La Fiscal¨ªa Superior detecta indicios de delito en la gesti¨®n de Invercaria
El ministerio p¨²blico cree que la empresa de la Junta dio dinero de forma ilegal
El esc¨¢ndalo en Invercaria toma cuerpo. La Fiscal¨ªa Superior aprecia indicios de responsabilidad penal y contable en la gesti¨®n de la empresa p¨²blica de la Junta que concedi¨® pr¨¦stamos millonarios a empresas durante los ¨²ltimos seis a?os. El fiscal detalla en un decreto una decena de irregularidades en pr¨¦stamos sin publicidad y con escasa documentaci¨®n que contravienen la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, y recomienda al juez instructor del caso que analice los 278 pr¨¦stamos por 62 millones concedidos por Invercaria, dedicada al capital riesgo, desde su creaci¨®n en 2005.
La petici¨®n del ministerio p¨²blico da impulso a una investigaci¨®n que dirige el Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla, pero que naci¨® tras un revelador informe de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa el pasado febrero. Desde entonces, la polic¨ªa ha elaborado una extensa investigaci¨®n que constata las irregularidades destapadas por el ente fiscalizador y sobre el que ahora se ha apoyado el fiscal superior. En su decreto, este no concreta los posibles delitos derivados de la gesti¨®n irregular de la empresa p¨²blica.
La polic¨ªa subraya c¨®mo en 2009 se concedieron ayudas a 39 empresas y 30 de ellas sufrieron p¨¦rdidas ese a?o. Los pr¨¦stamos se concedieron a veces sin previos informes que avalaran un aumento de la producci¨®n, con la simple presentaci¨®n del proyecto. Invercaria concedi¨® esos cr¨¦ditos sin an¨¢lisis del riesgo que supon¨ªa la inversi¨®n y por importe superior al capital social de la entidad. Adem¨¢s, las empresas ten¨ªan empleados que cobraron de las compa?¨ªas pese a que no figuraban en su relaci¨®n de puestos de trabajo, denuncia la polic¨ªa en su informe.
Los agentes subrayan el escaso o nulo seguimiento que tuvieron ciertas empresas por parte de la Junta. Hay casos concretos de pr¨¦stamos que superaron el mill¨®n de euros, seguidos de otra ayuda menor de 100.000 euros. Al poco tiempo la empresa contaba con un agujero contable por 1,1 millones y no denotaba signos de actividad.
La Fiscal¨ªa Superior ha remitido el decreto y el informe policial al juez instructor Juan Guti¨¦rrez, pero tambi¨¦n al Tribunal de Cuentas por los indicios de responsabilidades contables. De este modo, la compleja investigaci¨®n que define el fiscal tiene visos de continuar de forma paralela entre el Tribunal de Cuentas para la investigaci¨®n contable y el Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla para la investigaci¨®n penal.
Tanto la polic¨ªa como el fiscal superior han investigado bas¨¢ndose en el informe de la C¨¢mara de Cuentas, de ah¨ª que recomienden al juez ordenar una serie de diligencias que incluyen el examen de todas las ayudas concedidas. La C¨¢mara de Cuentas subray¨® anomal¨ªas como el incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones, la concesi¨®n discrecional de pr¨¦stamos, pagos irregulares a su personal directivo, y el uso injustificado de una tarjeta de cr¨¦dito por su presidente, entre otras.
El juez analiza tanto la supuesta petici¨®n por parte de la expresidenta Laura G¨®miz de realizar informes falsos que denunci¨® un exdirectivo, como las grabaciones aportadas por ¨¦l. ¡°Si me comprometiera con la ¨¦tica no estar¨ªa trabajando en esta organizaci¨®n¡±, lleg¨® a decir G¨®miz en las cintas. Pero ahora la Fiscal¨ªa Superior le pide al magistrado que d¨¦ un paso de gigante porque ve indicios de delito en la gesti¨®n de los seis a?os de vida de la empresa p¨²blica.
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