Lanbide retira las ayudas sociales a uno de cada diez perceptores
Suma 5.600 subsidios suspendidos este a?o, con los que prev¨¦ un ahorro de 48 millones
En seis meses de gesti¨®n de las ayudas sociales, Lanbide ha iniciado la suspensi¨®n de las dos principales ayudas sociales ¡ªla Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda¡ª a una de cada diez personas que las reciben, unas cifras que mitigar¨¢n el fuerte incremento de concesiones de ayudas que se est¨¢ registrando debido a la crisis, con 58.000 familias.
El Servicio vasco de Empleo ha dado a conocer hoy los datos de la segunda oleada de control de los perceptores, que se ha saldado con la suspensi¨®n cautelar de la ayuda a 3.637 nuevas familias. Sumadas a una ronda anterior, de 2.031 personas ilocalizadas, son 5.668 familias, el 9,7% del total de perceptores, casi uno de cada diez.
La segunda oleada de suspensiones alcanza a 3.600 familias
Los motivos son tres: la negativa a entrar en un plan de empleo ¡ª787¡ª, el rechazo a acudir a una cita con el orientador laboral de Lanbide ¡ª2.780 casos, a los que a partir del pr¨®ximo curso se podr¨ªan sumar nuevos casos, ya que solo se ha iniciado el proceso con 19.000 de los 27.000 perceptores previstos¡ª o estar ilocalizable cuando el Servicio vasco de Empleo trat¨® de contactar con estas personas para ofrecerles una de estas dos v¨ªas. Estos supuestos est¨¢n recogidos en la Ley para la Garant¨ªa de Ingresos como condiciones para recibir las ayudas, bajo el paraguas de la obligaci¨®n de estar disponibles para el empleo y la exigencia de suscribir un convenio de inclusi¨®n en el que se comprometen a participar en el proceso de activaci¨®n. Hay algunas salvedades, como las personas en alta exclusi¨®n.
Rechazaron entrar en un plan de empleo o la orientaci¨®n laboral
A estas suspensiones se suma el sorprendente caso de 70 delincuentes que antes de diciembre fueron expulsados del pa¨ªs por diez a?os y que segu¨ªan cobrando ayudas. Entre los 3.600 casos hay algunos como el de un perceptor de Bizkaia, que no consta que haya acudido a los servicios sociales desde hace siete a?os.
El porcentaje de rechazos es muy superior a las negativas que tuvo una prueba realizada con la RGI en ocho municipios entre 2010 y 2011, en los que las negativas fueron residuales. Ayer, desde los colectivos sociales que trabajan con las personas que reciben ayudas calificaban como ¡°pr¨¢cticamente imposible¡± que se haya dado semejante n¨²mero de negativas. Dentro de la segunda oleada de controles, centrada en la formaci¨®n y en la activaci¨®n para el empleo, tambi¨¦n se encuentran personas ilocalizadas, aunque Lanbide no quiso dar la cifra. Estas podr¨ªan ser, seg¨²n reflexionaban fuentes que conocen el proceso, algunas de las que en la primera criba reaparecieron ¡ªen un principio no se localiz¨® a 7.000 pero 5.000 aparecieron cuando se anunciaron las suspensiones¡ª para certificar su lugar de residencia en Euskadi. Algunas de estas habr¨ªan vuelto a resultar ilocalizables al tratar de ser contactadas para ser activadas.
Lo que dice la ley
- La Ley para la Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n social establece unos requisitos para pedir ayudas sociales y unas obligaciones que los perceptores tienen que cumplir mientras las reciben.
- Entre las obligaciones est¨¢ la de estar disponible para el empleo. Adem¨¢s, hay que firmar un convenio de inclusi¨®n activa en el que el perceptor se compromete a participar en actividades de formaci¨®n y b¨²squeda de trabajo. No cumplir con ¨¦l supone una suspensi¨®n (temporal) de la prestaci¨®n.
El resultado final es que 5.668 familias van a ver c¨®mo entre los meses de junio, julio y agosto dejan de recibir en sus cuentas entre 604 euros y 858, dependiendo del tipo de familia que sea. En un comunicado remitido a los medios ayer, el Gobierno aseguraba que esta segunda ¡°operaci¨®n de control¡± supondr¨¢ un ahorro anual de 30,6 millones, que se sumar¨ªan a los 17,28 millones de la anterior. En total, 47,88 millones anuales ¡ªaunque son suspensiones que, un mes despu¨¦s, y tras subsanar el incumplimiento, se pueden eliminar y, por tanto, se recupera la ayuda¡ª, el 12,3% del presupuesto.
Estar disponible para el empleo es una de las obligaciones que recoge la Ley para la Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n Social. No solo para los titulares de una prestaci¨®n, ya que, al entenderse que toda su familia es beneficiaria todos los mayores de 23 a?os que no estudien o que no tengan una discapacidad deben formar parte de las actividades de orientaci¨®n y formaci¨®n de Lanbide. La ley es ahora m¨¢s estricta con los perceptores, porque desde diciembre de 2011, cuando fue modificada la ley de 2008, est¨¢ incluida la obligaci¨®n de aceptar un ¡°empleo adecuado¡±. Al rechazarlo, se extingue el derecho a recibir la RGI.
Lanbide ha realizado la criba de la orientaci¨®n con 19.000 de los 27.000 perceptores de la RGI que pueden ser activados. Aa¨²n quedan otros 8.000 que empezar¨¢n a ser llamados el pr¨®ximo curso. Entre ellos, Lanbide estima que habr¨¢ nuevos rechazos.
A vueltas con las suspensiones
La Ley para la Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n Social establece que ¡°la suspensi¨®n del derecho a la renta de garant¨ªa de ingresos implicar¨¢ la suspensi¨®n del pago de la prestaci¨®n a partir del primer d¨ªa del mes siguiente al de la fecha de suspensi¨®n y se mantendr¨¢ mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma¡±. En un comunicado, Lanbide explicaba hoy que las suspensiones cautelares se har¨¢n en julio. Preguntados sobre cu¨¢ndo se han enviado las notificaciones a los perceptores, se?alaron que estas se est¨¢n realizando ¡°ahora¡±, en julio y reiteraron que la "mayor¨ªa" de las ayudas se suspender¨¢n en la n¨®mina de este mismo mes. Cuestionados por la literalidad de la ley, que te¨®ricamente retrasar¨ªa la suspensi¨®n de los pagos hasta agosto, desde el Servicio vasco de Empleo explicaron el mecanismo que emplean: el procedimiento habitual es notificar al perceptor, darle 15 d¨ªas para presentar alegaciones, resolverlas, notificar el sentido de esta resoluci¨®n y, en su caso, retirar el pago. Desde los colectivos sociales insist¨ªan ayer en se?alar que ¡°Lanbide se est¨¢ saltando los pasos para realizar las suspensiones cautelares¡± y aseguraban que el hecho de no acudir a una cita con el orientador ¡ªmotivo por el cual autom¨¢ticamente se recoge en el sistema inform¨¢tico la suspensi¨®n cautelar¡ª. En numerosas recomendaciones y en el pleno monogr¨¢fico sobre su actuaci¨®n en el Parlamento, el Ararteko pidi¨® una ¡°reflexi¨®n¡± sobre la forma en que se realizan estos procesos.
Entre los perceptores suspendidos, el 79,82% es de Bizkaia, el 11,34% de Gipuzkoa y el 8,84% de ?lava. El ¨²nico que aumenta en el porcentaje respecto a la primera oleada, la de los ilocalizados, es Bizkaia.
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