones camerales a diferente velocidad en la geograf¨ªa ib¨¦rica.
Al mismo tiempo se ha iniciado un proceso de actualizaci¨®n y adelgazamiento de la estructura de las C¨¢maras, para adaptarse a los tiempos y cuya extensi¨®n cuenta con el benepl¨¢cito de las organizaciones empresariales de libre asociaci¨®n. ?Cu¨¢ntas C¨¢maras subsistir¨¢n en la Comunidad Valenciana?
El objetivo es conseguir unas C¨¢maras de Comercio renovadas, con menos personal y adaptadas a la realidad del siglo XXI, es decir capaces de prestar los servicios que necesitan los intereses econ¨®micos y empresariales, evitando gastos innecesarios y dualidades ineficientes.
Hasta aqu¨ª el proceso te¨®rico que se ha iniciado, muestra la l¨®gica de una refundaci¨®n consensuada entre intereses p¨²blicos y privados. Como objetivo ideal persigue la aceptaci¨®n mayoritaria de las C¨¢maras y los servicios que prestan por los empresarios, que son sus destinatarios, ya que las empresas constituyen su base asociativa y su raz¨®n de ser.
La Generalitat Valenciana, de acuerdo con las competencias que tiene transferidas, decidir¨¢ c¨®mo han de ser las C¨¢maras en su demarcaci¨®n territorial. Empresarios y administraciones habr¨¢n de llegar a un consenso, porque las empresas son las que constituyen sus ¨®rganos de gobierno y las autonom¨ªas son su administraci¨®n tutelante.
Las C¨¢maras de Comercio despu¨¦s de 125 a?os de existencia y con una historia apasionante, tienen ante s¨ª el desaf¨ªo de prestar los servicios que demanda el mundo empresarial, de acuerdo con los intereses generales de la econom¨ªa. Hoy no se puede pensar que las empresas, pueden permanecer desligadas de los intereses de la sociedad, donde el empleo y la asistencia al estado de bienestar constituyen derechos y deberes de obligado cumplimiento.
Las C¨¢maras del siglo XXI vuelven a tener su misi¨®n replanteada, pero con la exigencia de una gesti¨®n moderna y eficiente, que perfilar¨¢ su futuro entre lo p¨²blico y lo privado.
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