El juez acusa a Castedo y Alperi de hacer un PGOU a medida de Ortiz

La implicaci¨®n de los dos ¨²ltimos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis D¨ªaz Alperi, en la trama pol¨ªtico-empresarial que indaga el caso Brugal subi¨® este jueves otro escal¨®n judicial: Ambos han pasado de estar acusados por el Fiscal Anticorrupci¨®n de modificar el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad a la medida de los intereses urban¨ªsticos del promotor Enrique Ortiz a serlo por los mismos hechos por el juez que instruye esta causa.

El titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, Manrique Tejada, acusa a la alcaldesa y al exregidor de los supuestos delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias y uso privilegiado de informaci¨®n.

El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ¡°por concurrir la necesidad de imputaci¨®n formal de Alperi y Castedo¡±. Ser¨¢ el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora y su antecesor, ambos diputados auton¨®micos, por ser aforados.

En su escrito de motivaci¨®n razonada remitido en la ma?ana de este jueves al TSJ, el juez asegura: ¡°[...] Indiciariamente resulta la percepci¨®n y/o solicitud de d¨¢divas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisi¨®n de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron informaci¨®n que no deb¨ªa ser p¨²blica relativa al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atenci¨®n a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al inter¨¦s particular¡±.

El TSJ designa al juez Climent, el que juzg¨® a Camps, instructor del caso

Tras conocer la resoluci¨®n del magistrado, la oposici¨®n municipal se aprest¨® a exigir la dimisi¨®n de Castedo. ¡°No piensa dimitir¡±, respondieron fuentes del entorno de la regidora. Tampoco la direcci¨®n de los populares valencianos ha dado hasta ahora ning¨²n paso expl¨ªcito encaminado hacia la destituci¨®n de Castedo al frente del Gobierno de Alicante. El PP espera a la imputaci¨®n formal de la regidora para exigirle su renuncia.

El promotor Ortiz est¨¢ imputado en esta causa y en otras piezas del sumario general caso Brugal, como la que indaga un supuesto soborno al exl¨ªder del PP de Alicante Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll por la basura de La Vega Baja.

El supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz tuvo lugar en la recta final del tr¨¢mite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobaci¨®n provisional del documento por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento a¨²n no ha sido autorizado por la Generalitat.

El TSJ ha designado ya al magistrado Juan Climent como instructor de esta causa. Climent presidi¨® el tribunal que juzg¨® al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el juicio por los trajes.

El juez Manrique Tejada considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan General relacionados con varios proyectos en los que ten¨ªa inter¨¦s, entre ellos, la remodelaci¨®n del estadio Rico P¨¦rez, donde juega el H¨¦rcules CF. Tanto el campo como el equipo de f¨²tbol son propiedad del promotor.

La polic¨ªa cifr¨® el supuesto pelotazo de Ortiz en 120 millones de euros

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa informaci¨®n privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en las zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU para luego trasvasar la edificabilidad a otras ¨¢reas urbanas de la ciudad. ¡°Respecto al beneficio econ¨®mico de la revisi¨®n del planeamiento el mismo se pod¨ªa obtener no s¨®lo por la posible compra de suelo no urbanizable reclasificado en urbanizable, sino tambi¨¦n por la adquisici¨®n de suelo no urbanizable reclasificado como parque natural y adscripci¨®n a una u otra zona de suelo urbanizable¡±, razona el juez.

La polic¨ªa cifra ese supuesto pelotazo del promotor en 120 millones de euros. Para estas operaciones, Ortiz se vali¨® de Jos¨¦ Cortina y Juan Zurita, exdirectivos de Bancaja y Daniel Gil, de la CAM. Los tres est¨¢n imputados en la causa. Ortiz realiz¨® las principales compras de suelo protegido en el humedal de Agua Amarga y las de suelo urbano en la zona de la Condomina.

En cuanto al delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagados por Ortiz y el regalo de un coche modelo Mini Cooper, tambi¨¦n propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la edil.

Sobre los viajes, Castedo mantiene que los pag¨® en met¨¢lico, pero el juez precisa: ¡°Una vez analizada la informaci¨®n bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo y Arturo Soto (su marido), se llega a la conclusi¨®n de que no existe ninguna extracci¨®n de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a trav¨¦s de cajeros autom¨¢ticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes¡±. Y en cuanto al Mini, el juez asegura que en una conversaci¨®n entre Ortiz y su esposa se refieren al coche como un regalo de Castedo a su asesora y constata ¡°una irregularidad contable¡± en la documentaci¨®n aportada por el promotor para justificar la venta.

El promotor supuestamente pag¨® un viaje a Creta al anterior regidor, Luis D¨ªaz Alperi

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor D¨ªaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un avi¨®n privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constituci¨®n de una empresa de publicidad.

El magistrado considera que el trasvase de informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias en favor de Ortiz continu¨® tras dimisi¨®n de D¨ªaz Alperi, en septiembre de 2009, seg¨²n refleja una conversaci¨®n entre Ortiz y Cortina sobre la colaboraci¨®n del exregidor y el despacho de Abogado Salvetti, propiedad de Jos¨¦ Luis Castedo (hermano de la actual alcaldesa) y el edil del PSPV Javier Guti¨¦rrez.

El fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que remiti¨® al juzgado, tambi¨¦n mantiene la acusaci¨®n a Castedo y Alperi por los delitos de revelaci¨®n de secretos, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Seg¨²n el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacci¨®n del planeamiento urban¨ªstico de la ciudad a los intereses de Ortiz a cambio de d¨¢divas.

El ministerio p¨²blico sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a trav¨¦s del despacho Salvetti Abogados. Desde este bufete, seg¨²n la polic¨ªa, elaboraron decenas de alegaciones al PGOU, la mayor¨ªa estimadas, extremo que les report¨® cerca de un mill¨®n de euros.

En este sumario, el juez ya ha imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jes¨²s Quesada, y Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez. Al familiar de la alcaldesa, el juez le imputa cinco delitos: asesoramiento ilegal, actividad prohibida a funcionario, revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, tr¨¢fico de influencias y cohecho.