La nueva ley de Canal 9

Les Corts valencianes han empezado ya a tramitar el nuevo Estatuto de Radiotelevisi¨® Valenciana (RTVV). La c¨®moda mayor¨ªa absoluta de que dispone el PP valenciano en la C¨¢mara permite anticipar que la ley que finalmente se apruebe se parecer¨¢ mucho al proyecto remitido desde el Consell. Lo cual ser¨ªa un grave error pues el texto remitido a les Corts perpet¨²a la mayor parte de los problemas estructurales que han conducido a la tremenda crisis que afronta RTVV en estos momentos.

El proyecto aspira a acomodarse al nuevo marco normativo estatal, que ha ido paulatinamente aligerando los requisitos organizativos y relativos a la gesti¨®n que anta?o se impon¨ªan desde el Estado a los gobiernos auton¨®micos sobre c¨®mo deb¨ªan ser y funcionar las televisiones auton¨®micas. La nueva norma pretende aprovechar ese ¨¢mbito para dar m¨¢s libertad a la hora de gestionar la televisi¨®n p¨²blica valenciana.

Sin embargo, el modelo que introduce el proyecto de Estatuto para RTVV no resuelve el principal problema de Canal 9 y causa no menor de su irrelevancia en el panorama comunicativo valenciano: que la ley facilite que sea convertida en televisi¨®n de partido antes que servicio p¨²blico a los ciudadanos. Antes al contrario, el nuevo marco jur¨ªdico aspira a flexibilizar las posibilidades de subcontratar programaci¨®n y a abrir la puerta a una pseudo-privatizaci¨®n de la gesti¨®n, lo que comportar¨¢ siempre y necesariamente un ampl¨ªsimo margen de maniobra de los responsables pol¨ªticos de turno. As¨ª se logra retener en manos de los gestores designados por el gobierno tanto el control editorial como la capacidad para determinar a qu¨¦ empresas privadas vayan los contratos, pero a costa de perpetuar el principal lastre de nuestra televisi¨®n p¨²blica.

RTVV es esencial como servicio p¨²blico para ofrecer una informaci¨®n de proximidad y unos contenidos propios (y en valenciano) que, hoy por hoy, s¨®lo el sector p¨²blico proporciona (a la vista est¨¢ que as¨ª es, basta con echar una mirada a la oferta privada). Para poder lograr ese objetivo es esencial que el Estatuto deje claro cu¨¢les han de ser las finalidades del ente, pero con obligaciones concretas m¨¢s all¨¢ de declaraciones ret¨®ricas. Y, sobre todo, organizando un servicio p¨²blico donde sea imposible la adopci¨®n de decisiones estrat¨¦gicas y editoriales sin un m¨ªnimo debate y consenso. Para ello habr¨ªa que establecer mecanismos que obligaran a una rendici¨®n de cuentas mayor (no puede ser que ciertos contratos de RTVV no puedan ser conocidos por los diputados, como ocurre actualmente, por poner un ejemplo), dar una efectiva capacidad de moderaci¨®n a la oposici¨®n y, muy especialmente, otorgar un estatuto de los profesionales que les garantizara m¨¢s independencia y capacidad de resistencia en sus criterios profesionales.

El Estatuto de RTVV proyectado, en cambio, acrecienta el control de los gestores designados por el partido que manda. El PP comete un grave error al proponer una norma as¨ª, que es mala para la tele y p¨¦sima para todos los valencianos. Pero, adem¨¢s, es mala para el propio PP, que no debiera olvidar que, al igual que le ocurri¨® al PSOE en 1995, puede perder un d¨ªa las elecciones y comprobar c¨®mo todos estos mecanismos que hoy juegan en su favor quedan a disposici¨®n de una nueva mayor¨ªa que tendr¨¢ toda la libertad para decidir si los usan en su beneficio o no.

Blog de Andr¨¦s Boix