La comisi¨®n de los ERE, la n¨²mero nueve
En 30 a?os, solo se han creado ocho comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento Valderas sopes¨® enviar un comunicado contra la posici¨®n de Susana D¨ªaz
En los 30 a?os del Parlamento de Andaluc¨ªa, los grupos han pedido hasta en 133 ocasiones la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n. Solo se aprobaron ocho. Y el jueves de la semana pr¨®xima todos los grupos acordar¨¢n crear la n¨²mero nueve, la que indagar¨¢ ¡°en las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa¡±, la del caso de los ERE.
En la anterior legislatura, los socialistas, con mayor¨ªa absoluta, vetaron su creaci¨®n en las 10 ocasiones que lo plante¨® la oposici¨®n de PP e IU. Ahora, el PSOE es la segunda fuerza parlamentaria y una de las condiciones de IU en el pacto de coalici¨®n es que el Parlamento determine las responsabilidades pol¨ªticas por el uso fraudulento de fondos p¨²blicos en la Consejer¨ªa de Empleo durante casi una d¨¦cada.
Siendo el grupo m¨¢s peque?o de la C¨¢mara, el de IU es el que tiene la sart¨¦n por el mango a la hora de dar el visto bueno o no sobre qui¨¦nes comparecen o sobre la duraci¨®n de la comisi¨®n. La capacidad de maniobra de los 47 diputados del PSOE est¨¢ muy limitada si no la apuntalan los 11+1 diputados de la federaci¨®n de izquierdas (el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel S¨¢nchez Gordillo, va por libre).
La posici¨®n del PSOE ya la ha dejado clara en su condici¨®n de consejera de la Presidencia, Susana D¨ªaz, el martes pasado. ¡°No ve motivo¡± para que ning¨²n miembro del Consejo de Gobierno sea llamado a declarar porque no tuvo conocimiento de los desmanes que se estaban cometiendo. Esta afirmaci¨®n provoc¨® un enorme enojo en Izquierda Unida, sobre todo, del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Este mantuvo una tensa discusi¨®n con Susana D¨ªaz y a punto estuvo de enviar un comunicado de prensa dejando claro que D¨ªaz no hablaba por boca de todo el Gobierno. Al final, se opt¨® por que el portavoz parlamentario de IU, Jos¨¦ Antonio Castro, reconviniese a la consejera a la que inst¨® a ¡°abstenerse¡± de marcar directrices sobre los trabajos parlamentarios.
Todav¨ªa, ni IU ni PSOE han acordado una hoja de ruta com¨²n, aunque s¨ª han hablado de ello. Est¨¢n de acuerdo en que no quieren ¡°ni vetos, ni cacer¨ªa, ni l¨ªneas rojas ni prisas¡±, como se?al¨® Valderas el mi¨¦rcoles. Por ahora, IU no ha tomado una decisi¨®n sobre si apoyar¨¢ que acuda el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n,?y a partir de ah¨ª, cualquier miembro del Gobierno. Tanto Gri?¨¢n como Chaves han dicho que har¨¢n lo que decida la comisi¨®n, al tiempo que algunas voces les est¨¢n aconsejando que pasen a la ofensiva.
El Reglamento declara abiertas las comparecencias en comisiones de investigaci¨®n
Se desconoce a¨²n c¨®mo va a funcionar la comisi¨®n de investigaci¨®n, donde las decisiones se adoptar¨¢n atendiendo al criterio del voto ponderado, ni su duraci¨®n ni la lista de declarantes. Ser¨¢n los tres grupos del Parlamento los que elaboren un plan de trabajo. Lo l¨®gico es que los grupos empiecen reclamando informaci¨®n de un caso que, en los juzgados, acumula cerca de 350.000 folios. El art¨ªculo 52 del Reglamento de la C¨¢mara que regula las comisiones de investigaci¨®n es bastante escueto. El presidente del Parlamento, Manuel Gracia, va a dictar una resoluci¨®n que regular¨¢ algunos aspectos. Se trata de una norma interpretativa con igual rango que un art¨ªculo del Reglamento.
Los letrados han elaborado un borrador que ya tienen todos los miembros de la Mesa. Se aprobar¨¢ en la pr¨®xima reuni¨®n de la Junta de Portavoces. En el texto elaborado, los letrados establecen las garant¨ªas de los comparecientes, el modo de hacer los requerimientos e incorporan las advertencias contenidas en el art¨ªculo 502 del C¨®digo Penal que estima como delito de desobediencia no acudir a una comisi¨®n de investigaci¨®n. Las personas que son llamadas a declarar podr¨¢n hacerlo acompa?adas por un abogado.
Lo que est¨¢ claro es que las comparecencias ser¨¢n p¨²blicas, aunque no las sesiones de debate que celebren sus miembros. El art¨ªculo 70 as¨ª lo establece: ¡°Ser¨¢n secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos de la Comisi¨®n del Estatuto de los Diputados y de la Comisiones de Investigaci¨®n, excepci¨®n hecha en estas ¨²ltimas de las sesiones que tengan por objeto la celebraci¨®n de comparecencias informativas¡±. Fuentes jur¨ªdicas se?alan que el Parlamento puede llamar a declarar a los dos imputados en prisi¨®n preventiva, el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, y el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, aunque el que acudan o no depender¨¢ de que la juez lo autorice.
El ¡®ejemplo¡¯ del PP en Valencia
La experiencia que la Comunidad Valenciana tiene sobre comisiones de investigaci¨®n parlamentarias invita a no tomarlas como ejemplo. Mientras Francisco Camps se mantuvo al frente de la presidencia de la Generalitat, el Partido Popular no acept¨® ninguna de las peticiones de investigar la ramificaci¨®n del caso G¨¹rtel, que en Valencia salpic¨® al propio Camps y a varios de sus consejeros y que ahora, por v¨ªa judicial, investiga la presunta financiaci¨®n irregular del PP y la posible arbitrariedad en la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos desde la Administraci¨®n valenciana.
Con Camps fuera de primera l¨ªnea (dimiti¨® antes de sentarse en el banquillo y salir absuelto en la causa de los trajes), las Cortes han abierto dos comisiones de investigaci¨®n: una, por el saqueo de una entidad p¨²blica de depuraci¨®n de aguas, Emarsa; y otra para intentar arrojar algo de luz al proceso que llev¨® a la intervenci¨®n de la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM) por parte del Banco de Espa?a y a las posibles responsabilidades pol¨ªticas que se pudieran derivar. En ninguna de las dos el PP ha aceptado la comparecencia de miembros del Gobierno valenciano.
La comisi¨®n de Emarsa se abri¨® y cerr¨® en seis meses con un dictamen que no encontr¨® responsabilidad pol¨ªtica ¡°fuera del contexto de la gesti¨®n directa de la propia empresa¡±.
La comisi¨®n de la CAM sigue en marcha y ha llamado a 79 personas entre las que no se encuentran muchos de los que tuvieron responsabilidad pol¨ªtica en su gesti¨®n.
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