El fraude supone m¨¢s de un tercio de las partidas para la informatizaci¨®n
El Ejecutivo invirti¨® en total 60 millones de euros en el periodo cuestionado
Las irregularidades descubiertas por Justicia en el pago de facturas que este departamento habr¨ªa abonado indebidamente entre 2000 y 2009, bajo mandatos de EA y con Ibarretxe al frente del Ejecutivo, no suponen una excepci¨®n, sino que suman m¨¢s de un tercio del total de la inversi¨®n realizada por el Gobierno en informatizar la Administraci¨®n de Justicia.
El Ejecutivo destin¨® 60 millones de euros en dicho plazo a ese cometido, y m¨¢s de 23 millones est¨¢n bajo sospecha tras dos auditor¨ªas, una interna y otra externa, y sometidos al escrutinio de la fiscal¨ªa.
Mendia pide comparecer en el Parlamento para dar explicaciones
El Gobierno opt¨® ayer por entregar todo el expediente en mano, acompa?ado por un oficio, a la fiscal¨ªa de la Audiencia de Vitoria para evitar filtraciones. La consejera de Justicia, Idoia Mendia, solicit¨® de modo simult¨¢neo comparecer en la comisi¨®n correspondiente del Parlamento para explicar en todos sus extremos las irregularidades descubiertas.
Inmaculada de Miguel, directora de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia durante los a?os en que presuntamente se produjo el fraude, dio a conocer a trav¨¦s de la agencia Efe un comunicado en el que niega cualquier responsabilidad. De Miguel aclar¨® que entre sus funciones no estaba la firma de contratos de adjudicaciones a empresas, un cometido que, efectivamente, corresponde a las direcciones de servicios de cada departamento. S¨ª se hallaba bajo su responsabilidad dar el visto bueno a las facturas que preparaba el servicio de inform¨¢tica, a cuyo frente ascendi¨® en 2000 a la t¨¦cnico Ana Molina, coincidiendo con la llegada de EA al departamento, con Sabin Intxaurraga, ya fallecido, como consejero y Esther Larra?aga como viceconsejera.
Molina neg¨® a este peri¨®dico, como hizo De Miguel en su comunicado, tener afiliaci¨®n ni afinidad pol¨ªtica alguna, ¡°Fui responsable de inform¨¢tica judicial en un servicio que desarrollaba las pol¨ªticas que iba adoptando el departamento¡±. En ese trabajo t¨¦cnico, describi¨®, s¨ª se inclu¨ªa ¡°buscar y proponer las mejores ofertas, despu¨¦s de valorar las que presentaban las diferentes empresas y de examinar los expedientes¡±.
Tambi¨¦n se encargaba, aunque no en solitario, asegur¨®, de certificar la realizaci¨®n de los trabajos. ¡°Firmaba tanto yo como mis compa?eros de servicio; todos trabaj¨¢bamos en equipo¡±, indic¨®. Molina certificaba que el trabajo citado en cada expediente estaba hecho ¡ª¡°y estaba hecho¡±, subray¨®¡ª. Sobre la base de esa certificaci¨®n, acompa?ada de las correspondientes memorias, a?ad¨ªa luego su visto bueno la directora De Miguel. Esta ¨²ltima era quien lo remit¨ªa a la Direcci¨®n de Servicios para que procediera a devolver los avales depositados por las empresas adjudicatarias y a pagarles.
De Miguel insisti¨® que los contratos cumplieron todos los requisitos y que los trabajos se ejecutaron ¡°pr¨¢cticamente en su totalidad¡±, aunque ¡°pendientes de implantaci¨®n¡±. Esta ¨²ltima, matiz¨®, quedaba ¡°supeditada a las posibilidades reales del entorno, a la no paralizaci¨®n del funcionamiento normal de los ¨®rganos judiciales y a las reformas que se iban sucediendo¡± en el conjunto de Espa?a.
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