El Tribunal Vasco de Cuentas avala las acusaciones de Bildu a la gesti¨®n del PNV

El Tribunal de Cuentas P¨²blicas del Pa¨ªs Vasco ha puesto negro sobre blanco lo que hace un mes destap¨® el Gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa, esto es, la existencia de elevados sobrecostes en la construcci¨®n de carreteras cuando la Diputaci¨®n estaba gobernada por el PNV y Hamaikabat. El organismo auditor ha concluido, en un informe difundido ayer, que la instituci¨®n foral incurri¨® en incrementos presupuestarios en un total de cinco contratos de obra de 2009 y en otro aprobado por Bidegi que, seg¨²n el tribunal, ¡°transgreden la normativa de contrataci¨®n administrativa¡±.

Las desviaciones econ¨®micas que censura el Tribunal de Cuentas se refieren a las obras de la autopista AP-1 (Eibar-Vitoria), contratada por la sociedad p¨²blica Bidegi, y de varios tramos de la Autov¨ªa del Urumea (Andoain-San Sebasti¨¢n) y la carretera Zegama-Segura, estos gestionados directamente por la Diputaci¨®n y que se encarecieron hasta un 53% sobre el precio adjudicado. El informe hace constar que la cuant¨ªa de los incrementos ¡°desnaturaliza tanto el objeto contractual como el volumen econ¨®mico del contrato¡±.

11 municipios pedir¨¢n un cr¨¦dito para devolver su deuda a Hacienda

Las conclusiones del tribunal dieron ayer alas a los responsables de Bildu en la Diputaci¨®n, al considerar que el informe fiscalizador respalda las cr¨ªticas que la diputada de Infraestructuras Viarias y portavoz foral, Larraitz Ugarte, verti¨® contra la ¡°muy mala gesti¨®n¡± del PNV. Ugarte denunci¨® que el Ejecutivo presidido por Markel Olano permiti¨® desfases presupuestarios que sumaban 282 millones en la ejecuci¨®n de carreteras.

El Tribunal de Cuentas viene ahora a amonestar la actuaci¨®n del anterior Ejecutivo foral, que siempre ha insistido en que todo estuvo ajustado a la legalidad. La auditor¨ªa p¨²blica concluye que el tramo Eskoriatza-Mondrag¨®n de la AP-1, adjudicado por Bidegi en 106,6 millones, acab¨® encareci¨¦ndose un 52%. La liquidaci¨®n de esta autopista, que corresponde a junio de 2011, sufri¨® un incremento ¡°adicional¡± del 22%, seg¨²n cita el tribunal.

Respecto a las obras contratadas por la Diputaci¨®n, la auditor¨ªa se centra en los desfases hallados en tres tramos de la Autov¨ªa del Urumea, que oscilaron entre el 32% y el 53% del coste adjudicado. El tribunal indica que estos incrementos responden a la ¡°aprobaci¨®n de modificados y adjudicaci¨®n de obras complementarias¡±.

En las alegaciones presentadas por la Diputaci¨®n, asegura que las variaciones contractuales que dieron lugar a las desviaciones se aprobaron respetando la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que admite esta pr¨¢ctica cuando responde a ¡°necesidades de inter¨¦s p¨²blico¡±, est¨¢n ¡°justificadas debidamente¡± y ¡°no afectan a las condiciones esenciales del contrato¡±. La anterior Diputaci¨®n discrepa del criterio de que el objeto del contrato qued¨® desnaturalizado alegando que se ejecutaron las carreteras previstas.

El Tribunal de Cuentas tambi¨¦n censura la concesi¨®n de subvenciones directas por 7,5 millones en total sin respetar el principio de publicidad y concurrencia. Asimismo, afea la decisi¨®n de ¡°fraccionar contratos¡± para poder adjudicar directamente y sin concurso diversos servicios, entre los que figuran lo 42.000 euros que se pagaron por el asesoramiento de Gipuzkoa Aurrera.

Por otro lado, los Ayuntamientos de Gipuzkoa llegaron ayer a un acuerdo con la Diputaci¨®n para pagar en cuatro partes iguales a lo largo de 2012 la devoluci¨®n del Fondo Foral de Financiaci¨®n Municipal, como pretend¨ªan los alcaldes de varios municipios. La diputada de Hacienda, Helena Franco, precis¨® que 72 consistorios se han comprometido a abonar la deuda sin acudir a pr¨¦stamos. Solo 11, los que atraviesan una situaci¨®n m¨¢s delicada, reconocieron que necesitar¨¢n un cr¨¦dito para hacer frente a sus obligaciones con la instituci¨®n foral. A falta de que se pronuncien cinco municipios, Franco asegur¨® que ¨²nicamente ser¨¢ necesario recurrir a los bancos para financiar unos cinco millones de euros, lo que representa el 10% de la deuda total (49,7 millones) de los Ayuntamientos con la Hacienda foral.