El decreto de ¡°excesos policiales¡± abre una v¨ªa a indemnizar a terroristas

¡°Poner pie en pared al olvido y la amnesia¡± respecto de los derechos de varias decenas de v¨ªctimas de excesos policiales o parapoliciales o de los ¨²ltimos latigazos de la legalidad franquista y las deficiencias de la Transici¨®n, es, en expresi¨®n de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, el objetivo del primer decreto destinado a ellas. Se trata, en su inmensa mayor¨ªa, de personas sin relaci¨®n alguna con el terrorismo. En buena parte, los excesos policiales se produjeron en controles, manifestaciones reprimidas de manera desproporcionada o en acciones descontroladas de agentes de la ley o personas que contaban con su amparo.

El texto legal, que abarca de 1968 a 1978 ¡ªaunque podr¨ªa retroceder hasta 1960, como hizo la Ley de V¨ªctimas para incluir el asesinato de la ni?a Bego?a Urroz¡ª, excluye con rotundidad a los terroristas muertos o heridos en el ejercicio de su actividad violenta, pero s¨ª abarcar¨¢ a otros que, pese a su condici¨®n de miembros de ETA, padecieron situaciones de injusticia.

Excluye a muertos o heridos en enfrentamientos o al preparar atentados

Por ejemplo, se podr¨¢n acoger a ¨¦l los familiares de los dos ¨²ltimos etarras condenados a muerte por el franquismo, Juan Paredes Manot, Txiki (ETAp-m) y Jos¨¦ ?ngel Otaegui (ETAm), fusilados el 27 de septiembre de 1975, apenas siete semanas antes de la muerte de Franco, junto a tres miembros del FRAP. De no haber sido ejecutados, Paredes y Otaegui habr¨ªan sido amnistiados, como el resto de etarras encarcelados en la ¨¦poca.

El art¨ªculo 6 del decreto presentado ayer marca el alcance de la definici¨®n de ¡°sufrimiento injusto¡±: ¡°Podr¨¢n ser considerados sufrimientos injustos, susceptibles de ser reparados, aquellos que resulten acreditados, aunque en su momento las conductas de las v¨ªctimas fueran objeto de enjuiciamiento, si este vulnera el derecho a la vida reconocido en la Constituci¨®n¡±. La pena de muerte franquista entrar¨ªa de lleno en este apartado, fueran cuales fueran los delitos por los que se aplic¨® a ambos miembros de la organizaci¨®n terrorista.

El texto abarca de

Otro apartado otorga el mismo merecimiento a quienes en su d¨ªa pudieron ver sus reclamaciones rechazadas por sentencias absolutorias a los agresores o el sobreseimiento de los casos por tribunales franquistas preconstitucionales.

El decreto, elaborado por la exjuez Manuela Carmena, quien acompa?¨® a Mendia en la presentaci¨®n, as¨ª como la directora de Derechos Humanos, In¨¦s Ib¨¢?ez de Maeztu, incluye un baremo de indemnizaciones de entre 35.000 y 390.000 euros.

El decreto es ¡°corto y sencillo¡± (23 art¨ªculos) y tiene pretensi¨®n de ser ¡°un instrumento ¨²til¡±, seg¨²n Carmena.

La consejera de Justicia dijo expresamente que quer¨ªa ¡°tranquilizar a las v¨ªctimas del terrorismo¡± y asegur¨® que el decreto es incompatible con ¡°la teor¨ªa del conflicto¡± de dos violencias iguales y enfrentadas que defienden ETA y la izquierda abertzale. Se trata, eso s¨ª, de ¡°descorrer la cortina de silencio¡± respecto de estas v¨ªctimas.

El Gobierno trabaja ya en un segundo decreto, que abarcar¨¢ las conculcaciones de derechos humanos desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, y que ofrecer¨¢ bastantes m¨¢s dificultades que el presentado ayer. Lo prioritario ahora es ¡°asentar este¡±, dijo Mendia. La tarea de hablar con todas las v¨ªctimas para despu¨¦s evaluar y dictaminar si se ajustan a lo establecido en el decreto ser¨¢ ¡°ingente¡±, predijo.

El texto se halla en fase de alegaciones y la consejera asegur¨® que antes de su presentaci¨®n p¨²blica de ayer ha sido explicado en detalle al PP como socio del Gobierno. No se extendi¨® en consideraciones sobre la posici¨®n de este partido, que no participa en la ponencia parlamentaria sobre estas v¨ªctimas y se limit¨® a recordar que el PP s¨ª aval¨® en su d¨ªa la resoluci¨®n del Parlamento que mandat¨® al Gobierno para elaborar estos decretos.