La justicia cerca al vicepresidente segundo de la Diputaci¨®n de Barcelona

Los frentes judiciales que tiene abiertos el vicepresidente segundo de la Diputaci¨®n de Barcelona, Ferran Civil Arnabat (Uni¨® Democr¨¤tica), son tantos que ya ni se inmuta. ¡°Estoy muy tranquilo y conf¨ªo en la justicia, que hasta ahora me ha dado la raz¨®n¡±, dice Civil, que tiene 62 a?os y lleva un tercio de su vida con el bast¨®n de mando de Cercs (Bergued¨¤) ¡°Si fuera un mafioso como dicen, no me votar¨ªan; la gente no es tonta¡±, a?ade el alcalde, imputado en dos causas judiciales e investigado por la Fiscal¨ªa y la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC).

Civil se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados por dos presuntos delitos sobre la ordenaci¨®n del territorio. Es el caso que est¨¢ en una fase m¨¢s avanzada. El fiscal pide que el alcalde sea condenado a tres a?os y medio de c¨¢rcel y a 12 de inhabilitaci¨®n; adem¨¢s, le exige el pago de una multa de 12.000 euros. El n¨²mero tres de la Diputaci¨®n autoriz¨® la construcci¨®n de tres naves industriales, de 300 metros cuadrados cada una, en un terreno no urbanizable que, adem¨¢s, el Consistorio catalog¨® en 2006 como ¡°de inter¨¦s natural, paisaj¨ªstico y forestal¡±. ¡°Si aquello tiene un gran valor, que baje Dios y lo vea¡±, replic¨® ayer el regidor de Uni¨®.

Cuando el empresario Pedro Miguel Acebillo, tambi¨¦n imputado, expuso al alcalde sus intenciones, este le dijo que no hallar¨ªa ¡°ning¨²n obst¨¢culo serio del Ayuntamiento¡±, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n del fiscal. El empresario acab¨® construyendo ¡°un gran complejo industrial¡± ¡ªcon chimenea y dep¨®sito de biomasa¡ª destinado a la elaboraci¨®n de productos alimentarios. ¡°Entiendo que es una actividad agr¨ªcola, pero solo segu¨ª los criterios de los t¨¦cnicos municipales¡±, defiende. Esos t¨¦cnicos ¡ªla arquitecta municipal, Maria del Carme Casas, y el secretario, Pau Llorens¡ª figuran igualmente como imputados.

El fiscal de delitos urban¨ªsticos de Barcelona, Antoni Pelegr¨ªn, recuerda que el alcalde ¡°conoc¨ªa en todo momento¡± lo que se estaba erigiendo en aquel terreno y, aun as¨ª, ¡°no hizo nada para impedirlo¡±. Tambi¨¦n exige que se derriben las naves.

La misma Fiscal¨ªa de Medio Ambiente tiene en marcha otra investigaci¨®n similar y est¨¢ pendiente de presentar querella ante el juzgado de guardia

La misma Fiscal¨ªa de Medio Ambiente tiene en marcha otra investigaci¨®n similar y est¨¢ pendiente de presentar querella ante el juzgado de guardia. Ese caso empez¨® en 2009 a ra¨ªz de unas obras en La Mussolera, una mas¨ªa de inter¨¦s hist¨®rico. Los propietarios pidieron autorizaci¨®n para una rehabilitaci¨®n; en lugar de eso, construyeron dos casas de nueva planta en una zona catalogada, tambi¨¦n, como no urbanizable y de valor agr¨ªcola y forestal.

El tercer frente contra el alcalde lo impuls¨® la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos a ra¨ªz de la denuncia de un vecino. El fiscal interpuso a su vez una denuncia ante el juzgado de guardia de Berga por un presunto delito de prevaricaci¨®n relacionado con la compra de una empresa que gestiona el tren tur¨ªstico del Bergued¨¤.

Civil es presidente del Consorcio de la Ruta Minera del Bergued¨¤, un organismo formado por los municipios de Cercs, Guardiola de Bergued¨¤, F¨ªgols y Vallcebre para impulsar una zona deprimida tras el fin de las explotaciones mineras de carb¨®n. En 2007, el consorcio compr¨® con dinero p¨²blico las acciones de Carrilet Vall de Camprodon, SL, la empresa que gestionaba un tren tur¨ªstico compuesto por tractor y dos vagones.

El alcalde de Cercs pas¨® a ser administrador ¨²nico de la empresa (que cambi¨® su nombre por Carrilet Verd del Bergued¨¤) el 17 de abril. Ese mismo d¨ªa, el capital social de la compa?¨ªa se redujo de 21.038 a 3.006 euros. En lugar de comprar el tren directamente, explica el fiscal, el alcalde adquiri¨® la empresa. Y como administrador, vendi¨® el tren al consorcio por 180.000 euros, una cantidad ¡°que est¨¢ muy por encima del valor social de la empresa¡±, que se redujo a 3.006 euros.

La Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC) tambi¨¦n ha examinado las actuaciones de Civil al frente del Consistorio

Civil se convirti¨®, seg¨²n la denuncia de la fiscal¨ªa, en ¡°vendedor-comprador¡± y redujo el capital social ¡°sin causa aparente¡±, ya que tras esa compra la empresa ¡°qued¨® totalmente inoperativa¡±. ¡°Quer¨ªamos explotar el tren. Los propietarios, una familia mayor con la que ten¨ªamos buen rollo, dijeron que era mejor comprar la empresa por temas fiscales¡±, justific¨® el alcalde. Adem¨¢s de esas ¡°irregularidades¡±, el fiscal recuerda que el equipo de gobierno local ¡°no inform¨® del contenido de esas operaciones¡±.

La Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC) tambi¨¦n ha examinado las actuaciones de Civil al frente del Consistorio. En 2008, Cercs y un representante en Espa?a de la multinacional india Jindal Stainless mantuvieron conversaciones para que la compa?¨ªa instalase en el pueblo, de unos 1.300 habitantes, una f¨¢brica para el tratamiento de acero inoxidable. El Ayuntamiento aprob¨® la cesi¨®n de unos terrenos municipales durante 50 a?os. El contrato se firm¨® ese mismo a?o en Delhi, adonde viajaron el alcalde, su esposa y diversos cargos p¨²blicos; entre ellos, el entonces director general de Administraci¨®n Local de la Generalitat, Carles Bassaganya, y el portavoz adjunto de CiU en el Parlament, Josep Maria Pelegr¨ª.

El fiscal concluy¨® que en esa cesi¨®n de terrenos no hab¨ªa indicios de delito, pero s¨ª apreci¨® diversas irregularidades en el contrato, que ¡°no est¨¢ firmado por ning¨²n fedatario p¨²blico¡± y contiene unas condiciones ¡°no demasiado claras¡±. Por eso traslad¨® el caso a Antifraude. La oficina consider¨® que se trataba de una cesi¨®n gratuita del derecho de superficie, limitada solo a entidades p¨²blicas o privadas si estas no tienen ¨¢nimo de lucro. La investigaci¨®n ha concluido con un informe de recomendaciones, seg¨²n fuentes de la instituci¨®n.

La OAC lleg¨® a preguntar al alcalde qui¨¦n pag¨® el viaje. Civil respondi¨® por carta que prefer¨ªa ¡°mantener discreci¨®n¡± sobre ese asunto, aunque aclar¨® que no se hizo con dinero p¨²blico. El Consistorio pidi¨® subvenciones para preparar el terreno del pol¨ªgono industrial, a pesar de que el contrato, seg¨²n la fiscal¨ªa, dec¨ªa que la empresa deb¨ªa encargarse de esos trabajos.