Un conflicto pol¨ªtico deja sin atenci¨®n jur¨ªdica a 16.000 presos

La lentitud burocr¨¢tica o la falta de voluntad pol¨ªtica ha dejado a los m¨¢s de 16.000 presos encarcelados en prisiones andaluzas sin la posibilidad de contar con un abogado para sus asuntos penitenciarios. El Ministerio del Interior no ha firmado la pr¨®rroga del convenio que regula el llamado Servicio de Orientaci¨®n y Asistencia Jur¨ªdica Penitenciaria (Soajp), que se presta en Andaluc¨ªa hace aproximadamente una d¨¦cada. La presencia de los letrados gratuitos en las prisiones se acord¨® por ¨²ltima vez en 2008 a tres bandas entre el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados, la Junta de Andaluc¨ªa e Interior. El departamento que dirige Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz no ha dado a¨²n su visto bueno a la adenda para que el convenio siga vigente en 2012.

Cuestiones sobre permisos, libertad condicional, visitas, derecho administrativo, trabajo penitenciario, laboral, familia, o asuntos relativos a la Seguridad Social son temas que pueden ser objeto de consulta por parte de la poblaci¨®n reclusa a trav¨¦s de este servicio, que no entra en los procedimientos penales por los que cumple condena el preso.

En 2011, seg¨²n los datos facilitados por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se prestaron 10.404 asistencias por parte de los 1.077 letrados adscritos en la comunidad a esta asesor¨ªa. Es un servicio ¡°muy vocacional¡±, subraya el presidente de dicho consejo, Jos¨¦ Rebollo, para quien la suspensi¨®n es ¡°tan lamentable como sorprendente¡±.

Rebollo afirma que la iniciativa ¡°funciona muy bien y se ha integrado perfectamente en la cultura carcelaria". Tanto es as¨ª, asegura el presidente de los abogados andaluces, que la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, ha mostrado su satisfacci¨®n en varias reuniones. La financiaci¨®n del servicio corre a cargo de la Junta de Andaluc¨ªa, que cuenta con el presupuesto para este a?o que es de 397.600 euros, menor al de 2011, cuando cost¨® 422.800 euros.

Casi todos los colegios de abogados de Andaluc¨ªa han ido suspendiendo desde mediados de abril esa asistencia hasta que se subsane la firma. Si es realmente un problema relacionado con un ¡°tr¨¢mite burocr¨¢tico¡±, como apuntaron algunos colegios de abogados y asociaciones, o ¡°falta de voluntad pol¨ªtica¡±, como alega el secretario general de Justicia de la Junta de Andaluc¨ªa, Pedro Izquierdo, es lo que est¨¢ por ver. La administraci¨®n regional alega que en diciembre envi¨® la adenda al Ministerio del Interior tras el cambio de Gobierno para prorrogar el convenio y a¨²n no hay respuesta. El retraso se justifica, seg¨²n dice, en que faltan varios informes preceptivos, entre ellos uno del Ministerio de Hacienda, que la Junta teme que sea ¡°negativo

Las cr¨ªticas no han tardado en llegar. El presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola, Carlos Carnicer, ha urgido al Ministerio del Interior y al de Justicia que restablezcan el servicio puesto que su suspensi¨®n supone un "restricci¨®n" de los derechos m¨¢s all¨¢ del de la libertad, del que han sido privados.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias culpan a la Junta del hecho de que el convenio no se haya renovado. ¡°Remitieron el texto en noviembre, casi acabado el a?o y al ministro saliente¡±, afirman en Interior. El departamento encargado de las prisiones a?ade que los presos no est¨¢n desamparados ya que en los centros ¡°hay cuerpos de juristas que resuelven este tipo de consultas legales¡± y que el convenio permite prestar un servicio complementario.