Los recursos contra el juez del ¡®caso Bego?a G¨®mez¡¯: ¡°Es il¨®gico, arbitrario, injusto, infundado e inconstitucional¡±

El juez Juan Carlos Peinado investiga desde hace siete meses a Bego?a G¨®mez, esposa del presidente del Gobierno, por los supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias, corrupci¨®n de los negocios, apropiaci¨®n indebida e intrusismo profesional. El instructor Peinado orden¨® a finales de agosto un registro en el domicilio particular y en las sedes de las sociedades de Juan Carlos Barrab¨¦s, qui¨¦n imparti¨® dos clases en un master codirigido por Bego?a G¨®mez en la Universidad Complutense. Este empresario gan¨® varios concursos p¨²blicos de la entidad estatal Red.es tras presentar ofertas en las que incluy¨® 34 cartas de apoyo de instituciones y firmas tecnol¨®gicas, entre ellas una firmada por G¨®mez como codirectora de una c¨¢tedra de la Universidad Complutense.

El juez Peinado pidi¨® al comenzar su investigaci¨®n que la Guardia Civil analizase todos los contratos logrados por Barrab¨¦s, algunos de ellos adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, en b¨²squeda de indicios de los delitos de tr¨¢fico de influencias y corrupci¨®n en los negocios que investiga. Pero la UCO de la Guardia Civil respondi¨® con dos informes concluyentes: no hab¨ªa irregularidades en los concursos adjudicados a las empresas de Barrab¨¦s.

Pese a ello, el juez imput¨® al empresario Barrab¨¦s y orden¨® un registro masivo en sus empresas, su domicilio y la habitaci¨®n del hospital donde se encontraba. Esa orden judicial ha sido recurrida a la Audiencia Provincial por el abogado del empresario y tambi¨¦n por el fiscal San Baldomero, encargado de esta causa. Ambos califican el trabajo del juez Peinado como ¡°il¨®gico, arbitrario, injusto, infundado e inconstitucional¡± y piden la nulidad del auto que ordena el registro a Barrab¨¦s.

El abogado de Barrab¨¦s recuerda en su recurso la jurisprudencia constitucional sobre una medida ¨Dla entrada y registro¨D que supone limitar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio: ¡°El juez debe motivar suficientemente su decisi¨®n con indicios que no pueden ser meras sospechas o hip¨®tesis subjetivas, sino que la sospecha debe estar apoyada en datos concretos y objetivos¡±. Y considera que los indicios o sospechas que el juez Peinado cita en su auto para ordenar el registro son en realidad un ¡°juicio de inferencia il¨®gico y arbitrario¡±. ¡°El juez llega a citar como aval de la entrada y registro [en el domicilio y las sedes societarias de Barrab¨¦s] los informes de la UCO en los que se concluye no haber encontrado irregularidad alguna en la conducta de Barrab¨¦s y sus empresas¡±, argumenta el abogado.

En su recurso, el abogado de Barrab¨¦s denuncia las supuestas irregularidades del registro sufrido por su cliente.

Registro en el hospital. ¡°Lo que es realmente asombroso por falta de consideraci¨®n y humanidad que ello comporta, es que la Guardia Civil tambi¨¦n acudi¨® al hospital donde permanece ingresado el se?or Barrab¨¦s para incautarle los dispositivos electr¨®nicos y que se practicara dej¨¢ndole sin ninguna posibilidad de comunicaci¨®n con el exterior (recordemos que en estos momentos est¨¢ en una habitaci¨®n de aislamiento por su situaci¨®n m¨¦dica)¡±, se?ala el abogado.

Tres d¨ªas clonando datos de personas que no est¨¢n investigadas. El registro en las empresas de Barrab¨¦s dur¨® tres d¨ªas debido a la ¡°manifiesta inconcreci¨®n del auto en torno a qu¨¦ deb¨ªa ser objeto de registro. (...) Como no pod¨ªa ser de otra manera, se procedi¨® al clonado de ingente informaci¨®n, sin filtro alguno, tuviera o no relaci¨®n con la causa. La fuerza actuante incaut¨® los correos electr¨®nicos de Barrab¨¦s y de otras cinco personas que no ostentaban la condici¨®n de investigados y sin habilitaci¨®n de clase alguna para hacerlo. Grav¨ªsima vulneraci¨®n del derecho a la intimidad y a la protecci¨®n de datos de personas que no est¨¢n investigadas¡±, argumenta el abogado.

Revisi¨®n a hijos menores de edad. ¡°Incluso se lleg¨® a revisar los dispositivos de los hijos de Barrab¨¦s, todos ellos menores de edad, as¨ª como el de su esposa. Desconocemos las razones que pudieran existir para ello. Hicimos constar en el acta de la diligencia la firme protesta por la grav¨ªsima vulneraci¨®n de derechos y el atropello con el que se estaba llevando a cabo la actuaci¨®n ordenada por el juzgado¡±.

Vulneraci¨®n de la Constituci¨®n. El fiscal Jos¨¦ Manuel San Baldomero se adhiri¨® al recurso de apelaci¨®n del abogado de Barrab¨¦s: ¡°Ni existen indicios para justificar el registro, ni se detallan en modo alguno; no se realiza una argumentaci¨®n en relaci¨®n a la proporcionalidad de la medida y tampoco respecto a su necesidad e idoneidad¡±, escribe el fiscal. San Baldomero considera que la orden judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el art¨ªculo 120 de la Constituci¨®n sobre la motivaci¨®n de las resoluciones judiciales y el art¨ªculo 18 sobre la invulnerabilidad del domicilio. El juez ¡°recurre a expresiones alarmantes, agravadas y autosuficientes a lo largo del auto, que pretenden justificar la resoluci¨®n¡±, escribe el fiscal. ¡°Pero ello no impide ver lo evidente, que no es otra cosa que la ausencia de argumentaci¨®n real que ligue los hechos indiciarios, la calificaci¨®n jur¨ªdica en cuestiones y la finalidad y expectativas perseguidas con la medida acordada¡±.