Calparsoro asume en persona el caso para evitar cualquier tipo de sospecha

El fiscal superior del Pa¨ªs Vasco, Juan Calparsoro, asumir¨¢ al final personalmente las diligencias de investigaci¨®n de la denuncia sobre las supuestas irregularidades constatadas por Justicia en varios contratos de informatizaci¨®n de la Administraci¨®n judicial entre 2000 y 2009. As¨ª lo decidi¨® ayer el m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico en Euskadi, tras atender la petici¨®n de abstenerse en la causa realizada por el fiscal jefe de ?lava, Josu Izaguirre, a quien Calparsoro remiti¨® el pasado martes el expediente instruido por el Gobierno. La decisi¨®n eleva el rango investigaci¨®n, aunque haya llegado de forma indirecta.

Izaguirre solicit¨® anteayer su abstenci¨®n del caso tras las cr¨ªticas por su posible falta de imparcialidad que le hab¨ªa lanzado el exconsejero de Justicia Joseba Azkarraga, bajo cuyo mandato se registraron buena parte de las supuestas irregularidades, que el Ejecutivo cifra ahora en 23 millones de euros.

El fiscal superior

A trav¨¦s de un decreto, Calparsoro respondi¨® con celeridad ayer mismo a la petici¨®n. El fiscal superior considera ¡°totalmente injustificadas¡± las sospechas sobre ¡°cualquier atisbo de animadversi¨®n por razones ideol¨®gicas o pol¨ªticas¡± de Izaguirre hacia personas que ¡°han tenido importantes responsabilidades en el Gobierno¡±. Sin embargo, Calparsoro resuelve asumir la investigaci¨®n ¡°para evitar cualquier atisbo o sospecha de falta de imparcialidad¡±.

La pol¨¦mica surge de unas declaraciones de Azkarraga en una entrevista radiof¨®nica. El exconsejero record¨® que en 2008 el fiscal jefe de ?lava, junto con el resto de representantes del Ministerio P¨²blico en Euskadi, recurri¨® sin ¨¦xito el decreto por el que el Gobierno les retiraba las viviendas oficiales de la que hasta ese momento disfrutaban los principales cargos de la judicatura y la fiscal¨ªa en Euskadi. La decisi¨®n se sald¨® con una agria pol¨¦mica entre ambas partes.

Calparsoro, quien asign¨® el caso a Izaguirre por ubicarse en ?lava la sede del Gobierno, dej¨® claro ayer que no concurre causa de abstenci¨®n, ya que la ley establece como tal mantener pendiente un pleito con alguna de las partes y no es el caso. Adem¨¢s, recalca en su argumentaci¨®n que el recurso de 2008 se present¨® contra una decisi¨®n del Ejecutivo y no contra quienes ten¨ªan entonces cargos en Justicia. A¨²n as¨ª, reconoce que en las supuestas irregularidades s¨ª est¨¢n implicadas personas que tuvieron responsabilidades en el departamento en aquella etapa, por lo que se ha decantado por apartar finalmente a Izaguirre para despejar cualquier sospecha.

En virtud de los principios de unidad de actuaci¨®n y dependencia jer¨¢rquica, Calparsoro sume el caso para ¡°tramitar y despachar personalmente¡± la investigaci¨®n, pese a que no es un trabajo que corresponda a su cargo. No obstante, se reserva la posibilidad, en funci¨®n de c¨®mo avancen las diligencias, de designar a otro fiscal territorial para continuar con la tramitaci¨®n, aunque siempre bajo su supervisi¨®n.

Tres son los frentes que se abren a partir de ahora. Calparsoro tendr¨¢ que evaluar si cabe abrir diligencias previas antes de judicializar el caso, si lo remite a un juzgado de Vitoria o si procede su archivo. Esta ¨²ltima opci¨®n parece la menos probable, ya que el propio fiscal superior abog¨® el martes por investigar las supuestas irregularidades y conocer las explicaciones de sus responsables. Argument¨® p¨²blicamente entonces que se trata de ¡°un tema serio¡± y la documentaci¨®n aportada por el actual Gobierno es ¡°completa¡± y est¨¢ ¡°bien elaborada¡±. Su decisi¨®n, en cualquiera de los supuestos, llegar¨¢ previsiblemente a lo largo de la pr¨®xima semana.

M¨¢s all¨¢ de lo que decida Calparsoro, fuentes judiciales consideraban ayer ¡°honesta¡± la petici¨®n de Izaguirre, al querer apartarse voluntariamente del caso tras las cr¨ªticas de Azkarraga. La informaci¨®n recopilada por el Gobierno no achaca al exconsejero, de EA, ninguna responsabilidad directa. El Ejecutivo descart¨® ayer hace cualquier pronunciamiento sobre la decisi¨®n del fiscal superior.