El Seprona investiga a 21 personas por levantar viviendas en una zona no urbanizable e inundable de Alicante

El propietario de una parcela situada en la pedan¨ªa de El Moralet de Alicante, la m¨¢s alejada del casco urbano, convenci¨® a varias personas para que invirtieran en su terreno. La idea consist¨ªa en trocear la finca en 12 partes para que cada cual construyera su propia vivienda. Los trabajos fueron avanzando, a pesar de que se erig¨ªan sobre suelo no urbanizable e inundable, situaci¨®n que conoc¨ªan todos los implicados, seg¨²n la investigaci¨®n de la Guardia Civil de Alicante. Los empleados en la construcci¨®n, adem¨¢s, eran mayoritariamente trabajadores irregulares sin contrato. Las pesquisas desarrolladas de oficio por el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) desde marzo del pasado a?o culminaron a finales de diciembre y 21 personas han sido imputadas como investigadas por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio e urban¨ªsticos, adem¨¢s de otros contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

La operaci¨®n, denominada Insidias 2, arranc¨® con una inspecci¨®n rutinaria de una patrulla del Seprona en la pedan¨ªa de El Moralet, una zona rural situada a unos 18 kil¨®metros del centro de la capital alicantina y con 2.322 habitantes censados en 2023. En marzo de 2024, la patrulla detect¨® la construcci¨®n de varias viviendas, en distintas fases de ejecuci¨®n, en una parcela situada sobre una rambla y, por tanto, inundable, en la que, adem¨¢s, no estaba permitida la edificaci¨®n. La investigaci¨®n, prolongada durante nueve meses, logr¨® establecer como punto de partida una empresa ficticia gestionada por uno de los investigados, que se presentaba como gerente de la firma y propietario del suelo entre los potenciales compradores.

Esta persona fue capaz de convencer a otros de los investigados por la Guardia Civil para que se asociaran con ¨¦l y montaran una mercantil real que comprara su terreno, de unos 11.000 metros cuadrados, y lo subdividiera en 12 parcelas m¨¢s peque?as en las que cada uno podr¨ªa construir la vivienda que se le antojara. En todo momento, asegura la Guardia Civil, los compradores conoc¨ªan la ilegalidad de la operaci¨®n y la imposibilidad de levantar cualquier inmueble all¨ª.

La construcci¨®n fue avanzando conforme prosegu¨ªa la investigaci¨®n del Seprona. Los empleados se captaban mediante anuncios en las redes sociales, aunque los agentes descubrieron que las cuadrillas estaban formadas por ciudadanos extranjeros, principalmente de origen colombiano, en situaci¨®n irregular. No se les ofrec¨ªa contrato de trabajo ni se les daba de alta en la Seguridad Social. Los obreros carec¨ªan de medidas de protecci¨®n laboral, sus condiciones estaban por debajo de las que establece la legalidad vigente y, en algunos casos, ni siquiera percib¨ªan un salario, ya que los promotores de la urbanizaci¨®n se aprovechaban de su situaci¨®n de vulnerabilidad.

Los investigadores recabaron toda la informaci¨®n posible sobre la situaci¨®n urban¨ªstica del terreno, la legalidad de la empresa promotora e incluso el origen del suministro de agua utilizado para las obras, ya que comprobaron que carec¨ªa de licencia. A finales del pasado diciembre, la operaci¨®n concluy¨® con la imputaci¨®n tanto de los vendedores como de los compradores que formaban parte de este entramado fraudulento, seg¨²n la Guardia Civil, as¨ª como de la persona jur¨ªdica responsable de la parcelaci¨®n ilegal. A uno de ellos se le considera el constructor ejecutor de la mayor parte de las edificaciones. En total, hay 21 investigados, de entre 25 y 66 a?os, 14 hombres, seis mujeres y una persona jur¨ªdica, todos espa?oles salvo uno de nacionalidad armenia, a los que se imputan delitos urban¨ªsticos y contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Toda la documentaci¨®n se ha puesto en conocimiento de un juzgado de Alicante.

El Ayuntamiento parar¨¢ las obras

Fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento de Alicante ¡°ultima la tramitaci¨®n de un expediente¡± sobre esta urbanizaci¨®n irregular y que ¡°emitir¨¢ en breve el decreto de suspensi¨®n de las obras¡±. Adem¨¢s, enviar¨¢ un informe t¨¦cnico a la Agencia Valenciana de Protecci¨®n del Territorio (AVPT), la entidad con competencias en la tramitaci¨®n del expediente de restauraci¨®n urban¨ªstica de la legalidad.

La Concejal¨ªa de Urbanismo tiene 42 expedientes abiertos actualmente por infracciones similares, tipificadas como ¡°graves¡±. Dentro del plan de erradicaci¨®n de asentamientos irregulares en zonas inundables, establecido junto al Seprona y la AVPT, ya han notificado ¡°cinco decretos de suspensi¨®n de obras de reparcelaci¨®n¡±, a los que se sumar¨¢n otros dos en los pr¨®ximos d¨ªas. Estos decretos ordenan la ¡°paralizaci¨®n y suspensi¨®n inmediata de los actos u obras de edificaci¨®n o uso del suelo¡±, ya que se consideran ¡°actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanaci¨®n por estar ejecut¨¢ndose sin ser conformes con el planteamiento municipal¡±.

Desde el Ayuntamiento alicantino apuntan tambi¨¦n que el alcalde, Luis Barcala (PP), ha solicitado a la AVPT que se prioricen las actuaciones en zonas con riesgo de inundaci¨®n, y que est¨¢ en curso un informe jur¨ªdico sobre la legislaci¨®n aplicable en casos de construcci¨®n o usos sobre suelos calificados como ¡°no urbanizables r¨²stico-rambla¡± para agilizar el desmantelamiento de estos asentamientos.