Defendamos nuestros derechos, defendamos lo p¨²blico

La mayor¨ªa absoluta del PP en las elecciones generales del 20-N no puede interpretarse como un apoyo masivo de la poblaci¨®n a la pol¨ªtica que est¨¢ desarrollando. En primer lugar, porque apenas el 44% de los votantes deposit¨® su confianza en el partido de Rajoy, que gobierna holgadamente gracias a las distorsiones de una Ley Electoral que blinda el bipartidismo y margina a la izquierda no domesticada. Y, en segundo t¨¦rmino, porque la campa?a electoral del PP adoleci¨® de cualquier tipo de concreci¨®n en las propuestas program¨¢ticas (¡°haremos lo que hay que hacer¡± se limitaba a decir el entonces candidato y ahora presidente) y podemos recordar promesas (no abaratar el despido, no subir los impuestos¡­) olvidadas al llegar a la Moncloa. Si Zapatero puso en marcha los recortes sociales por rendici¨®n a la presi¨®n de los mercados, Rajoy est¨¢ poniendo toda su convicci¨®n en la demolici¨®n de nuestro inacabado Estado del bienestar.

En el Pa¨ªs Valenciano vivimos este proceso en una situaci¨®n in¨¦dita en las tres d¨¦cadas de historia de nuestra autonom¨ªa. Pol¨ªticamente, tenemos un Consell intervenido de facto por el Gobierno central, que, a cambio de avales y anticipos de transferencias con las que la Generalitat va sorteando el temido default, impone un dur¨ªsimo ajuste presupuestario que se ceba en el sector p¨²blico. Que el presidente anunciara un recorte de m¨¢s de 1.000 millones de euros del Presupuesto de la Generalitat s¨®lo dos d¨ªas despu¨¦s de su publicaci¨®n en el DOCV supuso una quiebra del principio de separaci¨®n de poderes (entre el ejecutivo y el legislativo) y de la capacidad de autogobierno (pues en realidad fueron Rajoy y Montoro quienes nos impusieron este primer ¡°plan de rescate¡±, al que ya sabemos que seguir¨¢n otros). Pero, principalmente, el Decreto Ley 1/2012 ha significado un hachazo brutal a los derechos laborales y a la prestaci¨®n de los servicios p¨²blicos.

Tras haber derrochado miles de millones de euros en proyectos fara¨®nicos, grandes eventos y fastos a mayor gloria de unos gobernantes megal¨®manos, el PP pasa la tijera por la parte m¨¢s d¨¦bil. El personal interino ha visto reducirse en un tercio su jornada, su salario y sus cotizaciones para que la Generalitat ahorre menos de lo que cuesta el canon anual de la f¨®rmula 1, que seguir¨¢ celebr¨¢ndose en el circuito urbano de Valencia. El personal sanitario y docente pierde hasta 500 euros al mes para conseguir aproximadamente lo mismo que ha costado el aeropuerto sin aviones de Castell¨®n. No se recorta s¨®lo el salario de los empleados p¨²blicos sino tambi¨¦n el servicio prestado a los usuarios. ?O alguien cree que se pueden quitar 440 millones de euros del presupuesto de sanidad (ya infradotado inicialmente) sin que se resienta la atenci¨®n a los pacientes? Por supuesto que no, y eso lo saben perfectamente los dirigentes del Partido Popular valenciano, por mucho que tiren de argumentario.

Con la pol¨ªtica de recortes son, una vez m¨¢s, los trabajadores del sector p¨²blico y el conjunto de la ciudadan¨ªa quienes pagan las consecuencias

Las medidas de ajuste de Rajoy y de Fabra no tocan los privilegios de los bancos ni de los grandes patrimonios, que siguen benefici¨¢ndose de inyecciones de dinero p¨²blico y de bonificaciones fiscales. Con la pol¨ªtica de recortes son, una vez m¨¢s, los trabajadores del sector p¨²blico y el conjunto de la ciudadan¨ªa quienes pagan las consecuencias del colapso de un modelo de (sub)desarrollo basado en la especulaci¨®n y estrechamente vinculado a la corrupci¨®n. Y con la reforma laboral se pone fin a derechos laborales y sociales que, como la negociaci¨®n colectiva, supon¨ªamos consolidados y protegidos por la Constituci¨®n. Frente a la furibunda campa?a de la derecha medi¨¢tica contra los sindicatos, no hay mejor ant¨ªdoto que recomendar la lectura del BOE para entender las razones de la huelga general. Los trabajadores deben saber que, si no se consigue derogar esta reforma, su empresa podr¨¢ unilateralmente bajarles el sueldo, modificarles el horario o las funciones, e incluso despedirlos por estar enfermos. Vuelta al siglo XIX.

Hace falta que la mayor¨ªa social tome conciencia de lo mucho que est¨¢ en juego en este envite y en los que pueden venir a continuaci¨®n. Se trata de un ataque directo al Estado social, utilizando la estigmatizaci¨®n de la acci¨®n colectiva (tanto la pol¨ªtica como el sindicalismo) y el descr¨¦dito de lo p¨²blico (comenzando por sus trabajadores) para generar un clima de opini¨®n favorable a los recortes y las privatizaciones. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las oportunidades de negocio para las grandes empresas ya no est¨¢n en el ladrillo sino en nuestra salud, nuestra educaci¨®n e incluso nuestra seguridad. Si adem¨¢s se precarizan las condiciones de trabajo y se rebajan salarios y cotizaciones, el desequilibrio en la correlaci¨®n de fuerzas se acent¨²a a favor del capital y en contra de la clase trabajadora. No dejemos nuestras vidas en manos de entidades financieras. No permitamos que nos quiten nuestros derechos y los de nuestros hijos. Defendamos lo p¨²blico, que es de todos.

Ignacio Blanco es diputado de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas.