El Gobierno pag¨® un ¡°significativo¡± sobrecoste al duplicarse los sistemas

Las supuestas irregularidades destapadas por el Gobierno en el proceso de informatizaci¨®n judicial entre 2000 y 2009 causaron a las arcas p¨²blicas un sobrecoste a¨²n sin cuantificar, pero ¡°significativo¡±, seg¨²n el informe elevado por Justicia al fiscal, al obligar a la coexistencia de dos sistemas distintos de gesti¨®n procesal, as¨ª como a simultanear dos aplicaciones inform¨¢ticas. Este es uno de los perjuicios m¨¢s rese?ables que constan en la informaci¨®n remitida a la fiscal¨ªa sobre los contratos supuestamente irregulares.

El fiscal superior, Juan Calparsoro, decidi¨® ayer remitir a la fiscal¨ªa de ?lava, cuyo titular es Josu Izaguirre, todas las diligencias para que decida ¡°las acciones penales que sean procedentes¡±. ?lava es el lugar donde se produjeron los hechos pues all¨ª se encuentra la sede del departamento.

El citado perjuicio se produjo al estar inacabados trabajos que, en cambio, hab¨ªan sido pagados en su integridad, afirma el documento. Ni siquiera en los casos en que las tareas contratadas se completaron, aun despu¨¦s de pagadas y fuera de plazo, se pueden considerar cumplidos realmente los contratos, porque ¡°registraban un n¨²mero de incidencias anormalmente elevado¡±.

Calparsoro decide remitir todas las diligencias del caso a la fiscal¨ªa alavesa

Dichas incidencias ven¨ªan dadas por los ¡°defectos generalizados de construcci¨®n del aplicativo inform¨¢tico¡± que gestionaron principalmente Iberm¨¢tica ¡ªen solitario en unos casos y junto a Seintex y Azertia, dos firmas absorbidas por Indra, en otros¡ª y la propia Indra. Por parte de la Administraci¨®n, el proceso lo gestionaron la directora de Relaciones con la Justicia desde 1995, Inmaculada de Miguel, y la jefa del servicio de Inform¨¢tica Judicial, Ana Molina.

Ese an¨¢lisis sobre la calidad del trabajo prestado consta en informes de 2009 firmados por la nueva responsable del servicio de Inform¨¢tica Judicial. Est¨¢ incluida, en concreto, en el expediente n¨²mero 2, por el que se adjudic¨® en noviembre de 2001, por 570.000 euros, la primera fase del sistema de gesti¨®n procesal en los ¨®rganos jurisdiccionales, conocido como JustiziaBat. Los trabajos de este deb¨ªan concluir dos a?os despu¨¦s; sin embargo, hasta octubre de 2006, no se produce la implantaci¨®n en un solo juzgado.

¡°No se explica¡±, dice el documento que firma la actual viceconsejera de Justicia, Mar¨ªa Victoria Cinto, por qu¨¦ De Miguel dio el visto a la entrega y pago de los trabajos y la devoluci¨®n de los avales depositados en garant¨ªa. Adem¨¢s, abon¨® otras dos facturas por 12.000 euros cada una a Iberm¨¢tica, y una de 12.000 para la actual Indra por conceptos ya incluidos en los contratos. Esta ¨²ltima pagaba algo que no existe ni siquiera hoy: la implementaci¨®n de JustiziaBat en la jurisdicci¨®n de Menores. Ni uno solo de esos juzgados cuenta a¨²n con ese sistema.

El expediente n¨²mero 1 detalla c¨®mo la actual Seintex, ahora Indra, cobr¨® 20 millones de pesetas, e Iberm¨¢tica 10, casi un a?o antes de la fecha de la fecha de entrega de otro encargo. M¨¢s a¨²n, cobraron antes de la fecha se?alada para iniciar el trabajo y empezaron este antes incluso de adjudicarse los dos lotes. Parad¨®jicamente, es despu¨¦s de ese comienzo cuando se realiza un estudio de viabilidad.

En ese mismo caso se descubren tambi¨¦n ¡°irregularidades en el precio por hora¡± y en el n¨²mero de horas ¡°te¨®ricamente¡± trabajadas, que resultar¨ªa ¡°a todas luces imposible¡±. Indra e Iberm¨¢tica reconocieron por escrito que no entregaron el trabajo completado, pero s¨ª cobraron en su integridad los contratos: 80 millones de pesetas Indra y 40 Iberm¨¢tica. El contrato es de 2000. Otro trabajo abonado en 2003 ¡ª 180.000 euros por incorporar el servicio de justicia juvenil a JustiziaBat¡ª est¨¢ por hacer.

En un tercer expediente, el Gobierno duda que se pudiera realizar un trabajo en solo los 29 d¨ªas que median entre la firma del contrato ¡ªel 2 de diciembre de 2004¡ª y su cobro el 31 siguiente. La empresa deb¨ªa saber de antemano que le iba a ser concedido, es la sospecha. Como se?ala Justicia en sus conclusiones, resulta llamativo el escaso ¡ª¡°a veces escas¨ªsimo¡±¡ª plazo para ejecutar los trabajos contratados, ¡°lo que permite suponer, en unos casos, que la empresa sab¨ªa de antemano que iba a ser la adjudicataria¡± y, en otros, que los contratantes no ten¨ªan ¡°intenci¨®n de realizar lo convenido¡±.

Tampoco acepta la necesidad de otros 900.000 euros satiosfechos ese mismo a?o para mejorar JustiziaBat, puesto que el sistema no estaba en ninguna parte. Tambi¨¦n hay reconocimiento escrito de las empresas. La misma duda sobre el plazo pesa en otros de los casos analizados. Sobre un contrato de 686.320 euros, el Gobierno calcula que, a un precio te¨®rico de 60 euros la hora, debieron trabajar 70 personas a tiempo completo durante el mes que medi¨® entre la adjudicaci¨®n y el cobro.

En el caso referido a la compra de un gestor de contenidos, el informe ve la prueba de que no hab¨ªa intenci¨®n de cumplir el contrato en el hecho de que las licencias no se compraran hasta un a?o despu¨¦s.