Levantamiento del secreto

El levantamiento del secreto sumarial por parte de la juez Estela San Jos¨¦ nos ha permitido conocer nuevos detalles de la vertiente estrictamente gallega de la denominada Operaci¨®n Campe¨®n. Y es que, a diferencia de la parte que afecta al exministro Jos¨¦ Blanco (en la que ya se hab¨ªa revelado la pr¨¢ctica totalidad del contenido del sumario), lo que ahora se nos desvela son indicios que vienen a respaldar la imputaci¨®n de una variada gama de delitos al empresario Jorge Dorribo y a sus socios y colaboradores, as¨ª como a diferentes cargos y funcionarios de la Xunta de Galicia.

En este caso, se trata, concretamente, de numerosas grabaciones telef¨®nicas de conversaciones y de mensajes realizadas por la brigada de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, acompa?adas de otras pruebas documentales que se incorporan a los informes remitidos por dicha brigada al juzgado de Lugo. En esencia, de todo este material probatorio se desprende indiciariamente la adjudicaci¨®n de obras y la concesi¨®n de subvenciones a empresas de Dorribo, para cuya obtenci¨®n se habr¨ªa recurrido, presuntamente, a toda clase de artificios, como singularmente facturas falsas, tasaciones fraudulentas de maquinaria o transferencias bancarias simuladas, artificios que no solo eran conocidos por los cargos y funcionarios de la Xunta sino que en algunos casos incluso hab¨ªan sido sugeridos por estos.

Seg¨²n los referidos informes de la Agencia Tributaria, hay adem¨¢s indicios de que en algunos supuestos las adjudicaciones y concesiones il¨ªcitas se consiguieron merced a pagos efectuados a dichos cargos, as¨ª como al diputado del PPdeG Pablo Cobi¨¢n, que actuaba como una especie de intermediario-conseguidor-facilitador de contactos.

De tales hechos se deriva la posible comisi¨®n de diferentes delitos: de un lado, falsedades y fraudes de subvenciones realizados por los solicitantes; de otro lado, prevaricaci¨®n de los funcionarios adjudicantes y concedentes, si se demuestra que ten¨ªan conocimiento de la ilegalidad de sus resoluciones, as¨ª como, en su caso, una responsabilidad como part¨ªcipes en los mencionados fraudes y falsedades cometidos por los solicitantes.

A ello habr¨ªa que a?adir los delitos de cohecho, que afectan tanto al funcionario que recibe la retribuci¨®n (que puede ser de cualquier clase, incluyendo, por supuesto, un patrocinio de rallies) como al empresario que la entrega.

Eso s¨ª, en cuanto a las personas imputadas en el juzgado de Lugo, convendr¨ªa aclarar que los indicios no poseen la misma solidez en todos en los supuestos. As¨ª, parecen muy endebles en los casos del exconselleiro nacionalista del bipartito, Fernando Blanco, y del exdirector general de I+D+i, Salustiano Mato, y, en cambio, muy s¨®lidos en los casos de los cargos y funcionarios de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente e Infraestructuras y, especialmente, del IGAPE.

En estos ¨²ltimos casos los agentes de la Agencia Tributaria han denunciado adem¨¢s la desaparici¨®n de un expediente de contrataci¨®n de los archivos de la Conseller¨ªa, que, de ser cierta, dar¨ªa lugar a un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y denuncian tambi¨¦n la revelaci¨®n de informaci¨®n reservada por parte de los funcionarios del Igape, que constituir¨ªa un delito de violaci¨®n de secretos.

Por lo dem¨¢s, en las grabaciones interceptadas existen alusiones de miembros de la trama empresarial al conselleiro Agust¨ªn Hern¨¢ndez y al presidente Alberto N¨²?ez Feij¨®o, pero con respecto a ellas cabe decir lo mismo que ya indiqu¨¦ en otra ocasi¨®n en referencia al grueso de las acusaciones contra el exministro Jos¨¦ Blanco: las meras declaraciones de unos imputados y sus suposiciones o conjeturas acerca de la intervenci¨®n de terceras personas carecen de relevancia a los efectos de constituir un verdadero indicio racional de criminalidad.

Y, por cierto, con ello le bastaba al presidente Feij¨®o para defenderse en la interpelaci¨®n parlamentaria de la oposici¨®n, sin necesidad de meterse en un nuevo berenjenal al intentar marcar diferencias entre su situaci¨®n y la de Jos¨¦ Blanco.

Una vez m¨¢s Feij¨®o nos sorprende con un inexplicable lapsus, al afirmar que en el caso de Blanco hay ya ¡°hechos probados¡±. Un dirigente pol¨ªtico no puede ignorar que en el marco de un proceso penal en un Estado de Derecho solo habr¨¢ ¡°hechos probados¡± despu¨¦s de que finalice un juicio con todas las garant¨ªas; nunca antes, y menos a¨²n cuando ni siquiera existe un auto de procesamiento. Esto s¨ª es una aut¨¦ntica vulneraci¨®n de la presunci¨®n de inocencia.