Accionistas de Aqualandia llevan al fiscal la venta de Terra M¨ªtica
Acusan de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos a la Generalitat
Cuatro accionistas minoritarios de Aqualandia Espa?a, SA, el grupo empresarial del que una de sus filiales (Ocio y Parques Tem¨¢ticos, SL) acord¨® con la Generalitat la compra del parque Terra M¨ªtica de Benidorm por 65 millones de euros, han solicitado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigue la operaci¨®n.
Seg¨²n la denuncia, presentada el viernes pasado, la operaci¨®n se materializ¨® ¡°a trav¨¦s de un broker denominado Ambers, por parte de un organismo de la Generalitat Valenciana, Sociedad Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente de la Consejer¨ªa de Hacienda, Econom¨ªa y Empleo de la Comunidad Valenciana, sin respetar la legislaci¨®n vigente y causando un grave perjuicio para la causa p¨²blica¡±.
Los denunciantes acusan de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos a los responsables de la SPTCV y aseguran que no se ha respetado la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Esta norma exige la subasta p¨²blica y el respeto a los principios de publicidad y concurrencia para la venta de sus bienes muebles, en este caso la venta del 22,31% de las acciones de la empresa p¨²blica, que ¡°no pueden enajenarse arbitrariamente, y de forma amigable, a una entidad privada, como es Aqualandia, de forma caprichosa y clandestina¡±, seg¨²n recoge el escrito de denuncia.
Guerra interna
La pretensi¨®n de estos cuatro accionistas minoritarios, que han impugnado seis de las ¨²ltimas nueve cuentas anuales presentadas por la firma Aqualandia, es paralizar la compra del parque de ocio por parte de la empresa de la que son propietarios a causa de la guerra interna que mantienen desde hace una d¨¦cada con George Santa Maria, el accionista mayoritario. De hecho, la denuncia, redactada por un despacho de abogados de Madrid, solicita la suspensi¨®n de la venta de las acciones que SPTCV tiene de Terra M¨ªtica.
Tambi¨¦n descubre la denuncia que cuando el Consell eligi¨® Aqualandia de una terna que completaban Parques Reunidos y Aspro, la mercantil adjudicataria del arrendamiento del parque adelant¨® 15 millones que se repartieron, en funci¨®n de su participaci¨®n, la SPTCV, Tinser (sociedad de la CAM), Bancaja y el Banco de Valencia.
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