Anticorrupci¨®n mantiene la acusaci¨®n a Castedo y Alperi por ama?ar el PGOU

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n mantiene la acusaci¨®n a los alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis D¨ªaz Alperi, por los supuestos delitos de tr¨¢fico de influencias, uso privilegiado de informaci¨®n y cohecho, derivados del ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad a favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El juez que dirige esta pieza del caso Brugal, el titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, ha dado por cerrada la instrucci¨®n y ultima el escrito de motivaci¨®n razonada para enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dada la condici¨®n de aforados de ambos acusados. Castedo es diputada auton¨®mica desde mayo de 2011 y Alperi desde el mismo mes de 2007.

El titular del destacamento de Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, ya ha remitido al Juzgado instructor su escrito (preceptivo, aunque no vinculante para el sentido final de la resoluci¨®n del magistrado instructor). En este documento, Briones reproduce, en l¨ªneas generales, la acusaci¨®n de su primer escrito. En el primitivo, el fiscal acusaba a 21 personas, entre ellas Castedo y Alperi. Seg¨²n el fiscal, ambos altos cargos del PP condicionaron la redacci¨®n del PGOU a los intereses urban¨ªsticos del promotor Ortiz a cambio de d¨¢divas..

Cree que condicionaron el Plan General en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz

El ministerio p¨²blico sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del planeamiento a trav¨¦s del despacho de abogados, propiedad de Jos¨¦ Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Guti¨¦rrez.

De los 21 acusados inicialmente por el fiscal, 17 han quedado finalmente imputados tras declarar ante el instructor. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jes¨²s Quesada, y Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez.

El magistrado no ha interrogado ni a Castedo ni a Alperi por su condici¨®n de aforados. Este extremo competer¨¢ al TSJ, en el supuesto de que el alto tribunal los impute formalmente.

Orihuela

Por otro lado, la junta de Gobierno de Ayuntamiento de Orihuela, en manos del tripartito (PSPV, Liberales y los Verdes) ha acordado personarse como perjudicado en otra pieza del caso Brugal, la que indaga otro supuesto ama?o de la contrata de basura del municipio en favor del empresario ?ngel Fenoll. En este sumario hay 40? imputados, entre ellos, los dos ¨²ltimos alcaldes del PP, Jos¨¦ Manuel Medina y M¨®nica Lorente, adem¨¢s de una decena de concejales y exediles populares.

La personaci¨®n, seg¨²n una nota oficial del Ayuntamiento, persigue ¡°pedir responsabilidades personales a los concejales que en su d¨ªa apoyaron la adjudicaci¨®n del servicio municipal de basuras a la UTE que prest¨® el servicio hasta el pasado mes de mayo¡±. Esa UTE est¨¢ compuesta por las firmas Sufi, Gobancast y Liasur. Estas dos ¨²ltimas, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, son falsas y constituyen en realidad la tapadera de la que se vali¨® Fenoll para hacerse con la contrata.