La Generalitat crea una mesa para dar alojamiento a desahuciados

La incesante cascada de desahucios ha creado una situaci¨®n de emergencia social que el Gobierno catal¨¢n trata ahora de contener. Al instrumento de Ofideute, la oficina para mediar entre los bancos y los ciudadanos en riesgo de quedarse en la calle, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad crear¨¢ una mesa que valore los casos que lleguen de ciudadanos al borde del desahucio. El objetivo, seg¨²n el borrador de reglamento que ha elaborado el departamento que dirige Llu¨ªs Recoder, es buscar alojamiento p¨²blico y adjudicar ayudas al alquiler para ¡°evitar la exclusi¨®n social y la marginalidad¡±.

La mesa de valoraci¨®n para la adjudicaci¨®n de viviendas en situaciones de emergencia tiene su precedente en la ciudad de Barcelona, donde esta ya se cre¨® en 2009. De acuerdo con el reglamento, la prioridad la constituir¨¢n ¡°las emergencias econ¨®micas y sociales¡±, es decir, las familias que se hallan en riesgo ¡°inminente¡± de perder la vivienda.

A la medida, no obstante, solo podr¨¢n acogerse los ciudadanos en el l¨ªmite de la pobreza, cuyos ingresos sean, a lo sumo, de 0,94 veces el ¨ªndice de renta de suficiencia (IRS) en el caso de una persona (7.489,6 euros) o de 1,86 veces si se trata de una familia (14.819,9 euros). Para pedir un alojamiento p¨²blico la persona que vaya a perder su vivienda debe tener una sentencia firme de desahucio y, en caso de que esta se haya dictado por impagos, la cuota hipotecaria o el alquiler deb¨ªa suponer m¨¢s del 35% de los ingresos mensuales de su propietario. Esta es la proporci¨®n del sueldo que las Administraciones estiman que los ciudadanos pueden asumir para destinar al pago de su piso sin poner en riesgo su situaci¨®n financiera personal o familiar. Tambi¨¦n podr¨¢n pedir un piso p¨²blico los moradores de una vivienda insalubre en la que habiten menores o personas enfermas cuya salud pueda empeorar por esas malas condiciones.

El parque de vivienda para este colectivo estar¨¢ integrado por las viviendas propiedad de la Generalitat, los que puedan aportar otras Administraciones y promotores de VPP, pisos gestionados o que est¨¦n administrados por la Agencia de Vivienda de Catalu?a (AVC) mediante convenios o bien alojamientos que se hayan obtenido a partir de acuerdos con fundaciones, entidades sociales o Ayuntamientos. Esta ¨²ltima opci¨®n, no obstante, estar¨¢ sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno.

Para pedir piso

La mesa estar¨¢ presidida por el director y un abogado del departamento de Programas Sociales de Vivienda de la AVC, cuatro vocales de esta entidad p¨²blica, uno del Instituto Catal¨¢n del Suelo y otro del Instituto Catal¨¢n de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS). Seg¨²n el reglamento, esta mesa se reunir¨¢ de forma ordinaria cada mes, pero podr¨¢ hacerlo cada vez que llegue al Ejecutivo catal¨¢n una situaci¨®n que deba atenderse de forma urgente.

Recoder present¨® este borrador en la comisi¨®n de seguimiento del Pacto Nacional de la Vivienda, en la que varias entidades y partidos pidieron ver los n¨²meros tanto de este proyecto como de las medidas del pacto. Seg¨²n varios asistentes, la Generalitat no present¨® una actualizaci¨®n del pacto, sino que ha decidido priorizar unas medidas. En la reuni¨®n, C¨¢ritas reclam¨® un minifrob ¡ªen referencia al fondo de ayuda a los bancos¡ª para rescatar a familias desahuciadas, mientras que ICV pidi¨® cuantificar las viviendas disponibles para personas en riesgo de exclusi¨®n, seg¨²n explicaron varios asistentes a la reuni¨®n. Las cooperativas de vivienda p¨²blica, por su parte, se quejaron de que el grifo del cr¨¦dito sigue cerrado.

El servicio de mediaci¨®n de la Generalitat entre los bancos y ciudadanos ha atendido en dos a?os a 1.045 familias. En el 66% de los casos se pudo pactar la soluci¨®n.