Construir en terrenos r¨²sticos e inundables: un ¡®negocio¡¯ al alza en Alicante

Dos corderos pastan en una parcela pedregosa sobre la que se ha levantado una chabola con tablones de madera, somieres y grandes bidones de pl¨¢stico. Los techos, de uralita, est¨¢n fijados con bloques de hormig¨®n, para que no se vuelen. En otra parcela cercana, una cuadrilla de alba?iles mueve una gr¨²a, traslada tablones y fabrica una plancha de hormig¨®n sobre la que, en breve, se levantar¨¢ una vivienda. Ni estas, ni las decenas de construcciones similares que se reparten por la partida rural de Verdeg¨¢s, en Alicante, tienen licencia urban¨ªstica. Forman parte de la proliferaci¨®n de asentamientos ilegales que se extiende de manera exponencial por terrenos rurales no urbanizables y que, en ocasiones, se sit¨²an sobre zonas inundables. Un negocio en auge que ha contagiado todas las pedan¨ªas de Alicante y que, seg¨²n el Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se ha disparado por toda Espa?a.

La Asociaci¨®n de Vecinos de la Ca?ada del Fenollar, otra de las partidas rurales alicantinas, llevan denunciando estos asentamientos desde marzo de 2024, comenta su secretario, Jos¨¦ Cremades. ¡°Es un fen¨®meno imparable¡±, asegura. ¡°A partir del problema de la falta de viviendas, han nacido organizaciones especuladoras¡±, agrega Cremades, que compran terrenos no urbanizables a precios irrisorios y los subdividen ilegalmente. Luego, contin¨²a, ¡°ofrecen las parcelas en p¨¢ginas de venta como Wallapop o Idealista¡±, con reclamos como ¡°terrenos listos para una mobile home [casas prefabricadas]¡± o, incluso, ¡°con vistas al mar¡±.

En la Ca?ada, uno de estos promotores ha comprado un terreno a menos de tres euros el metro cuadrado, cuenta Cremades, por un precio total de 28.000 euros. ¡°Ahora, lo ha dividido en 10 o 12 parcelas que vende a 14.000 euros¡±. Por un costado de esta parcela se aprecia perfectamente c¨®mo baja una torrentera seca. ¡°Cuando llegue otra dana, que llegar¨¢, todo esto se inundar¨¢¡±, vaticina.

El representante vecinal gu¨ªa a EL PA?S por la Ca?ada y Verdeg¨¢s. Los asentamientos salpican todo el territorio. ¡°En zona r¨²stica, lo ¨²nico que se puede hacer es pedir un vallado perimetral o construir una caseta de aperos de 30 metros cuadrados¡±. En el t¨¦rmino municipal de Alicante, regido por el plan urban¨ªstico de 1987, ¡°solo se puede levantar una vivienda si la parcela mide m¨¢s de 20.000 metros cuadrados¡±. Sin embargo, en las decenas de parcelaciones que se ven desde los caminos, cicatrizados por ramblas sin canalizar, hay todo tipo de edificaciones.

¡°Casi todo son autocaravanas¡±, se?ala, ¡°pero tambi¨¦n chabolas, contenedores de puerto, prefabricadas de madera y hasta chal¨¦s de ladrillo¡±. Cremades comenta que carecen de permisos de luz, de agua y de obra, pero que se enganchan a los conductos de agua de riego e instalan placas solares. ¡°Nos instalamos aqu¨ª para gozar de una vida m¨¢s sana, en pleno campo, sin aglomeraciones¡±, dice, ¡°pero ahora, los vecinos, que eran abiertos y confiados, est¨¢n hura?os y ariscos, nadie comenta nada, han llegado a recibir amenazas¡± por parte de los promotores de las viviendas ilegales.

La asociaci¨®n vecinal ha interpuesto 29 denuncias por la v¨ªa administrativa, ante el Ayuntamiento que, en principio, ¡°no respondi¨® a ninguna¡±. La ¡°inacci¨®n¡± de la concejal¨ªa de Urbanismo les llev¨® a elevar una queja al S¨ªndic de Greuges (el defensor del pueblo valenciano), que inst¨® al ayuntamiento a contestar. Detalla Cremades que en paralelo han interpuesto 16 denuncias ante la Agencia Valenciana de Protecci¨®n del Territorio (AVPT), dependiente de la consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, y otras 26, por la v¨ªa penal, ante el Seprona, que han activado la maquinaria contra los asentamientos y han dado ¡°un rayo de luz¡± a los habitantes de las partidas rurales.

¡°Se han abierto 23 expedientes de restauraci¨®n de la legalidad urban¨ªstica¡±, confirman fuentes de Medio Ambiente, y agregan que ¡°en todos ellos se ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante el informe t¨¦cnico necesario para la incoaci¨®n del procedimiento de restauraci¨®n¡±. Aseguran que, hasta la fecha, el consistorio ha remitido ¡°cinco informes t¨¦cnicos, se han incoado tres expedientes, y se van a incoar en breve los otros dos que han sido informados¡±. Todas las resoluciones acuerdan la paralizaci¨®n y suspensi¨®n de las obras en curso y la retirada de materiales existentes en la parcela. Por su parte, fuentes municipales ampl¨ªan estos informes hasta 11 expedientes, de los que 10 incluyen decreto de paralizaci¨®n de obras. Aun as¨ª, insisten en que ¡°no existen datos que nos permitan hablar de un crecimiento exponencial de este tipo de irregularidades en Alicante¡±.

La intervenci¨®n del Seprona, comenz¨® de oficio, sin que constaran denuncias, seg¨²n declara el cabo primero Crist¨®bal Olmedo, jefe del organismo en Alicante. Empezaron a ver los primeros asentamientos en otra partida rural, El Moralet, que, seg¨²n se?ala, es donde se concentra el mayor volumen de este negocio il¨ªcito. ¡°Pero ahora el crecimiento es exponencial¡±, ratifica. En menos de un a?o, han certificado una treintena de casos, con unas 250 parcelas en total, que se extienden por la Ca?ada, Verdeg¨¢s y Fontcalent, principalmente.

Las construcciones son ilegales, se sancionan con multas coercitivas por la v¨ªa administrativa, pero tambi¨¦n conllevan responsabilidad penal. ¡°Se levantan en terrenos r¨²sticos no urbanizables y, algunas de ellas, en otros de especial protecci¨®n, por ser inundables¡±. La parcelaci¨®n est¨¢ prohibida y, como obras il¨ªcitas, ¡°no contemplan normas urban¨ªsticas como la separaci¨®n de servidumbre con otras fincas colindantes¡±, o el enganche al suministro de agua. Olmedo tambi¨¦n alerta de que esta pr¨¢ctica puede suponer un delito contra el medio ambiente, dado que ¡°generan aguas grises que no siempre se derivan a fosas s¨¦pticas impermeabilizadas, por lo que pueden contaminar acu¨ªferos y aguas subterr¨¢neas¡±.

Un mismo patr¨®n

Las operaciones inmobiliarias de este tipo siguen siempre el mismo patr¨®n. Los vendedores, espa?oles y generalmente con v¨ªnculo en las partidas rurales, de los que ya se ha identificado ¡°a tres o cuatro¡±, compran las parcelas r¨²sticas ¡°a tres euros el metro cuadrado¡±. Luego difunden la parcelaci¨®n por las redes sociales y venden cada divisi¨®n, de unos mil metros, a 15.000 euros, aproximadamente. ¡°Son quienes se reparten el pastel¡±, asegura el responsable del Seprona. ¡°Podr¨ªa tratarse de un grupo organizado, pero en realidad se hacen la competencia entre ellos¡±. La t¨¦cnica es la siguiente: escrituran como copropietarios de un terreno indiviso, captan a los compradores, van al notario y venden. Todo se constata mediante las actas de parcelaci¨®n f¨ªsica, con las que ¡°se intenta individualizar la actividad en cada parcela e identificar a los titulares¡±.

Entre los compradores ¡°hay de todo¡±, seg¨²n cuenta Olmedo, incluso los que buscan segundas residencias, pero la mayor¨ªa, dice, es de un nivel econ¨®mico medio-bajo, y se enfrentan a penas de un a?o y medio a cuatro a?os de prisi¨®n. El cabo de la Guardia Civil no cree que sean conscientes de ello: ¡°Se les advierte de las sanciones municipales, que pagan entre todos los integrantes del asentamiento, pero no contemplan la responsabilidad penal¡±.

Sin embargo, la operaci¨®n Insidias 2, llevada a cabo por el Seprona en El Moralet, desvel¨® una estrategia ¡°pionera¡±. Los compradores de una parcela de 11.000 metros no urbanizable e inundable crearon una sociedad unipersonal para su adquisici¨®n, revela Olmedo, y luego lo que vendieron fueron participaciones societarias en la mercantil, de la que el promotor de la venta acaba por retirarse. De esta forma, ¡°el vendedor se quita de en medio, la sociedad ser¨¢ la responsable de cualquier delito y no hay impuestos patrimoniales, ni plusval¨ªas, ni nada¡±. Esta investigaci¨®n concluy¨® el pasado mes de diciembre con 21 investigados, entre ellos una persona jur¨ªdica, a los que se imputan delitos urban¨ªsticos y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, ya que los agentes detectaron que los obreros carec¨ªan de documentaci¨®n en regla y no se les hab¨ªa ofrecido un contrato ni se les hab¨ªa dado de alta en la Seguridad Social.

El jefe del Seprona en Alicante, que incluso ha descubierto entre los asentamientos una obra de ladrillos revestida con paneles de madera para hacerla pasar por prefabricada, sostiene que estas infracciones urban¨ªsticas ¡°est¨¢n proliferando en muchos puntos de Espa?a¡±. Admite que la falta de vivienda y el auge de los precios ¡°puede influir¡±. Los datos que maneja el Ministerio del Interior apuntan hacia un incremento en el n¨²mero de casos de delitos sobre ordenaci¨®n del territorio y el urbanismo en casi todas las comunidades aut¨®nomas desde 2023, aunque no pueden precisar cu¨¢ntos est¨¢n relacionados con estos asentamientos en zonas r¨²sticas e inundables.

En este ¨¢mbito, Andaluc¨ªa es la m¨¢s perjudicada, de largo, con 293 casos en 2023 y 274 entre enero y septiembre de 2024. Otras comunidades como Canarias (155 y 92 casos, respectivamente), Madrid (73 y 56) y Catalu?a (40 y 23) ocupan los puestos m¨¢s altos. Entre las m¨¢s afectadas, la Comunidad Valenciana (21 y 39) es la ¨²nica que creci¨® en 2024. El total nacional ha pasado de 669 casos en 2023 a 570 en los primeros nueve meses del a?o pasado.