El Supremo confirma la anulaci¨®n del PAI de Patraix por falta de transparencia
Los magistrados concluyen que el plan vulner¨® la libre concurrencia y la no discriminaci¨®n
Otro plan urban¨ªstico cae en Valencia por falta de transparencia. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de 2008 del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anul¨® uno de los Programa de Actuaci¨®n Integrada (PAI) m¨¢s grandes de Valencia, en pleno barrio de Patraix.
El plan urban¨ªstico se planific¨® sobre medio mill¨®n de metros cuadrados, donde estaba prevista la edificaci¨®n de m¨¢s de 3.200 viviendas. Ahora el Consistorio que preside Rita Barber¨¢, perdida la casaci¨®n, est¨¢ obligado a pagar 4.000 euros de costas judiciales.
El contencioso surgi¨® cuando una docena de empresas impugnaron el 25 de octubre de 2002 el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia que aprob¨® el plan conocido como sector SUP, n¨²mero 9 de Patraix. La mayor¨ªa entendi¨® que la Administraci¨®n local incumpli¨® la normativa de contrataci¨®n europea y estatal, es decir, falt¨® transparencia y se vulner¨® la libre competencia en la adjudicaci¨®n del plan a la empresa Desarrollo Urbano de Patraix (Dupsa), que encabeza el promotor Juan Soler.
Los magistrados del TSJ concluyeron en el fallo de 2008 que la adjudicaci¨®n del PAI vulner¨® ¡°los principios de no discriminaci¨®n y libre concurrencia¡±, adem¨¢s de que el urbanizador ¡°no estaba debidamente clasificado para contratar con la Administraci¨®n¡±. Los recurrentes se quejaron de que antes de su aprobaci¨®n, se llev¨® a cabo una modificaci¨®n importante del plan que no se expuso al p¨²blico. ?Qu¨¦ pasar¨¢ ahora con un plan que est¨¢ en ejecuci¨®n desde hace a?os? De momento, la resoluci¨®n del Supremo exige al Consistorio empezar de cero, repetir todo el proceso, explican fuentes jur¨ªdicas.
El Consistorio ha recibido varapalos en Orriols, Sant Llu¨ªs o Torrefiel
¡°Las malas pr¨¢cticas urban¨ªsticas del PP perjudican no solo a las arcas municipales sino a la credibilidad en la gesti¨®n municipal¡±, valor¨® el concejal socialista Vicent Sarri¨¤ tras conocer el contenido de la sentencia.
El Ayuntamiento y la Generalitat deber¨¢n pagar 4.000 euros de costas
La sentencia del PAI de Patraix no es el ¨²nico rev¨¦s judicial que recibe el Consistorio por la gesti¨®n urban¨ªstica. Los socialistas hicieron ayer repaso de los varapalos judiciales que ha recibido el Gobierno local del PP.
Los tribunales anularon el PAI previsto sobre suelo urbano en el Camino de Moncada, adjudicado a la firma Expocasa, y donde se preve¨ªan 750 viviendas y 22.000 metros cuadrados de suelo terciario. En este caso, el Consistorio no acredit¨® el cambio de uso de suelo industrial a residencial y terciario y una de las empresas que no gan¨® el concurso consider¨® vulnerados sus derechos. Ahora mismo, seg¨²n explican los socialistas, el Tribunal Supremo estudia la motivaci¨®n aprobada por un pleno del Ayuntamiento para valorar si es suficiente o debe repetirse el proceso.
Otro de los planes urban¨ªsticos anulados por el alto tribunal es el de Orriols. Los magistrados encontraron defectos de forma en el concurso p¨²blico que tuvo lugar en 1997. Era el sector urbanizable de Orriols, con otras 3.355 viviendas, la mayor¨ªa de ellas ya construidas cuando se conoci¨® la anulaci¨®n. El resultado fue que hubo de repetirse toda la tramitaci¨®n.
En total, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado otros cuatro PAI, previstos sobre suelo urbano, en la Font de Sant Llu¨ªs y otros barrios de la capital.
Otro ejemplo de la pol¨¦mica gesti¨®n urban¨ªstica del Ayuntamiento de la ciudad es la modificaci¨®n del plan del Valencia CF en el solar de la avenida de las Cortes Valencianas. Otra sentencia judicial ha obligado al Gobierno local a encarar de otro modo la modificaci¨®n puntual del PGOU de Valencia para permitir al club de f¨²tbol recalificar una parte del suelo donde se levanta su nuevo estadio. Los tribunales entendieron que la modificaci¨®n no era tan puntual y que deb¨ªa ser informada por la Generalitat, en concreto por la Consejer¨ªa de Territorio. El proceso se repiti¨® y hace poco que sali¨® adelante sin m¨¢s contratiempos.
Por ¨²ltimo, los socialistas ponen de ejemplo lo sucedido con la recalificaci¨®n del edificio de la Tabacalera, cuyo uso se cambi¨® de industrial a residencial ¡°destruy¨¦ndose parte de sus naves¡±. Los tribunales no se han pronunciado todav¨ªa. La oposici¨®n considera que el Ejecutivo local no justific¨® el derribo de las naves laterales y traseras y la construcci¨®n en ese suelo de dos torres de viviendas de nueve alturas.
¡°Son demasiadas sentencias condenatorias que dejan el urbanismo del Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha¡±, concluy¨® Sarri¨¤.
Millones para los Cotino y los Tr¨¦nor
El Ayuntamiento de Valencia pagar¨¢ a los Cotino y a los Tr¨¦nor las expropiaciones de terrenos en el Parque de Cabecera. As¨ª lo acord¨® ayer la Comisi¨®n de Hacienda local. El Consistorio pagar¨¢ 2,8 millones de euros a la empresa Alquer¨ªa Dolores, SL, vinculada a la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a la familia Tr¨¦nor, algo m¨¢s de un mill¨®n de euros. En total, cerca de cuatro millones de euros.
¡°Lo que pod¨ªa habernos costado menos de un mill¨®n de euros, nos va a salir por cerca de ocho millones¡±, denunci¨® el edil socialista de Valencia Pedro S¨¢nchez, que anunci¨® que denunciar¨¢ al Consistorio si los servicios jur¨ªdicos entienden que hubo negligencia en la gesti¨®n de las expropiaciones. S¨¢nchez sum¨® a estas cantidades y las ya pagadas, los intereses que se han generado al dilatarse tanto el proceso.
En julio de 1998 se aprob¨® el proyecto de expropiaci¨®n de los terrenos sobre los que se desarroll¨® el Parque de Cabecera. El Consistorio propuso entonces pagar a estas dos familias de 200.000 euros por la expropiaci¨®n. El Jurado Provincial de Expropiaciones resolvi¨® en 2005 que el valor de los terrenos era de casi un mill¨®n de euros. Los expedientes se quedaron en un caj¨®n, seg¨²n la oposici¨®n, y los terrenos han aumentado su valor, de tal manera que ahora se pagar¨¢ a dos propietarios el mismo dinero que se pag¨® entonces a los restantes 140 expropiados.
El Gobierno local justifica que el proceso se ha alargado tanto porque recurrieron al TSJ al no estar de acuerdo con el aumento de valor del suelo.
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