Torres-Dulce anuncia que Anticorrupci¨®n se reforzar¨¢ en M¨¢laga
El fiscal general reclama unidades policiales adscritas al ministerio p¨²blico
El fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunci¨® este jueves que ¡°est¨¢ prevista¡± la designaci¨®n de ¡°uno o dos fiscales¡± m¨¢s para la secci¨®n especializada Anticorrupci¨®n en la provincia de M¨¢laga. Torres-Dulce hizo esta afirmaci¨®n tras el acto de toma de posesi¨®n como fiscal jefe de M¨¢laga de Juan Carlos L¨®pez Caballero, que, de momento, compaginar¨¢ el cargo con el de delegado de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en la que trabajan tres fiscales.
L¨®pez Caballero, que ha dirigido las investigaciones de casos tan relevantes como la Operaci¨®n Malaya, actualmente en fase de juicio, seguir¨¢ al frente de las causas que ya ha iniciado. ¡°Va a seguir llevando casos que por su complejidad o por su propia decisi¨®n debe llevar personalmente¡±, afirm¨® Torres-Dulce, quien destac¨® que ¡°uno de los grandes elementos para su designaci¨®n¡± ha sido su implicaci¨®n en estos macroprocesos.
El m¨¢ximo responsable de la Fiscal¨ªa insisti¨® en una vieja demanda: que unidades de polic¨ªa judicial dependan directamente del ministerio p¨²blico para investigar. Sobre la reforma penal para incluir la prisi¨®n permanente revisable para delitos de terrorismo, el fiscal general indic¨® que prefiere no pronunciarse porque se trata a¨²n de una propuesta legislativa que no ha sido concretada. Torres-Dulce inst¨® a ser ¡°prudentes¡± en ¡°una materia tan delicada como es el cambio de penalidad de los delitos y en una cuesti¨®n como es el terrorismo¡±.
Al acto de toma de posesi¨®n de L¨®pez Caballero tambi¨¦n asisti¨® el fiscal superior de Andaluc¨ªa. Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n destac¨® que apenas el 8% de los funcionarios que trabajan para la administraci¨®n de Justicia lo hacen en la Fiscal¨ªa, una cifra que calific¨® de ¡°totalmente insuficiente¡±. Previamente, en una conferencia en Granada, Garc¨ªa Calder¨®n reclam¨® una mayor coordinaci¨®n entre las instituciones administrativas, judiciales, policiales e inspectoras en la lucha contra el blanqueo de capitales relacionado con el crimen organizado.
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