La Junta reclama 52.000 euros de los ERE a una edil de IU en Sevilla
El PP pretende que Josefa Medrano comparezca en la comisi¨®n parlamentaria
La Junta ha reclamado a la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla Josefa Medrano 52.419 euros que ha percibido como prejubilada en el ERE (Expediente de Regulaci¨®n de Empleo) de la empresa tabacalera Altadis.
La raz¨®n es que la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, Innovaci¨®n, Ciencia y Empleo estima que Medrano no debi¨® compatibilizar el cobro de su p¨®liza como prejubilada con su sueldo como edil de Participaci¨®n Ciudadana en el Consistorio sevillano. As¨ª est¨¢ reflejado en los registros de la Seguridad Social consultados por los funcionarios y auditores de la C¨¢mara de Cuentas andaluza, que durante el ¨²ltimo a?o han peinado los listados de trabajadores de los ERE subvencionados por la Junta. Y ese doble sueldo contraviene las condiciones por las que Medrano se acogi¨® al expediente para prejubilarse.
La n¨²mero dos de la lista de IU no es intrusa: s¨ª trabaj¨® en Altadis
Al conceder las ayudas sociolaborales a los prejubilados, una de las condiciones que la Junta argumentaba para subvencionar un ERE era la dificultad de los trabajadores para reincorporarse al mercado laboral. Al estar trabajando y encima en un puesto de relevancia p¨²blica y con alta remuneraci¨®n como concejal de la capital andaluza, Josefa Medrano incumpli¨® esta condici¨®n por la que fue incluida en el ERE.
La Junta a¨²n debe ingresar a Medrano una gran cantidad de dinero por la p¨®liza que suscribi¨® y que supera la hasta ahora cobrada. El pasado 30 de abril la edil present¨® sus alegaciones ante la consejer¨ªa bas¨¢ndose en que el dinero que percibi¨® era parte de la indemnizaci¨®n por despido que le correspond¨ªa tras su etapa en la firma tabacalera.
La concejal presidi¨® el comit¨¦ de empresa de la? tabacalera
La edil es el primer cargo relevante de Izquierda Unida (fue la n¨²mero 2 de la lista por Sevilla) implicada en el caso de los ERE, que ha afectado principalmente a cargos del PSOE vinculados a la Junta. Medrano, pareja del referente de IU Felipe Alcaraz, figura como uno de los 141 procedimientos abiertos por irregularidades administrativas en Empleo y no como intrusa, ya que s¨ª trabaj¨® en la compa?¨ªa Altadis. La concejal rechaz¨® opinar para este diario pese a las reiteradas ofertas que recibi¨® la semana pasada.
El pasado viernes el PP incluy¨® a Medrano en su listado de personas propuestas para que comparezcan ante la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento. Aunque tanto PSOE como IU podr¨ªan rechazar la propuesta y evitar as¨ª que la concejal Medrano comparezca para explicar las circunstancias de su prejubilaci¨®n.
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, acus¨® a Medrano de prevaricaci¨®n por prohibir un homenaje al escritor franquista Agust¨ªn de Fox¨¢ durante su etapa en el equipo de gobierno municipal, aunque finalmente result¨® absuelta. El juez de lo Penal estim¨® que la edil tom¨® una decisi¨®n ¡°apresurada e inmotivada¡± para prohibir el acto, pero que no incurri¨® en una ilegalidad ¡°terminante y grosera¡±. Antes de su etapa como concejal, Medrano presidi¨® el comit¨¦ de empresa de Altadis por Comisiones Obreras y en 2005 se acogi¨® al ERE que afect¨® a 209 trabajadores en Sevilla y 176 en la factor¨ªa de C¨¢diz.
Est¨¢ por ver la postura que tomar¨¢ la direcci¨®n de Izquierda Unida, socio de coalici¨®n con el PSOE en la Junta, respecto al cobro por duplicado de la edil, y si entrar¨¢ a valorarlo desde el punto de vista ¨¦tico y pol¨ªtico adem¨¢s del legal. Hasta ahora, una decena de dirigentes socialistas han renunciado a su militancia o han sido expulsados despu¨¦s de ser se?alados en el caso de los ERE con m¨¢s o menos pruebas en su contra. Entre ellos figura el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, que dej¨® de ser militante socialista el pasado abril cuando la juez Alaya lo env¨ªo a prisi¨®n provisional sin fianza imputado por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, cohecho, falsedad en documento mercantil, negociaciones prohibidas a los funcionarios y obtenci¨®n indebida de subvenciones p¨²blicas.
La investigaci¨®n de los funcionarios de la Junta deparar¨¢ nuevas sorpresas, ya que a¨²n quedan por analizar una quincena de expedientes. Simultanear varias rentas, pese a que una de ellas provenga de la Administraci¨®n por los prejubilados, est¨¢ vedado seg¨²n la Junta y los auditores de la C¨¢mara de Cuentas. Y esos abusos, amparados en la ¨¦poca de vacas gordas, se multiplicaron al ritmo de una picaresca con muchos ceros. Las p¨®lizas han llegado a rondar hasta 400.000 y 500.000 euros, con excepciones que llegaron al mill¨®n de euros, como el anterior director general de la firma Anovo, un expediente que cost¨® al erario p¨²blico nada menos que 20,8 millones de euros.
Por otra parte, un informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha desvelado que Encarnaci¨®n Poto, imputada en el caso de los ERE como presidenta de Aceitunas y Conservas (Acyco), percibi¨® 839.086 euros entre 2003 y 2011, aunque sigui¨® trabajando como miembro del consejo de administraci¨®n de la sociedad. Poto posee bienes inmuebles por valor de 230.880 euros.
Examen de los ERE ¡®muertos¡¯
La revisi¨®n de los denominados ERE muertos, expedientes que ya fueron abonados por la Junta, es una realidad desde hace meses. Al abrigo del cambio de Gobierno, el Ejecutivo dio su brazo a torcer despu¨¦s de que el PP le pidiera en numerosas ocasiones que los funcionarios indagaran sobre la presencia de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en los primeros expedientes subvencionados desde 2001. Son alrededor de una quincena de compa?¨ªas, entre ellas Heineken, Jerez Industrial o Hijos de Andr¨¦s Molina, cuyo expediente origin¨® el fondo para empresas en crisis tras los reparos de la Intervenci¨®n General.
Las irregularidades han acompa?ado a los ERE desde que hace un a?o y medio se inici¨® la investigaci¨®n en la Consejer¨ªa de Empleo, cuyos funcionarios han revisado unos 85 ERE vivos (del total de 102 tramitados entre 2001 y 2010) que ata?en a unos 6.084 trabajadores que hoy perciben p¨®lizas. Entre estos prejubilados la investigaci¨®n ha identificado a 323 personas que no tienen derecho a percibir ayudas sociolaborales, de los cuales 126 son intrusos y el resto presentan irregularidades administrativas. Es previsible que la cifra aumente con la investigaci¨®n puesta en marcha recientemente. El fraude de estas 126 personas asciende a 12,3 millones, tal y como reflej¨® el avance del informe de la C¨¢mara de Cuentas, cuyo equipo de auditores ha trabajado codo con codo junto a los funcionarios de Empleo durante un a?o.
La revisi¨®n de los ERE incluye la comprobaci¨®n de listados para descubrir a las personas ajenas a las empresas. Sin embargo, la concesi¨®n de la subvenci¨®n de los ERE a los empresarios que se ahorraban su coste no se ha cuestionado tal y como se ha hecho con las ayudas directas a empresas, que la Junta estima est¨¢n mal dadas. Ello a pesar de que los auditores denunciaron que la mayor¨ªa de los expedientes no contaban con una solicitud formal de la ayuda por parte de los empresarios.
Esta ampliaci¨®n en la investigaci¨®n de los ERE por parte de la Junta corre en paralelo a la de la juez Mercedes Alaya, que s¨ª analiza desde marzo de 2011 los expedientes muertos. Hasta ahora, el Gobierno manten¨ªa que no iba a investigar por investigar sin que medien sospechas sobre esos expedientes. Pero tras la proliferaci¨®n de polizones, los indicios para encontrar nuevas irregularidades parecen fundados.
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