El anterior director de Trabajo alega que nadie le alert¨® de irregularidades

¡°Puedo tener responsabilidad pol¨ªtica, pero no penal¡±. A pesar del alegato del ex director general de Trabajo andaluz Daniel Rivera, este mi¨¦rcoles la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, le ha imputado cuatro delitos continuados: malversaci¨®n, prevaricaci¨®n, omisi¨®n del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos. Rivera concedi¨® 42 millones en ayudas del fondo para empresas en crisis entre 2010 y 2012, gracias a un procedimiento que la juez considera ilegal. Sin embargo, el Ejecutivo de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n defiende su inocencia y la investigaci¨®n interna que dirigi¨® para arrojar luz tras 10 a?os de desmanes y caos administrativo.

El alto cargo del Gobierno andaluz hasta hace un mes defendi¨® que ning¨²n responsable t¨¦cnico ni jur¨ªdico le advirti¨® de que las subvenciones requer¨ªan una fiscalizaci¨®n previa, otra permanente y un control a posteriori para seguir el rastro del dinero concedido por la Consejer¨ªa de Empleo. La juez le ha achacado haber conocido un informe del despacho Garrigues de 2009 que alertaba de irregularidades en el procedimiento y descontrol en las ayudas. Mientras, Rivera admiti¨® haberlo le¨ªdo pero adujo que la Intervenci¨®n General, la Intervenci¨®n delegada en Empleo, el gabinete jur¨ªdico y la secretar¨ªa general t¨¦cnica discrepaban y nunca pusieron pegas al sistema implantado en la consejer¨ªa.

Alaya acusa a Rivera de haber prorrogado el sistema desarrollado por los ex directores generales Javier Guerrero (en prisi¨®n preventiva) y Juan M¨¢rquez (imputado en la causa). A pesar de que Rivera sustituy¨® la encomienda de gesti¨®n por la transferencia de financiaci¨®n para los pagos, la juez estima que el cambio normativo tambi¨¦n careci¨® de una fiscalizaci¨®n adecuada.

¡°Puedo tener responsabilidad pol¨ªtica, pero no penal¡±, alega Rivera

Durante su interrogatorio, Alaya ha sacado a relucir las ayudas directas concedidas a las empresas Acyco y Elizana, o las ayudas sociolaborales a Astilleros, en un intento frustrado de salvar la construcci¨®n naval en Sevilla y Huelva. Asimismo, Alaya le ha acusado de autorizar pagos a Surcolor sin haber comprobado que se incluyeron dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en su p¨®liza. Durante la ma?ana hubo momentos de tensi¨®n: ¡°Usted es due?a de su pregunta y yo de mi respuesta (¡­) Usted no me permite que conteste lo que a mi derecho convenga¡±, ha replicado Rivera.

Juez e imputado han coincidido en el desorden administrativo que supon¨ªan los expedientes tras la etapa de Guerrero y M¨¢rquez. ¡°Los expedientes eran un desastre y parec¨ªan que se hab¨ªan tirado al aire y luego se hab¨ªan recompuesto¡±, ha explicado de manera gr¨¢fica Rivera. Alaya le ha recriminado su falta de colaboraci¨®n con la instrucci¨®n judicial, y le ha acusado de haber seleccionado apuntes manuscritos que no envi¨® al juzgado. Y el imputado ha corroborado la acusaci¨®n de que la Direcci¨®n General de Trabajo gestion¨® ¡°expedientes administrativos¡± que envi¨® a Alaya y en paralelo otros ¡°expedientes de trabajo¡± que inclu¨ªan post-it y dem¨¢s anotaciones, y que permanecen a¨²n en la consejer¨ªa. ¡°Yo debo determinar si existe un il¨ªcito penal¡±, ha zanjado la juez al decirle que deb¨ªa entregarle toda la documentaci¨®n al juzgado.

Alaya estima que el ex alto cargo dio ayudas ilegales que suman 42 millones

Entre estos reproches, Alaya ha puntualizado que Empleo deb¨ªa haberle enviado su investigaci¨®n realizada junto a los auditores de la C¨¢mara de Cuentas, que identific¨® 323 personas sospechosas de recibir pagos irregulares, incluidos 126 intrusos y 11,3 millones defraudados, unos datos que a¨²n espera recibir la juez.

Adem¨¢s, la magistrada ha preguntado a Rivera por qu¨¦ las ayudas no se publicaron en el BOJA y por qu¨¦ incumplieron la normativa europea. Rivera, licenciado en Derecho, ha replicado que ning¨²n asesor le inform¨® sobre los hechos.

Antes de la declaraci¨®n, la juez ha desestimado la recusaci¨®n contra ella que plante¨® Rivera por ¡°extempor¨¢nea¡±. El ex director general se ha quejado del retraso de casi cinco meses en resolver un recurso contra su imputaci¨®n. Y Alaya ha replicado: ¡°Est¨¢n a mi cargo diversas macrocausas, que disponen de varias habitaciones repletas de documentaci¨®n solo para ellas¡±.