La Xunta despide a una embarazada tras anunciar ayudas a la maternidad

La Fundaci¨®n para o Fomento da Calidade Industrial no ha cambiado ni un ¨¢pice su pol¨ªtica de despidos aun cuando la justicia la ha obligado a readmitir a dos trabajadoras a las que dej¨® en la calle estando embarazadas o de baja por maternidad, la ¨²ltima el pasado marzo. El mi¨¦rcoles, este organismo p¨²blico dependiente de la Conseller¨ªa de Econom¨ªa entreg¨®, sin aviso previo y con el plazo de una hora para que los afectados pudieran recoger sus pertenencias personales, cinco nuevas cartas de despido, una de ellas a una empleada embarazada de cinco meses. Esta nueva baja en el ente se conoce solo un d¨ªa despu¨¦s de que la secretaria general de Igualdade, Susana L¨®pez Abella, anunciase en el Parlamento gallego que, para proteger ¡°el derecho a la maternidad¡±, los no nacidos computar¨¢n como un hijo m¨¢s cuando la madre solicite una ayuda a la vivienda. El propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallerd¨®n, clamaba hace unas semanas en el Congreso contra la ¡°violencia estructural¡± que llevaba a las mujeres a abortar por presiones familiares, sociales o laborales.

?Esta es la primera tanda de bajas en la fundaci¨®n tras la reforma laboral de febrero y, en aras de la nueva legislaci¨®n, a los trabajadores se les aplicar¨¢ el despido m¨¢s barato, el que alega causas econ¨®micas y productivas para extinguir el contrato con 20 d¨ªas de indemnizaci¨®n por a?o trabajado. La Fundaci¨®n para o Fomento da Calidade Industrial, en la que quedan ahora 123 trabajadores, redujo su plantilla en 132 personas desde marzo de 2009.

El comit¨¦ de empresa lleva a?os denunciando que las intenciones de la gerencia ¡ªJos¨¦ Higinio Antunes sustituy¨® a finales de 2011 a Covadonga Toca, ahora al frente del Igape¡ª pasan por liquidar la fundaci¨®n y contratar personal af¨ªn para la Axencia Galega de Innovaci¨®n, que en el futuro gestionar¨¢ todas las encomiendas auton¨®micas de I+D, as¨ª como prescindir del personal contratado para desviar el trabajo a empresas concesionarias.

El mismo d¨ªa que la CIG denunciaba los despidos en la Xunta, su presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se congratulaba de las felicitaciones del gobierno central por sus medidas a favor de la maternidad y de que Madrid contemple la posibilidad de incorporarlas a la legislaci¨®n estatal. ¡°Hemos de ayudar a las familias a que puedan tener hijos¡±, inst¨®. Pero la trabajadora, contratada desde 2008, sabe que la nueva normativa laboral la deja en la calle a pesar de su estado de gestaci¨®n. Es complicado que su despido sea declarado nulo como los anteriores de dos compa?eras. En marzo, el juzgado de lo social n¨²mero 3 de Santiago forz¨® a la empresa p¨²blica a readmitir a una empleada despedida en mayo de 2011, solo dos semanas despu¨¦s de dar a luz. No era la primera condena de este tipo al que se enfrentaba el organismo, que en 2009 fue condenado por despedir a otra empleada, embarazada en el momento de su cese.

En los dos casos, la Fundaci¨®n para o Fomento da Calidade Industrial justific¨® su decisi¨®n por ¡°razones objetivas de productividad y econ¨®micas¡± y la justicia los consider¨® discriminatorios, pero ahora las reglas de juego han cambiado, porque basta con alegar tres trimestres de ca¨ªda de ingresos para consumar el despido. ¡°Les ser¨¢ f¨¢cil demostrarlo¡±, lamenta la afectada. Los portavoces de la Conseller¨ªa de Econom¨ªa, preguntada por las razones del despido de los cinco trabajadores y, en concreto, de la empleada gestante, repiten los argumentos de la gerencia de la fundaci¨®n y no valoran el caso de la embarazada. ¡°El organismo vio disminuidas las actividades encomendadas con respecto a a?os anteriores, siendo necesaria la adaptaci¨®n de sus recursos humanos, con criterios de austeridad y eficiencia, a los trabajos que debe ejecutar¡±, explican.

Seg¨²n la carta de despido entregada a los trabajadores, el presupuesto de la fundaci¨®n ha adelgazado un 50% desde 2008 y los ingresos previstos para 2012 por encomiendas de la Secretaria Xeral de Modernizaci¨®n se quedan en 1.750.000 euros, frente a los 2.622.000 del a?o pasado. Hasta el mi¨¦rcoles, la empleada gestionaba ayudas para empresas de telecomunicaciones, aunque ella define su situaci¨®n de ¡°ilegal¡± porque la fundaci¨®n no cumpli¨® la orden de Inspecci¨®n de Trabajo de convertir a los contratados por obra desde 2008 en personal indefinido.