L¨®pez ahonda su brecha con Rajoy por los recortes y la presi¨®n a Bildu
El Gobierno aprueba el decreto que anula el copago sanitario en Euskadi
La crudeza con que se deja ver la distancia entre el Gobierno vasco y el central no deja de aumentar, seg¨²n corre el calendario desde la ruptura por el PP del pacto de apoyo al Ejecutivo de Patxi L¨®pez y a la vez se acerca el 1 de julio, fecha de entrada en vigor del decreto de recortes sanitarios que Euskadi se niega a aplicar. El Ejecutivo aprob¨® ayer su propio decreto, con las previsiones que opone a las del Gobierno central. La previsible subida del IVA es ya tambi¨¦n elemento de desacuerdo y fricci¨®n: el Gabinete de L¨®pez aboga por elevar otro tipo de impuestos y no el que grava por igual a todo el mundo, independientemente de su nivel de renta.
El Ejecutivo del PP puede imponer sus recortes si recurre el decreto vasco
Otro tanto est¨¢ ocurriendo con la gesti¨®n de aspectos concretos abiertos con el fin de ETA. En este ¨¢mbito, ambos Ejecutivos han chocado ya abiertamente sobre las reuniones entre v¨ªctimas y presos arrepentidos, de los que el Ejecutivo del PP ha apartado al de L¨®pez, impulsor de la iniciativa, adem¨¢s de cambiar el planteamiento. Tambi¨¦n han discrepado en la valoraci¨®n de la sentencia de legalizaci¨®n de Sortu, recibida con agrado por el Gobierno vasco. La advertencia a Bildu sobre el riesgo de incurrir en los supuestos de ilegalizaci¨®n contenidos en esa sentencia, por financiar desde el Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n, un documental sobre reclusos etarras, dio ayer una nueva ocasi¨®n a que el Gobierno aut¨®nomo se separara de la doctrina del PP y La Moncloa. ¡°Mucha prudencia¡±, aconsej¨® la portavoz, Idoia Mendia, en su comparecencia de ayer. ¡°Hay que ser extremadamente prudentes. Hablar de esa sentencia para ilegalizar formaciones pol¨ªticas es muy arriesgado y no contribuye al fin que busca el ministro de Interior¡±, dijo. ¡°El Gobierno no quiere entrar en pol¨¦micas, pero ilegalizar, ilegalizan los tribunales; los jueces saben cu¨¢l es la jurisprudencia a aplicar y las opiniones no contribuyen a nada¡±.
Parados, pensionistas y perceptores de la Renta de Garant¨ªa no deber¨¢n pagar
Ambos Gobiernos s¨ª coincidieron en felicitarse de las detenciones en Francia, que Mendia aprovech¨® para emplazar a Amaiur a exigir la disoluci¨®n de ETA en lugar de decir que son perjudiciales. En todo caso, en estas cuestiones se trata de valoraciones, es decir, palabras sin efectos pr¨¢cticos. S¨ª los tienen, en cambio, los hechos y el decreto aprobado ayer es uno determinante. Con ese acto, el Gobierno de L¨®pez se opone frontalmente al real decreto de Rajoy sobre los recortes sanitarios, contra el que ten¨ªa ya presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Auditor¨ªa sobre expedientes de ayudas
La controversia entre el Gobierno y la Diputaci¨®n de Bizkaia por la tardanza en remitir a Lanbide los expedientes para que pueda gestionar la Renta de Garant¨ªa de Ingresos, as¨ª como por el estado de muchos de ellos, ha pasado a mayores. La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, anunci¨® ayer una auditor¨ªa independiente sobre ellos que dir¨¢ qui¨¦n tiene raz¨®n y qui¨¦n miente. ¡°No se trata de presionar¡± a la diputaci¨®n vizca¨ªna, ni de abrir con ella ¡°un enfrentamiento institucional, que no es bueno ni lo que este Gobierno est¨¢ buscando¡±, dijo, pero s¨ª de ¡°acreditar la verdad¡±. ¡°Estamos hablando de algo muy serio, de un derecho subjetivo de personas que no tienen ingresos¡±, justific¨®.
El Gobierno quiere que una auditora independiente ¡°nos diga en qu¨¦ estado se nos entregaron los expedientes y cu¨¢nto retraso acumulaban¡±, porque tras cada uno de ellos ¡°hay personas, con cara y ojos¡± que necesitaban las ayudas.
Mendia se refiri¨® a la documentaci¨®n que Lanbide ¡°ha ido recibiendo con cuentagotas¡± de Bizkaia como ¡°expedientes embalsamados¡±. Se ha perjudica a los interesados, ha acusado, adem¨¢s de forzar al Gobierno a pagar 13 millones de atrasos acumulados, a veces hasta de dos a?os, desde que la persona en cuesti¨®n hizo su solicitud y la resoluci¨®n.
Mendia dio por supuesto que se retirar¨¢n las ayudas a los solicitantes que lleguen con ellas concedidas indebidamente. ¡°Hay casos que llegan a Lanbide con orden de pago de abril, y descubrimos que se trata de personas que viven fuera o incluso que fueron expulsadas del territorio nacional por haber delinquido¡±, asegur¨®.
De su lado, el portavoz de la instituci¨®n foral, Juan Mari Aburto, pidi¨® tambique se ponga fin a ¡°la batalla¡± y que se ¡°saque del debate¡± p¨²blico esta cuesti¨®n.
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que compareci¨® junto a la portavoz para explicarlo en sus l¨ªneas generales, acude ma?ana con ¨¦l bajo el brazo a la reuni¨®n del Consejo Interterritorial previo a la entrada en vigor de los recortes el 1 de julio. Bengoa se reserv¨® las concreciones sobre la mec¨¢nica de la no aplicaci¨®n en Euskadi para el jueves, una vez que ma?ana oiga la ¨²ltima hora del ministerio. S¨ª admiti¨® que espera ¡°como m¨ªnimo, suspicacias¡± hacia la negativa vasca.
El enfrentamiento puede ser m¨¢s que verbal. El Gobierno central tiene en su mano presentar a su vez un recurso contra el decreto vasco y, en este caso, esa acci¨®n tiene efectos suspensivos; es decir, cortocircuitar¨ªa su entrada en vigor y, por tanto, impedir¨ªa al Ejecutivo de Patxi L¨®pez cumplir su promesa de no aplicar los recortes en Euskadi y le obligar¨ªa a hacerlo. El conflicto en este caso estar¨ªa servido. Al Gobierno vasco solo le quedar¨ªa entonces la v¨ªa de la compensaci¨®n a posteriori del gasto que desembolsen los ciudadanos.
El decreto aprobado ayer quiere ¡°mantener el statu quo para los vascos¡± . Por ello, establece previsiones tanto en el mantenimiento de la universalidad de la atenci¨®n, como del copago en su estado actual (40% salvo en los medicamentos de aportaci¨®n reducida), con la excepci¨®n de los pensionistas, que seguir¨¢n sin pagar, y los parados sin subsidio y los perceptores de la Renta de Garant¨ªa, que dejar¨¢n ahora de hacerlo.
El Decreto sobre r¨¦gimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ¨¢mbito de la Comunidad Aut¨®noma Vasca, su nombre completo oficial, garantiza el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios sanitarios a quienes quedar¨ªan excluidos de ellas por el decreto de Rajoy al no tener la condici¨®n de ¡°asegurados o beneficiarios¡±. Se atender¨¢ a cuantos figuren en el Servicio Nacional de Salud, a quienes tengan tarjeta sanitaria vasca anterior al decreto y a las personas que cumplan simult¨¢neamente tres condiciones: estar empadronadas en un municipio vasco desde al menos hace un a?o, percibir la garant¨ªa de ingresos o tener ingresos suficientes a la renta b¨¢sica y no tener acceso a otro sistema de protecci¨®n sanitaria p¨²blica.
Bengoa consider¨® que la competencia de la comunidad para aprobar y aplicar la norma aprobada ayer, est¨¢ ¡°amparada por la legislaci¨®n vigente¡±. Sobre su coste, asegur¨® que cuenta con la ¡°suficiencia financiera¡± para cubrir los tres millones de euros en que est¨¢ calculado.
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