?Presidente ou ¡®mandadi?o¡¯?

Es cierto que en un breve per¨ªodo de tiempo Espa?a ha pasado de ser un Estado fuertemente centralista para convertirse en uno de los pa¨ªses m¨¢s descentralizados de Europa. Tambi¨¦n lo es que el Estado auton¨®mico presenta importantes peculiaridades respecto a las f¨®rmulas federales cl¨¢sicas y, por tanto, carece de referencias comparadas precisas que faciliten su comprensi¨®n y desarrollo.

Por supuesto, todo ello genera importantes disfunciones. Pero, sin duda, una de las causas del conflicto y tensi¨®n que vive el Estado es la falta de adaptaci¨®n de los grandes partidos a la distribuci¨®n territorial del poder que consagra la Constituci¨®n, consecuencia de la pervivencia de la vieja cultura centralista en abierta contradicci¨®n con la nueva realidad institucional del pa¨ªs. Pero en los ¨²ltimos tiempos, determinados actores pol¨ªticos y econ¨®micos han pasado de la incomprensi¨®n y la reticencia a la abierta impugnaci¨®n del modelo de Estado constitucional. Hoy es evidente que el PP y determinados sectores econ¨®micos, aprovechando la grave crisis que atraviesa el pa¨ªs, han desatado una dur¨ªsima campa?a para desacreditar el Estado auton¨®mico presentando como alternativa las viejas recetas centralistas y activando el espa?olismo reactivo y primario que caracteriz¨® a la derecha espa?ola durante buena parte del pasado siglo.

Claro que los mencionados actores pol¨ªtico-sociales cuando denuncian los desajustes del modelo de Estado vigente se olvidan casualmente de se?alar el excesivo n¨²mero de ayuntamientos que hay en Espa?a (m¨¢s de 8.000), la pervivencia de instituciones anacr¨®nicas como las Diputaciones o la injustificada inadaptaci¨®n de la Administraci¨®n Central al desarrollo del Estado de las Autonom¨ªas. Si a todo ello a?adimos que las comunidades aut¨®nomas gestionan una parte esencial del gasto social en Espa?a (sanidad, educaci¨®n y la mayor¨ªa de los servicios sociales) y que dicho gasto representa en torno al 75% de los presupuestos auton¨®micos, resulta evidente que esta ofensiva antiautonomista del PP persigue objetivos inequ¨ªvocos: la recentralizaci¨®n del poder pol¨ªtico, el recorte del Estado de bienestar y el desprestigio de lo p¨²blico.

Dos acontecimientos muy recientes servir¨¢n para ilustrar mis afirmaciones. El primero, las declaraciones de Esperanza Aguirre cuando, en su habitual tono demag¨®gico y populista, propuso la reconsideraci¨®n del Estado y la devoluci¨®n de las competencias de sanidad, educaci¨®n y justicia a la Administraci¨®n Central. Olvida la locuaz presidenta de Madrid que las competencias forman parte de los Estatutos y que, por tanto, su disparatada propuesta necesita la reforma de los mismos. Y en distintos casos (Galicia, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa) no basta, si la hubiera, la voluntad pol¨ªtica de sus respectivos Parlamentos y de las Cortes Generales, sino que se necesita la anuencia de sus pueblos expresada en refer¨¦ndum. El segundo ejemplo se refiere a la convocatoria realizada por Mariano Rajoy exclusivamente a los presidentes de las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP, marginando al resto, para proponer en esa reuni¨®n un recorte adicional de 10.000 millones de euros, en sanidad y educaci¨®n, a los ya restrictivos Presupuestos presentados hace dos semanas. Pero ?qui¨¦n es Mariano Rajoy para tomar una decisi¨®n que solo corresponde a los presidentes auton¨®micos y para marginar arbitrariamente a algunos de ellos? Ser¨ªa tambi¨¦n muy conveniente que los presidentes auton¨®micos que asistieron a esa irregular reuni¨®n, que proyecta una perversa confusi¨®n entre partido y Gobierno, explicaran por qu¨¦ han abdicado de sus responsabilidades constitucionales.

En el contexto de este debate, el presidente de la Xunta deber¨ªa aclarar dos cuestiones esenciales. En primer lugar, ser¨ªa muy esclarecedor que Feij¨®o nos dijera si rechaza la propuesta de Esperanza Aguirre, o simplemente no se plantea ahora la reforma restrictiva del Estatuto porque carece del apoyo de los dos tercios del Parlamento de Galicia, indispensable para dicha reforma. La segunda cuesti¨®n que debe aclarar Feij¨®o es todav¨ªa m¨¢s peliaguda. En efecto, si en el balance presupuestario de 2011, la Xunta dice haber cumplido, con una d¨¦cima de desviaci¨®n, el objetivo de d¨¦ficit comprometido; si en los Presupuestos para 2012, el Gobierno gallego contempla un d¨¦ficit menor del 1,5% al que obliga el Programa de Estabilidad Presupuestaria acordado en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, ?por qu¨¦ la Xunta tiene que asumir un recorte adicional de 500 o 600 millones de euros que ser¨ªan catastr¨®ficos para nuestra sanidad y educaci¨®n p¨²blicas?. La respuesta que Feij¨®o ofrezca a esta pregunta dejar¨¢ muy claro si es un presidente de la Xunta que cumple con su responsabilidad ante los ciudadanos que representa, o se trata de un simple mandadi?o que subordina los intereses de Galicia a las necesidades pol¨ªticas de la direcci¨®n central de su partido. Veremos.