El exconsejero Fern¨¢ndez insta a la juez Alaya a ¡°reconducir¡± la investigaci¨®n

¡°?Cu¨¢l ser¨¢ el paso siguiente: considerar sospechosos de participaci¨®n criminal a esos casi 6.000 trabajadores perceptores de las ayudas, imputarlos y reclamarles tambi¨¦n la devoluci¨®n de lo percibido?¡±. El abogado del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, en prisi¨®n preventiva, ha censurado con dureza la ¡°desmesurada¡± e ¡°invasora¡± instrucci¨®n del caso de los ERE por parte de la juez Mercedes Alaya.

El letrado Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo ha recurrido la fianza de 807 millones por responsabilidad civil impuesta a Fern¨¢ndez, y en su escrito critica la tesis de la juez sobre c¨®mo la c¨²pula del Gobierno andaluz se confabul¨® con la Intervenci¨®n General y el gabinete jur¨ªdico de la Junta para dar el visto bueno al fondo para empresas en crisis con la aprobaci¨®n de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa. Del Hoyo ya hab¨ªa recurrido la prisi¨®n preventiva para Fern¨¢ndez y tild¨® los argumentos de Alaya de ¡°escasos, d¨¦biles y estereotipados¡±, pero ahora da una vuelta de tuerca a su estrategia de defensa.

El momento procesal del caso es crucial porque con el exconsejero y su exsubordinado Javier Guerrero en prisi¨®n preventiva y el exch¨®fer de este ¨²ltimo excarcelado, la Audiencia de Sevilla debe decidir si apoya la tesis de Alaya, la fiscal¨ªa y la Guardia Civil de que todo el fondo era ilegal, o por contra limita las irregularidades a las ayudas directas (73 millones), parte del fondo de los ERE o la totalidad de la partida (que cost¨® 1.217 millones con los intereses de demora), seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos.

¡°Tama?a sospecha de generalizada corrupci¨®n, absoluto descontrol y falta de funcionamiento de los mecanismos de fiscalizaci¨®n elementales en el funcionamiento de cualquier Administraci¨®n (...) choca de entrada con una realidad¡± que ignora Alaya, seg¨²n Del Hoyo: de los 5.982 prejubilados, solo en las p¨®lizas de 183 se han observado irregularidades y 72 de ellos eran intrusos (los t¨¦cnicos de la C¨¢mara de Cuentas elevan estas cifras a 323 irregularidades y 126 intrusos).

¡°Estos datos f¨¢cticos no controvertidos significan que aquella tesis de la instrucci¨®n claramente deforma la realidad y hace perder la perspectiva de las cosas¡±. El abogado conf¨ªa en que la instrucci¨®n sea ¡°reconducida¡± y se pase de una ¡°investigaci¨®n generalizada¡± ¡°claramente invasora de competencias funcionales de otro orden jurisdiccional¡±, a otra que investigue solo las ¡°excepciones, desviaciones y abusos¡± cometidos entre 2001 y 2010 en la Consejer¨ªa de Empleo.

Por ¨²ltimo, el recurso resalta que la Junta, acusaci¨®n en el caso, reconoce la legalidad de la inmensa mayor¨ªa de las ayudas y por ello las contin¨²a abonando hoy d¨ªa. Del Hoyo se plantea si la juez intentar¨¢ que la Junta deje de ser acusaci¨®n por su defensa del fondo, que ella considera por completo ilegal.