230 personas reciben aviso de sanci¨®n por la ¡®primavera valenciana¡¯

¡°A m¨ª me multaron una vez por saltarme un sem¨¢foro, y la pagu¨¦ porque lo vi justo¡±, explica una joven que prefiere no dar m¨¢s datos, ¡°pero esta me niego rotundamente a pagarla¡±. Es la respuesta general a las 230 sanciones ¡°graves¡± que han recibido por parte del Gobierno central los participantes en la llamada primavera valenciana. En concreto, los que fueron identificados frente a la comisar¨ªa de Zapadores, en Valencia, tras las protestas frente al IES Llu¨ªs Vives.

¡°Nos ten¨ªan cercados sin dejarnos ni siquiera ir al ba?o¡±, recuerda un estudiante. ¡°Fuimos pasando en grupos peque?os y se apuntaron nuestros datos en un papel¡±, explica. De estas identificaciones ¡ª230, seg¨²n concret¨® la Delegaci¨®n de Gobierno valenciana¡ª han salido las infracciones severas, que oscilan entre los 300,51 y los 6.010,12 euros, por las que se reunieron ayer frente al instituto donde prendi¨® la llama. All¨ª indicaron que el objetivo de estas acciones era ¡°provocar miedo en las personas y servir de medida ejemplarizante para otros sectores de la sociedad¡±. ¡°Tanto la Delegaci¨®n de Gobierno como la polic¨ªa tratan de culpabilizar y criminalizar a todas las personas registradas para limpiar su imagen y desviar la atenci¨®n de ellos mismos, verdaderos culpables¡±, denunciaron. Con una pancarta que dec¨ªa ¡°Ni recortes ni opresi¨®n¡±, las personas congregadas ¡ªentre las que hab¨ªa profesores y estudiantes menores de edad¡ª expresaron su intenci¨®n de defender sus derechos ¡°con todos los mecanismos jur¨ªdicos y medi¨¢ticos posibles¡±.

¡°Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un p¨¢rrafo explicativo y de forma general¡±, se?alaba Sebasti¨¢n Cabanes, miembro del colectivo Alerta Solidaria, ¡°para atemorizar ante futuras protestas y amedrentar a menores, que son la mayor¨ªa de los afectados¡±

¡°Los procedimientos abiertos se han llevado a cabo con solo un p¨¢rrafo¡±, se?al¨® un miembro de Acci¨® Solidaria

En las notificaciones se les achaca la participaci¨®n en ¡°una concentraci¨®n no comunicada frente a las dependencias policiales, neg¨¢ndose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando des¨®rdenes p¨²blicos y provocando cortes de tr¨¢fico en la v¨ªa p¨²blica¡±, seg¨²n precisa el documento.

¡°Eran detenciones arbitrarias, con prepotencia pol¨ªtica y policial y un despliegue casi militar que supone un punto de inflexi¨®n en los retrasos de las manifestaciones p¨²blicas¡±, declararon los participantes. ¡°La gente se est¨¢ coordinando para alegar y recurrir todas las notificaciones¡±, apuntaron, ¡°porque si se pagan se da por hecho una culpabilidad, y lo que queremos remarcar es que no somos culpables¡±, zanjaron.

¡°Creemos que se est¨¢ produciendo un chantaje¡±, advirti¨® Josep Villanova, uno de los profesores apercibidos, ¡°porque saben que muchos pagar¨¢n por miedo o por preocupaci¨®n de los padres¡±. Adem¨¢s, Villanova destac¨® que las alegaciones se van a fundamentar en que ¡°todo de lo que se nos acusa es falso¡± y que no aparece ¡°ning¨²n nombre m¨¢s que la menci¨®n de la Unidad de Polic¨ªa n¨²mero 3¡±.

Des¨®rdenes graves

Seg¨²n los datos facilitados por la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Valencia, los avisos de sanci¨®n son 230. De ellos, 171 son a personas mayores de edad y 59 a menores. La Subdelegaci¨®n destaca que se basan en las denuncias del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa por lo previsto en la Ley de Protecci¨®n de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, por lo establecido en el art¨ªculo 23d sobre ¡°negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tr¨¢nsito p¨²blico¡± y en el 23n, referente a ¡°originar desordenes graves en las v¨ªas, espacios o establecimientos p¨²blicos¡±. De acuerdo con esta norma, se han considerado los incidentes como infracci¨®n administrativa grave, con 301 euros (cuant¨ªa m¨ªnima que recoge la ley) para los mayores de edad; 200 para los menores de 16 a 18 a?os, que son 53 casos, y 100 euros para los seis que se encuentran en la franja de los 14 a los 16 a?os.

La decisi¨®n de diferenciar entre menores y mayores de edad parte del a?o 2001, despu¨¦s de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La instrucci¨®n adecu¨® el ejercicio de la potestad sancionadora a lo dispuesto en esa ley cuando se refiere a menores, seg¨²n han detallado desde la instituci¨®n.