Costa intenta salpicar a la actual direcci¨®n del PP en la financiaci¨®n ilegal
Pide al juez que declare el secretario general y que el partido aporte documentos
Las aguas bajan revueltas en el PP valenciano con motivo de la causa por supuesta financiaci¨®n ilegal vinculada al caso G¨¹rtel, en el que est¨¢n imputadas las c¨²pulas del partido y la Generalitat de la ¨¦poca en que Francisco Camps era presidente. Frente al intento del Ejecutivo auton¨®mico, que dirige Alberto Fabra, de establecer un cintur¨®n sanitario respecto a esa etapa, el ex secretario general del PPCV e imputado Ricardo Costa ha hecho un movimiento que supondr¨ªa un mayor alcance en la causa hasta salpicar a la actual direcci¨®n. Costa pidi¨® al juez que citase a declarar como testigo a Antonio Clemente, secretario general del PPCV, el mismo cargo que ¨¦l ocup¨® hasta ser defenestrado por G¨¦nova en octubre de 2009.
El magistrado Jos¨¦ Ceres ha rechazado la petici¨®n, pero s¨ª ha aceptado, en cambio, otra solicitud de Costa que se enmarca en la misma l¨ªnea: requerir a su propio partido que aporte una docena de documentos sobre las funciones que el secretario general ten¨ªa en materia econ¨®mica y contable durante la etapa en que ocup¨® el cargo y, especialmente, en los a?os 2007 y 2008, cuando supuestamente se cometieron los delitos de financiaci¨®n ilegal (delito electoral) y falsificaci¨®n mercantil, durante las campa?as de las auton¨®micas y generales que tuvieron lugar respectivamente esos a?os, por las presuntas aportaciones irregulares de empresas constructoras. As¨ª como que el partido identifique a las personas que entonces y ahora tienen las competencias sobre la gesti¨®n diaria de la caja del PPCV.
Algunas de las peticiones de Costa resultan chocantes trat¨¢ndose de su partido. El hoy diputado auton¨®mico solicit¨® al juez requerir al PPCV ¡°las tareas concretas que desarrolla en la actualidad la persona encargada de la gesti¨®n ordinaria de la tesorer¨ªa del PPCV, as¨ª como su identificaci¨®n¡±. Costa tambi¨¦n solicit¨® y ha conseguido que el magistrado pida al partido que aporte el acuerdo de comit¨¦ o de junta en el que se le habr¨ªa encargado ¡°la gesti¨®n ordinaria de la tesorer¨ªa del PPCV, con expresi¨®n de la fecha del acuerdo, fundamentaci¨®n del mismo en los estatutos del PPCV y, en su caso, cargo org¨¢nico que propuso tal encargo¡±.
El diputado reclama que el PP diga qui¨¦n gestiona el d¨ªa a d¨ªa de la caja del partido
El diputado logr¨® del mismo modo que el juez requiera al PPCV ¡°el acuerdo que acredite la delegaci¨®n de funciones de Adela Pedrosa [que formalmente fue secretaria general hasta junio de 2007] en Ricardo Costa, as¨ª como la expresi¨®n normativa que, en su caso, autoriza dicha delegaci¨®n de funciones¡±.
A petici¨®n de Costa, la actual direcci¨®n del partido deber¨¢ remitir los acuerdos de nombramiento de gerentes regionales desde 2004 hasta hoy, ¡°qui¨¦n los designa y su dependencia salarial y funcional¡±. Y, finalmente, la identificaci¨®n de qu¨¦ ¡°cargo org¨¢nico tiene la facultad estatutaria de aprobaci¨®n del presupuesto, no de propuesta, as¨ª como de control de la correcci¨®n de la contabilidad y de la aprobaci¨®n de la misma¡±.
El ex n¨²mero dos del PPCV tambi¨¦n ha conseguido que el juez pida al Santander informaci¨®n ¡°periodificada¡±, esto es, mes a mes, sobre qu¨¦ personas estaban autorizadas para acceder a la cuenta del partido en los a?os 2007 y 2008.
Malestar
El tono y las peticiones de Costa permiten entrever lo que parece un gran malestar con la direcci¨®n del partido, que Fabra ha anunciado que depurar¨¢ de imputados en el congreso que el PPCV celebrar¨¢ en mayo. De hecho, el diputado quer¨ªa que el actual secretario general del PPCV acudiera a declarar para explicar la informaci¨®n que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la organizaci¨®n y funcionamiento del partido en la ¨¦poca investigada.
El juez Ceres ha llamado a declarar como testigo, por otra parte, a Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat y hoy secretaria general de la Delegaci¨®n del Gobierno en Valencia. Villalonga est¨¢ imputada en el caso Urdangarin.
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