El Gobierno bloquea las oposiciones para profesores de Andaluc¨ªa

El Gobierno central ha esperado hasta el ¨²ltimo minuto del ¨²ltimo d¨ªa para frenar en el Tribunal Constitucional las oposiciones de profesores que Andaluc¨ªa ten¨ªa previsto realizar en junio. Los grandes perjudicados ¡ªal margen del sistema de ense?anza¡ª son las 33.154 personas que se hab¨ªan apuntado a las pruebas y que llevan meses prepar¨¢ndose para lograr alguna de las 2.389 plazas de secundaria y FP que ten¨ªa previsto ofertar la Junta. El Gobierno ha asegurado este viernes que, tras presentar el conflicto positivo de competencias a la Junta, la orden por la que Andaluc¨ªa convoc¨® sus oposiciones queda en este momento suspendida.

La Consejer¨ªa de Educaci¨®n tambi¨¦n ha reconocido que las pruebas quedan en suspenso. Sin embargo, ha a?adido que, seg¨²n la legislaci¨®n, dentro de cinco meses se producir¨ªa el levantamiento de la anulaci¨®n cautelar si no ha habido un pronunciamiento del Constitucional, algo bastante probable debido a la enorme cantidad de pleitos que se acumulan en este tribunal. Pero, dentro de cinco meses, el da?o ya estar¨ªa hecho, es decir: este curso no se habr¨ªan convocado oposiciones, algo que hab¨ªa recomendado el propio ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert.

El Gobierno ha llevado la convocatoria de oposiciones al Consejo de Estado, ¨®rgano que se mostr¨® el 12 de abril a favor de "impugnar" la convocatoria al entender que supera las limitaciones presupuestarias. Seg¨²n ha informado el Ejecutivo, el Consejo de Estado ha se?alado que la oferta andaluza "no respeta los l¨ªmites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo P¨²blico para 2012, al establecerse una tasa de reposici¨®n del 30% de efectivos". Por ello, el Consejo de Estado concluye que la Orden andaluza "adolece de inconstitucionalidad al ignorar la legislaci¨®n b¨¢sica aplicable a todas las Administraciones p¨²blicas para el citado ejercicio".

La decisi¨®n del Gobierno afecta a las 33.154 personas que hab¨ªan solicitado ya participar en las oposiciones. La posibilidad de que el Gobierno recurriera la convocatoria es algo que lleva sobrevolando las pruebas desde hace meses, desde que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n andaluza anunci¨® su intenci¨®n de volver a realizar oposiciones en septiembre de 2011. Las 2.389 plazas de Andaluc¨ªa son la mayor oferta de todo el Estado. De hecho, solo Pa¨ªs Vasco, Andaluc¨ªa y Madrid tienen planeado realizar oposiciones docentes este curso. El resto de comunidades han argumentado que las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno central a la hora de reponer las jubilaciones y bajas del sistema.

En el centro del problema vuelve a estar, como el curso pasado, la denominada tasa de reposici¨®n. Cuando la Junta aprob¨® su oferta de empleo p¨²blico el 27 de diciembre esa tasa estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado en el 30%. Pero, el 30 de diciembre, el Gobierno central aprob¨® el real decreto ley 20/2011 que, entre otras limitaciones presupuestarias, rebaja esa tasa al 10%, con lo que solo se podr¨ªan cubrir una de cada diez jubilaciones de profesores este a?o. La Junta sostiene que su oferta es legal porque se aprob¨® antes del real decreto ley.

La consejer¨ªa andaluza de Educaci¨®n cre¨ªa que la discrepancia por la tasa de reposici¨®n, si finalmente el Gobierno central no aceptara el argumento de que sus oposiciones se convocaron antes del real decreto, implicar¨ªa recortar como m¨¢ximo 300 plazas a las 2.389 que tiene previsto sacar a concurso. Porque el grueso de las plazas no se convocan bajo el paraguas de la tasa de reposici¨®n. Se corresponden, como el a?o pasado, a la consolidaci¨®n de empleo interino prevista en la disposici¨®n transitoria cuarta del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico.

El a?o pasado tambi¨¦n surgieron dudas con las plazas que convoc¨® Andaluc¨ªa y otras comunidades. El departamento de la exministra socialista Elena Salgado estuvo a punto de recurrir en los tribunales la oferta de la Junta. Pero, finalmente, se encontr¨® una soluci¨®n: que una parte importante de las plazas se convocaran como consolidaci¨®n de empleo interino. Esa misma f¨®rmula es la que ha utilizado ahora Andaluc¨ªa para ofertar las 2.389 plazas.

La ma?ana de este viernes el consejero andaluz en funciones de Educaci¨®n, Francisco ?lvarez de la Chica, hab¨ªa mostrado su tranquilidad al no tener noticias del recurso del Gobierno contra las oposiciones, que finalmente ha decidido presentar tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros en Madrid. El consejero ha recordado que el plazo para presentar un recurso finalizaba este lunes, cuando se cumpl¨ªan los dos meses desde la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial de la Junta de Andaluc¨ªa de la orden de convocatoria de la prueba.

Tras conocerse la decisi¨®n del Gobierno, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ha dicho lamentar "profundamente la deslealtad institucional del Gobierno central y el da?o que esta decisi¨®n ocasiona a Andaluc¨ªa". "El Gobierno central ha elegido la v¨ªa del Tribunal Constitucional que paraliza el proceso, lo que supone la opci¨®n m¨¢s perjudicial para los 33.154 aspirantes, a los que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n muestra su total apoyo", ha a?adido el departamento de ?lvarez de la Chica.

Durante los ¨²ltimos meses, el ministerio de Crist¨®bal Montoro hab¨ªa guardado silencio sobre este asunto. Este departamento convoc¨® en febrero a los responsables de la Administraci¨®n educativa de Pa¨ªs Vasco y Andaluc¨ªa ante las dudas surgidas. Hubo una breve reuni¨®n y el ministerio no aclar¨® sus intenciones. El que m¨¢s beligerante se ha mostrado con este asunto ha sido el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, que ha sembrado en varias ocasiones dudas sobre la legalidad de las oposiciones andaluzas. El ministerio lleg¨® a cambiar los temarios que los aspirantes llevaban prepar¨¢ndose desde hace meses.

La decisi¨®n de intentar frenar las pruebas andaluzas se enmarca dentro de los recortes que est¨¢ imponiendo el Gobierno central a las comunidades. Pero tambi¨¦n supone un nuevo frente en la disputa que est¨¢ manteniendo el Ejecutivo con la Junta, gobernada en funciones por el PSOE y que, en unos d¨ªas, estar¨¢ controlada por los socialistas e IU, que est¨¢n cerrando su pacto en la comunidad. Adem¨¢s de las dudas que el Gobierno central est¨¢ sembrando sobre las finanzas andaluzas, el Consejo de Ministros decidi¨® el 30 de marzo?plantear un conflicto positivo de competencias contra la resoluci¨®n por la que la comunidad convoc¨® la subasta de f¨¢rmacos.