Anticorrupci¨®n pide que se cite a declarar al director de Trabajo de la Junta

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido este viernes al Juzgado de Instrucci¨®n n? 6 de Sevilla, que investiga el llamado caso ERE, que cite a declarar a todos los imputados por los pagos efectuados a las empresas o trabajadores de Calderinox, Acyco, Surcolor (incluyendo Surcolor ?ptica), Aglomerados Morell y Restaurante R¨ªo Grande. Esta petici¨®n implicar¨ªa al actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, imputado por la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya el pasado 27 de enero. Adem¨¢s la fiscal¨ªa reclama documentaci¨®n a los despachos de abogados Garrigues y Villas¨ªs, as¨ª como un informe fiscal.

La magistrada imput¨® a Rivera el pasado 27 de enero y a su antecesor, Juan M¨¢rquez. Alaya les acusa de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compa?¨ªa). ¡°Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboraci¨®n¡±, se?al¨® en un auto.

Anticorrupci¨®n pretende, adem¨¢s, que se convoque la comparecencia sobre medidas cautelares respecto del imputado G¨®mez Rom¨®n, quien se neg¨® a declarar en sede judicial.

La fiscal¨ªa detalla que se comunique la condici¨®n de responsables civiles subsidiarios a R¨ªo Grande (a la que pide dos millones de euros de fianza), a las otras empresas imputadas, Comisiones Obreras, Despacho de Abogados Garrigues, Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs, Cenforpre (en cuyo nombre actu¨® el imputado G¨®mez Rom¨®n), Uniter, Vitalia y Asociaci¨®n 3 de Julio, formada por extrabajadores de Acyco

Despu¨¦s de que la fiscal¨ªa pidiera la investigaci¨®n de los despachos de abogados de Garrigues y Villas¨ªs, ahora considera necesario que se les requiera ¡°la justificaci¨®n documental del asesoramiento t¨¦cnico y jur¨ªdico prestado y facturado, de manera directa o indirecta¡±, a trav¨¦s de agencias p¨²blicas ligadas a la Junta de Andaluc¨ªa, empresas, trabajadores o asociaciones.

Finalmente, la fiscal¨ªa reclama un informe a la Agencia Tributaria sobre las operaciones declaradas por estos despachos de letrados rese?adas con otras sociedades.

El auto de la juez previa a la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa implica a dos de los mayores bufetes del pa¨ªs, Garrigues y Villas¨ªs, por su intervenci¨®n en todo el proceso de negociaci¨®n y tramitaci¨®n del ERE de la empresa Acyco. Alaya tambi¨¦n les acusa de ¡°obviar el procedimiento administrativo adecuado¡± y participar en la inclusi¨®n de dos intrusos y la presidenta del Consejo de Administraci¨®n, Encarnaci¨®n Poto, pese a saber que seguir¨ªa vinculada a la empresa.

De Villas¨ªs, la juez dice que son ¡°especialistas en prejubilaciones financiadas por la Junta¡±, y sospecha que favorecieron la inclusi¨®n de dos intrusos en Surcolor a trav¨¦s de su comercial Juan Lanzas.

Finalmente, la responsabilidad de Comisiones Obreras responde a que la magistrada imputa a los sindicalistas Enrique Manuel Jim¨¦nez y Juan Antonio Caravaca por colaborar para incluir un intruso en Calderinox.