Justicia puso el ¡®contador a cero¡¯ en 2010 con las empresas adjudicatarias
El sistema de contrataci¨®n aplicado en tiempos de EA acapara las sospechas
En 2010, el Gobierno de Patxi L¨®pez puso el contador a cero con las empresas adjudicatarias de los servicios inform¨¢ticos del Departamento de Justicia ¡ªIberm¨¢tica y la UTE entre esta firma vasca e Indra¡ª tras realizar un exhaustivo inventario de los diez a?os anteriores, cuya gesti¨®n pol¨ªtica correspondi¨® a Eusko Alkartasuna (EA), con los consejeros Sabin Intxaurraga, primero, y Joseba Azkarraga despu¨¦s. Este acuerdo de regularizaci¨®n, donde se inclu¨ªa la revisi¨®n de las adjudicaciones, los trabajos realizados y pendientes y los desfases presupuestarios se liquid¨® con un pago por parte del Gobierno en torno a los 5 millones de euros, seg¨²n ha podido conocer EL PA?S.
Una UTE entre dos firmas rivales
La irrefrenable interpretaci¨®n pol¨ªtica en torno al estallido de esta sorprendente denuncia por supuestas irregularidades econ¨®micas en el Gobierno Ibarretxe ha introducido la variable del posible inter¨¦s del PSE-EE, desde su llegada a Ajuria-Enea, por introducir en el mercado vasco a la empresa Indra en detrimento de Iberm¨¢tica, asociada ¨¦sta a la ¨®rbita nacionalista y con su presidente, Jos¨¦ Luis Larrea, afiliados al PNV.
En el entorno de la firma guipuzcoana siempre se ha negado todo tipo de fricci¨®n con el actual Gobierno vasco. De hecho, se cita como ejemplo la presencia de Larrea ¡ªexconsejero de Hacienda con el lehendakari Ardanza en los tripartitos con EA y EE, primero, y en el de coalici¨®n con el PSE-EE, despu¨¦s¡ª en el equipo de asesores econ¨®micos que Patxi L¨®pez nombr¨® a mediados de legislatura. No obstante, en el ¨¢mbito econ¨®mico vasco se reconoce una ¡°indudable mayor penetraci¨®n¡± de la empresa Indra en el negocio del Pa¨ªs Vasco desde que los socialistas, con quienes se les vincula, llegaron al poder.
Quiz¨¢ para alentar estas especulaciones sobre un cierto favoritismo del actual Gobierno vasco entre dos empresas que son rivales a pesar de formar UTE en base a sus intereses puntuales, hay quien recuerda la visita de L¨®pez, en febrero de 2009, a las instalaciones de Indra en Barakaldo, en plena campa?a de las auton¨®micas, junto a Jos¨¦ Antonio Pastor y Mikel Torres, donde el entonces candidato socialista ensalz¨® a esta empresa como un referente en el sector. Sin embargo, Iberm¨¢tica ha seguido disfrutando de varias adjudicaciones p¨²blicas. Desde el Gobierno no han podido precisar su facturaci¨®n anual a Iberm¨¢tica, aunque podr¨ªa superar los 3 millones.
En las sucesivas reuniones mantenidas para alcanzar la liquidaci¨®n se establecieron dos niveles diferentes, uno de ellos dedicado al ¨¢mbito t¨¦cnico y otro, al administrativo. Ana Molina era el nexo de uni¨®n por parte del Gobierno vasco, adem¨¢s de personal de Justicia y de las propias empresas, aunque nunca participaron ¡°niveles ejecutivos altos¡±. Precisamente Molina, ya entonces sustituta de Inmaculada de Miguel como responsable de la contrataci¨®n desde su cargo de directora de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, es una de las personas a quienes los viceconsejeros F¨ªnez y Victoria Cinto hicieron part¨ªcipe del inicio de la investigaci¨®n interna. A su vez, Cinto tambi¨¦n comunic¨® a De Miguel las sospechas sobre algunas de sus actuaciones.
Esta evaluaci¨®n respondi¨® al deseo de los nuevos gestores de Justicia, entonces encabezados por el viceconsejero Txema F¨ªnez, de inventariar el proceso de modernizaci¨®n de los sistemas inform¨¢ticos de este departamento, un ambicioso plan considerado como bandera de la capacidad de gesti¨®n. Eso s¨ª, hasta entonces ¡°jam¨¢s¡± se hab¨ªa realizado una regularizaci¨®n semejante a pesar de las numerosas adjudicaciones de proyectos que se fueron sucediendo.
En paralelo, el equipo de Idoia Mendia empez¨® a detectar irregularidades en los sistemas de contrataci¨®n que se ven¨ªan aplicando en el ¨¢rea de los servicios inform¨¢ticos. Al parecer, el departamento nunca se dirigi¨® a las empresas ¡ªhabitualmente siempre Iberm¨¢tica e Indra en los principales proyectos¡ª para requerirles informaci¨®n sobre estas adjudicaciones. De hecho, en medios pr¨®ximos a las empresas se?aladas ahora con el dedo tras detectar Justicia supuestas irregularidades por valor de 23 millones de euros, se sostiene que ¡°todo lo hecho tiene el visto bueno del Gobierno vasco¡±.
¡°Todo lo hecho tiene el visto bueno del Gobierno¡±, dice uno de los directivos
As¨ª las cosas, la investigaci¨®n alcanza al propio departamento de Justicia, donde algunos responsables de ¨¢rea y otros funcionarios podr¨ªan verse salpicados por este proceso. ¡°Estar¨ªa en cuesti¨®n qu¨¦ tipo de contrataci¨®n hac¨ªan algunas personas durante el Gobierno de Ibarretxe y sobre todo cu¨¢les eran los controles¡±, admite una persona relacionada con esta denuncia. Este diario ya adelant¨® ayer que entre la documentaci¨®n entregada a la fiscal¨ªa superior del Pa¨ªs Vasco se encuentran algunas prebendas sin justificaci¨®n concedidas a personas que todav¨ªa siguen trabajando en Justicia.
Mientras, tras sus primeras manifestaciones exculpatorias, Iberm¨¢tica e Indra est¨¢n, ahora en silencio, a la espera de las primeras actuaciones judiciales, conscientes de que no pueden defenderse ni aportar documentaci¨®n alguna para rebatir p¨²blicamente las supuestas irregularidades que se les imputan. Eso s¨ª, algunos trabajadores de Iberm¨¢tica reconocieron el pasado viernes que ¡°se est¨¢ recopilando toda la informaci¨®n de que se dispone¡± en esta empresa ante la posibilidad de que se abra un proceso judicial o, incluso, una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento. Hasta ahora, no se les ha requerido por parte del Gobierno vasco mientras Justicia realizaba la investigaci¨®n.
Las dos empresas aludidas empiezan a recopilar datos sobre adjudicaciones
En las dos empresas reunidas en la UTE, y directamente aludidas en la denuncia desvelada el pasado martes, existe ¡°plena satisfacci¨®n¡± por los trabajos acometidos en el plan de modernizaci¨®n de los servicios de Justicia, seg¨²n admite uno de sus directivos. Adem¨¢s, el acierto de sus aplicaciones fue reconocida por la propia viceconsejera Cinto durante su entrevista en una revista especializada en la que detalla cada uno de los pasos que se hab¨ªan conseguido y cu¨¢l hab¨ªa sido el trabajo realizado.
De hecho, ambas firmas mantienen vigentes m¨¢s de un contrato con el Gobierno vasco, incluso en Justicia. La adjudicaci¨®n a la UTE Iberm¨¢tica-Indra de la operatividad inform¨¢tica de este departamento permite disponer a estas empresas, parad¨®jicamente, de todo el control de los ordenadores en los que se puede ir depositando la investigaci¨®n de que vienen siendo objeto.
Precisamente la posterior adjudicaci¨®n a estas dos firmas de nuevos proyectos inform¨¢ticos en Justicia cuando ya hab¨ªa avanzado la investigaci¨®n de F¨ªnez, y que l¨®gicamente podr¨ªa entenderse como una muestra de confianza, alimenta, de paso, las dudas sobre su posible implicaci¨®n directa en la denuncia desvelada por Justicia, ya descartada por ambas.
A su vez, la propia cifra de 23 millones como montante global de las irregularidades detectadas en un per¨ªodo de 10 a?os por supuestas connivencias entre el personal responsable de Justicia y las adjudicatarias tampoco se antoja determinante en empresas de un volumen de negocio como el de Iberm¨¢tica, cuya facturaci¨®n en el pasado ejercicio rond¨®s los 245 millones. Por otra parte, la dispar adscripci¨®n ideol¨®gica que se presupone a cada una de las dos firmas ¡ªIberm¨¢tica (PNV), Indra (PSOE)¡ª hace muy dif¨ªcil su relaci¨®n con un supuesto caso de financiaci¨®n de partidos, teniendo como referencia que el departamento en los a?os investigados estaba en manos de EA. No obstante, el perjuicio econ¨®mico resultante que se denuncia podr¨ªa ser, finalmente, inferior a los 23 millones en teor¨ªa ¡°desviados¡± en los 15 proyectos investigados ya que habr¨ªa que descontar los trabajos acometidos.
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