La Agencia Catalana del Agua ultima el despido de un centenar de empleados

La Agencia Catalana del Agua (ACA) prepara un expediente de regulaci¨®n de empleo que afectar¨¢ a entre 75 y 115 trabajadores (entre el 12% y el 18% de sus 640 empleados). As¨ª lo ha comunicado el director del organismo, Leonard Carcol¨¦, al presidente del comit¨¦ de empresa, Alfons Barcel¨® (Catac). Carcol¨¦ ni confirma ni desmiente la cifra. ¡°El tema sigue su curso¡±, responde por boca de un portavoz. La empresa p¨²blica arrastra una deuda de 1.250 millones, por los que solo en intereses paga unos 150.000 euros al d¨ªa, seg¨²n su propio director.

El ERE del ACA es un secreto a voces desde hace tiempo y la flamante reforma laboral, que facilita los despidos en empresas p¨²blicas, pondr¨¢ su tramitaci¨®n en bandeja. Hasta ahora, las empresas de la Generalitat solo han presentado un ERE, el de la Agencia Catalana de Cooperaci¨®n. Pero han llevado a cabo un goteo de despidos en otras empresas como el Incas¨°l, el Instituto Cartogr¨¢fico y la Agencia de la Vivienda. Despidos, todos ellos, declarados improcedentes (o nulos en el caso del Incas¨°l).

No obstante, la reforma laboral aprobada por decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy cambia completamente el escenario, porque abre la puerta al despido de empleados p¨²blicos por raz¨®n de ¡°insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente¡± tras tres trimestres consecutivos. Nada que no cumplan en el actual contexto buena parte de las empresas p¨²blicas.

Los 640 empleados del ACA son laborales y est¨¢n repartidos por toda Catalu?a

El comit¨¦ de la Agencia Catalana del Agua est¨¢ pendiente de dos fechas clave: el pr¨®ximo martes d¨ªa 28 la consultora Deloite debe entregar un informe de racionalizaci¨®n de costes y, dos d¨ªas despu¨¦s, el jueves 1 de marzo, el organismo celebra consejo de administraci¨®n. Tan inminente ven la presentaci¨®n del ERE que el comit¨¦ de empresa se reuni¨® ayer para comenzar a preparar la estrategia que seguir cuando la direcci¨®n les comunique la noticia. Por ahora, sin embargo, solo han conseguido aclarar el porcentaje de plantilla afectada. Ante la falta de m¨¢s informaci¨®n, han presentado una denuncia a Inspecci¨®n de Trabajo, explica Barcel¨®.

Como consecuencia de su delicada situaci¨®n financiera, la direcci¨®n del ACA quiere reducir al m¨¢ximo sus gastos y restringir su actividad exclusivamente a las competencias que tiene fijadas por ley.

Tras pasar el rastrillo el a?o pasado, la empresa p¨²blica logr¨® un ahorro de 70 millones, explic¨® la direcci¨®n a los sindicatos. ¡°Nosotros defendemos que el ERE no tiene lugar, porque muchas tareas que en los a?os de bonanza se han externalizado las hemos vuelto a asumir¡±, explica el presidente del comit¨¦.

Los 640 empleados del ACA tienen contrato laboral y son desde personal de administraci¨®n hasta ingenieros, qu¨ªmicos, bi¨®logos o abogados. La plantilla, adem¨¢s, est¨¢ muy repartida territorialmente: hay dos sedes en Barcelona, las de Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, y personal en los embalses de Boadella (Alt Empord¨¤), Siurana (Priorat), Sau (Osona) y La Baells (Bergued¨¤).

Despedir en el sector p¨²blico ¡°es el precio que el Gobierno del PP ha pagado por el apoyo de CiU a los presupuestos¡±

Los abogados que han ganado algunas de las sentencias que declaran improcedentes o nulos los despidos del a?o pasado en otras empresas de la Generalitat admiten que la reforma laboral cambia por completo el escenario. ¡°Estamos asustados¡±, dicen. Jaume Garc¨ªa, que defendi¨® a varios empleados de Forestal Catalana, considera que la reforma laboral ¡°abre una puerta demasiado f¨¢cil para que las Administraciones tengan carta blanca para despedir¡±. Llegado el d¨ªa ¡ªy dando por sentado que llegar¨¢¡ª asegura que cuestionar¨¢n el t¨¦rmino ¡°sobrevenida¡± del que habla la reforma. ¡°Sobrevenida significa que no est¨¢ prevista y que llega de fuera¡±, explica. ?Lo ser¨ªa la rebaja del presupuesto a causa de una ca¨ªda del PIB, como ocurri¨® la semana pasada? ¡°No, porque no llega de fuera¡±, asegura.

Vicente Cantos, uno de los letrados que gan¨® el caso de los despidos nulos del Incas¨°l, sostiene que la posibilidad de despedir en el sector p¨²blico ¡°es el precio que el Gobierno del PP ha pagado por el apoyo de CiU a los presupuestos¡±. ¡°Est¨¢ al final del decreto, en una disposici¨®n adicional; es un a?adido introducido a petici¨®n de la Generalitat¡±, sostiene. Antes del verano, el Gobierno catal¨¢n admiti¨® que sus empresas p¨²blicas, que suman 16.000 empleados, presentar¨¢n ERE para un total de 1.475 personas.