El Tribunal Constitucional falla a favor del impuesto sobre grandes superficies
El tribunal desestima el recurso que el Gobierno del PP present¨® en 2001 contra su creaci¨®n Las empresas han recurrido la ley y han evitado pagar m¨¢s de 120 millones en diez a?os
Aunque una d¨¦cada despu¨¦s, el Tribunal Constitucional (TC) ha dado una alegr¨ªa a la Generalitat y a su pol¨ªtica comercial. Uno de sus ¨²ltimos fallos desestima el recurso que plante¨® en 2001 el Gobierno central, cuando lo presid¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, contra la creaci¨®n del impuesto sobre grandes superficies comerciales. El ejecutivo popular consideraba que el gravamen obedec¨ªa a los mismos criterios que el Impuesto de Actividades Econ¨®micas (IAE) y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por lo acudi¨® a la v¨ªa judicial para derogar la ley aprobada en el Parlamento catal¨¢n.
Con su sentencia, el TC obvia esos argumentos al afirmar que "los impuestos enjuiciados no tienen un hecho imponible id¨¦ntico, lo cual conduce a desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad". Hasta ahora, el tributo ha estado vigente, pero la mayor parte de los operadores de grandes superficies presentes en Catalu?a se negaban a pagarlo, si bien presentaban aval por el importe que les quedaba asignado.
En paralelo al impago del impuesto, buena parte de esos grandes operadores, agrupados en Anged, presentaban recursos a la ley. Seg¨²n la patronal, se trata de un tributo que "deteriora la capacidad de generar empleo y riqueza en un momento en el que es crucial recuperar la confianza tanto de consumidores como de empresas".
Consecuencia de las maniobras de los operadores para evitar pagar el impuesto, el a?o pasado la Generalitat solo ingres¨® 261.000 euros de los 15,02 millones de euros de derechos liquidados. La pr¨¢ctica fue similar en todos los ejercicios desde que se impugn¨® la ley que impulsaba la creaci¨®n del impuesto. As¨ª que ahora estar¨ªan pendientes de cobro m¨¢s de 120 millones de euros. El fallo del Tribunal Constitucional, no obstante, no trata la forma ni el calendario para que las empresas asuman el pago del impuesto, por lo que el Gobierno catal¨¢n no tiene claro si podr¨¢ ingresar esas cantidades.
Seg¨²n la norma auton¨®mica, un operador con una superficie de m¨¢s de 2.500 metros cuadrados de superficie deb¨ªa asumir el pago anual de 17,42 euros por cada metro cuadrado adicional.
El Gobierno catal¨¢n ha celebrado hoy el fallo del alto tribunal, en una reacci¨®n similar al de los peque?os comerciantes, agrupados bajo el paraguas de la Confederaci¨®n del Comercio de Catalu?a, que considera el tributo "un impuesto justo" que resuelve los costes derivados de las grandes superficies.
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