Se abre una nueva oportunidad para los hijos de muertos en residencias d¨ªas antes de que prescriba el delito

Tras cinco a?os de reveses judiciales, los hijos de los mayores rechazados por los hospitales han cambiado de estrategia. Apuntan ahora contra cuatro responsables de la crisis sanitaria en el Gobierno de Ayuso y 25 m¨¦dicos por el delito de discriminaci¨®n en el acceso a un servicio p¨²blico. Estas nuevas denuncias han aterrizado en los ¨²ltimos d¨ªas en la mesa de los jueces madrile?os justo antes del plazo de prescripci¨®n, que se cumplir¨¢ entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, dependiendo de la fecha de los fallecimientos. Se abre casi en el ¨²ltimo minuto una nueva oportunidad para las v¨ªctimas de residencias y se prolonga un asunto que persigue a la presidenta madrile?a.

La noticia de que los jueces est¨¢n recibiendo estas denuncias la dio la semana pasada el Fiscal General del Estado, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, durante una comparecencia en el Senado. Como ¨¦l mismo cont¨®, los fiscales est¨¢n analizando uno a uno el caso de 115 mayores afectados, para remitir el asunto a los juzgados correspondientes ¡°a la mayor brevedad para evitar la prescripci¨®n de los hechos denunciados¡±. En octubre, las familias presentaron una denuncia colectiva en la Fiscal¨ªa de Madrid, pero el cron¨®metro solo se detiene cuando el asunto llega a manos del juez y esa congelaci¨®n se ha producido en los ¨²ltimos d¨ªas para algunos denunciantes, seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes de la Fiscal¨ªa de Madrid y de dos asociaciones hermanas que les dan amparo legal, Marea de Residencias y Verdad y Justicia.

Esta alternativa para las familias naci¨® el a?o pasado despu¨¦s de haber recibido m¨¢s de 60 archivos de sus querellas por homicidio y omisi¨®n de socorro contra la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso y dos consejeros de su Ejecutivo. De esos procedimientos, a¨²n 27 siguen pendientes, seg¨²n la Fiscal¨ªa.

La nueva denuncia fue anunciada en octubre por las dos asociaciones de familiares, durante un acto en el que posaron con una pancarta delante de la sede de la Fiscal¨ªa de la Comunidad de Madrid, cercana a la Plaza de Col¨®n. Se sustenta en el delito de denegaci¨®n de un servicio p¨²blico por motivos discriminatorios (511 del C¨®digo Penal). Ese tipo penal no contempla si los enfermos fallecieron como consecuencia de la gesti¨®n sanitaria, que es el escollo probatorio con el que se hab¨ªan encontrado los querellantes. Seg¨²n explica la denuncia, se trata de un delito ¡°de mera actividad¡± que no requiere un resultado posterior. Es decir, basta con probar que no se les prest¨® asistencia m¨¦dica por una serie de razones, entre las que se encuentran la enfermedad o la discapacidad.

La pena para funcionarios p¨²blicos por este delito es de uno a dos a?os de c¨¢rcel, multa de 18 a 24 meses e inhabilitaci¨®n temporal para cargo p¨²blico.

Los denunciantes tambi¨¦n apuntan contra distintos responsables. Piden que la investigaci¨®n se dirija, al menos, contra 29 personas. Cuatro estuvieron involucrados en la decisi¨®n por la cual los mayores de residencias enfermos iban a ser supuestamente atendidos en las residencias. Se trata del firmante de los protocolos de no hospitalizaci¨®n, el director general de coordinaci¨®n sociosanitaria, Carlos Mur de V¨ªu; el geriatra al que consideran ¡°ide¨®logo¡± de ese triaje, Francisco Javier Mart¨ªnez Peromingo; el director de las urgencias Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgue?o Carbonell. Adem¨¢s, incluyen el nombre de 25 geriatras que se encargaron de filtrar las peticiones telef¨®nicas de hospitalizaci¨®n de las residencias.

Los hechos descritos son tambi¨¦n m¨¢s amplios que los contenidos en las querellas de 2020, porque no solo se enfocan en los protocolos que la Comunidad envi¨® a los hospitales para descartar mayores enfermos. Adem¨¢s, se describen en detalle otras circunstancias que, en conjunto, buscan probar que se deneg¨® el derecho a la asistencia sanitaria. As¨ª, se incluyen tambi¨¦n la fallida medicalizaci¨®n de las residencias y la exclusi¨®n por el hospital de campa?a de Ifema o los hospitales privados, que hab¨ªan quedado bajo el mando de la Consejer¨ªa de Sanidad.

No todo son buenas noticias para los familiares. Las fuentes consultadas indican que algunos de los 115 casos de la denuncia recibir¨¢n un carpetazo. S¨ª deber¨ªan avanzar hasta el juzgado las denuncias de un peque?o grupo de 19 familiares que piden justicia por primera vez, pero quienes ya se querellaron en 2020, correr¨¢n distinta suerte. En esos supuestos, los fiscales est¨¢n analizando si sus querellas hab¨ªan sido archivadas por los jueces despu¨¦s de un recurso del Ministerio P¨²blico. Si se dan esas dos circunstancias no habr¨ªa manera de reabrirlos, explican fuentes fiscales.

Adem¨¢s, aunque esta acci¨®n de ¨²ltima hora haya detenido la prescripci¨®n, los familiares deben seguir pendientes del reloj. El C¨®digo Penal pide que dentro de seis meses los jueces dirijan el procedimiento contra la persona indiciariamente responsable del delito, es decir que tome alguna acci¨®n contra los 29 denunciados. De lo contrario el plazo se extinguir¨¢ por completo.

Otro asunto a considerar son las opciones de condena, que dividen a los juristas consultados. Es optimista el exmagistrado del Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, vinculado a las asociaciones denunciantes porque fue uno de los expertos que particip¨® en la comisi¨®n ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. ¡°Creo que las posibilidades de ¨¦xito jur¨ªdico son muy serias y no hace falta ir a una facultad de Derecho para verlo¡±, valora. ¡°Siempre pens¨¦ que conectar la causalidad entre los protocolos y las muertes era complicado, pero s¨ª es de una l¨®gica aplastante que lo que hizo la Comunidad de Madrid es un monumento a la discriminaci¨®n por raz¨®n de enfermedad o discapacidad¡±.

Manuel Cancio, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Aut¨®noma de Madrid, tiene una opini¨®n contraria. ¡°Este art¨ªculo 511 est¨¢ pensado por ejemplo para alguien que denegara a los gitanos entrar a un centro de salud, o una empresa de transporte p¨²blico que prohibiera el acceso a los ni?os peque?os porque hacen ruidos¡±, ilustra Cancio. ¡°En cambio veo forzado usarlo aqu¨ª. Es dif¨ªcil demostrar que estas decisiones se hicieron para discriminar porque la defensa puede alegar que se buscaba priorizar los recursos para concentrarlos en las personas con m¨¢s posibilidad de supervivencia. Adem¨¢s, la acusaci¨®n deber¨¢ demostrar el aspecto subjetivo, es decir, que en la mente de los acusados estaba un ¨¢nimo de discriminar¡±.

A su modo de ver, no todo lo pol¨ªticamente inasumible puede traducirse en delito. Y en este caso, dice que por muy desacertadas y horribles que puedan parecer las decisiones de la Comunidad de Madrid sobre las residencias, le parece inapropiado recurrir al C¨®digo Penal.

Sin embargo, muchas v¨ªctimas ven esta oportunidad como su ¨²ltima v¨ªa para obtener una reparaci¨®n que tampoco han logrado fuera de los tribunales.

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