Anticorrupci¨®n solicita que Rivera declare cuanto antes por los ERE

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® ayer a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que cite a declarar cuanto antes al director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, as¨ª como a otras 18 personas m¨¢s imputadas por los pagos supuestamente irregulares efectuados a cinco empresas. ¡°Con la finalidad de que la investigaci¨®n avance y vaya quedando en la medida de lo posible terminada¡±, aclara el fiscal en su escrito, que solicita la declaraci¨®n en el juzgado del primer alto cargo del actual Gobierno andaluz imputado en esta compleja causa que acumula ya 49 acusados. La juez imputa a Rivera por haber autorizado pagos para empresas que supuestamente no hab¨ªan solicitado las subvenciones cobradas.

El inter¨¦s del fiscal por ir cerrando cap¨ªtulos concretos, en vez de abrir otros frentes como es costumbre en la instrucci¨®n de Alaya, es claro. La juez ha marcado unas prioridades en la investigaci¨®n, pero ante tal volumen de diligencias, comparecencias, las 16.000 p¨¢ginas que acumula el sumario y los 200.000 folios que posee la documentaci¨®n pedida a la Junta, han aflorado las divergencias respecto al calendario y la senda de las pesquisas que lleva a cabo la Guardia Civil.

Con su escrito, el ministerio p¨²blico busca aclarar los pagos a las empresas Calderinox, Acyco, Surcolor, Aglomerados Morell y R¨ªo Grande. Adem¨¢s de la citaci¨®n de Rivera, el fiscal pide que comparezca el anterior director general de Trabajo, Juan M¨¢rquez, dos dirigentes de CC OO, tres cargos de las consultoras Vitalia y Uniter, directivos de las empresas citadas, as¨ª como cuatro letrados de los bufetes Garrigues y Estudio Jur¨ªdico Villas¨ªs.

Respecto a estos dos despachos de abogados, la fiscal¨ªa les ha pedido que detallen los trabajos realizados para la Junta, adem¨¢s de pedirles una fianza como responsables civiles subsidiarios respecto a ciertos clientes. Tras pedir que se investigara a los dos despachos, ahora considera necesario requerirles ¡°la justificaci¨®n documental del asesoramiento t¨¦cnico y jur¨ªdico prestado y facturado, de manera directa o indirecta¡±, a trav¨¦s de agencias p¨²blicas ligadas a la Junta, empresas, trabajadores o asociaciones. La fiscal¨ªa va m¨¢s all¨¢ y para hilar fino pide incluso que se requiera a la Agencia Tributaria un informe sobre las operaciones declaradas por estos despachos, rese?adas con otras sociedades. Por ¨²ltimo, el fiscal pide declarar 10 organizaciones (entre ellas dos consultoras, CC OO y una asociaci¨®n de prejubilados) como responsables civiles subsidiarios. Esto significa que la juez podr¨ªa pedirles fianzas millonarias, dada la cuant¨ªa de las cifras de los ERE en los que intervinieron las empresas.

Por otra parte, la Consejer¨ªa de Empleo ha exigido al exmilitante socialista Manuel Jim¨¦nez de Miguel los 191.000 euros que percibi¨® de forma ilegal al ser incluido como intruso en el ERE de la empresa Anovo Comlink. La p¨®liza prevista para Jim¨¦nez alcanzaba nada menos que 400.000 euros. Este intruso, por el que un sindicalista ha se?alado al diputado Ram¨®n D¨ªaz para que se le diera dicha p¨®liza, no present¨® alegaciones durante el plazo concedido por la Junta.

El expediente de Anovo incluy¨® otras cinco irregularidades, entre estas la p¨®liza del exdirector de la empresa, que cobr¨® ¡°complementos indebidos¡±, seg¨²n fuentes de Empleo. Tras haber recalculado los cobros de los prejubilados, Empleo se percat¨® de que dos personas hab¨ªan percibido menos dinero del que les correspond¨ªa, y tres de ellos cobraron 115.000 euros de m¨¢s, que ahora les ser¨¢ retra¨ªdo de sus pr¨®ximos ingresos. Mientras, el exdiputado Ram¨®n D¨ªaz insisti¨® ayer en que ¡°nunca¡± particip¨® ni colabor¨® en la inclusi¨®n de intrusos. Adem¨¢s, subray¨® que dos intrusos se desvincularon de ¨¦l pese a la acusaci¨®n previa de un consultor de los ERE.