El personal encargado de la dependencia est¨¢ contratado de forma irregular

Todo el personal encargado de gestionar las ayudas a la dependencia est¨¢ contratado de forma irregular. As¨ª lo establece una sentencia que pone en la picota el sistema de selecci¨®n a dedo de los directivos y empleados de las empresas p¨²blicas de la Generalitat. La resoluci¨®n contradice el argumento del Consell de que, al tratarse de contratos privados, no est¨¢n sujetos a los requisitos de publicidad y concurrencia. La teor¨ªa de los actos separables, en la que se basa la sentencia prev¨¦ que las empresas p¨²blicas, aunque se rijan por las normas de derecho privado, lo har¨¢n por las del derecho administrativo en las fases de preparaci¨®n y adjudicaci¨®n del contrato.

De esta forma, la juez ha tumbado los m¨¢s de 150 contratos que hizo la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), la entidad que cre¨® la Generalitat para gestionar la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana al margen de la red p¨²blica de servicios sociales.

El juzgado n¨²mero 7 de lo Contencioso Administrativo de Valencia considera nulos ¡°los actos decisorios de las contrataciones laborales efectuadas para ocupar puestos t¨¦cnicos, administrativos y operarios al servicio¡± de esta empresa p¨²blica. Y obliga a Avapsa, ¡°para el caso de que resulten necesarias¡±, a realizar las contrataciones previa convocatoria p¨²blica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La juez censura que en las contrataciones, que se realizaron en los primeros meses de 2007, no existi¨® la publicidad necesaria, "conllevando esta ausencia la quiebra del principio de igualdad, principios que rigen cualquier caso de contrataci¨®n p¨²blica, aunque no se trate de funcionarios".

Deben respetarse en la selecci¨®n los principios de "publicidad e igualdad"

La decisi¨®n judicial responde a una denuncia presentada por el Sindicat de Treballadors de l'Administraci¨® P¨²blica (STAP-Intersindical Valenciana). La gesti¨®n de la dependencia, incluidos los baremadores, a trav¨¦s de una empresa y su arbitrario sistema de contrataci¨®n fueron objeto de pol¨¦mica desde el principio.

La denuncia del STAP-Intersindical Valenciana planteaba que los contratos, ¡°tanto como de car¨¢cter temporal como indefinido o de alta direcci¨®n con objeto de organizar, gestionar y prestar servicios sociales y sociosanitarios¡± se realizaron ¡°sin convocatoria p¨²blica alguna en ning¨²n diario oficial, ni anuncio p¨²blico¡±, por lo que no se ajustan a derecho.

La Generalitat aleg¨® en su defensa que no se trataba del acceso a la funci¨®n p¨²blica, sino de contrataci¨®n laboral, ¡°por lo que no resulta de aplicaci¨®n lo dispuesto en la ley 30/92¡± de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas y del Procedimiento Administrativo Com¨²n.

Adem¨¢s, sostuvo que la ley valenciana de la funci¨®n p¨²blica habilita a la Administraci¨®n a realizar este tipo de contratos, lo que cuestiona la juez, quien recuerda que en esta norma auton¨®mica, y respecto al personal laboral, se recoge que su selecci¨®n ¡°deber¨¢ respetar los principios de publicidad, igualdad, m¨¦rito y capacidad¡±.

Fuentes de la Intersindical Valenciana plantean que la sentencia cuestiona los m¨¦todos de contrataci¨®n de personal laboral que la Generalitat ha seguido en las empresas p¨²blicas valencianas.

De esta forma, calculan que unos 12.000 empleados han accedido a su puesto en condiciones similares a los trabajadores de Avapsa, sin las exigencias de publicidad necesarias, un m¨¦todo que ha recibido un aut¨¦ntico varapalo judicial.

La f¨®rmula elegida por el Gobierno valenciano para gestionar la dependencia estuvo marcada por la pol¨¦mica. No solo por la decisi¨®n de mantener al margen a los equipos municipales de servicios sociales que conocen los posibles beneficiarios de las ayudas y sus necesidades. En su lugar, cre¨® una estructura nueva, una empresa p¨²blica.

Tambi¨¦n fue controvertido el arbitrario proceso de contrataci¨®n elegido, no solo en la decena de cargos directivos sino en los puestos clave para que la Ley de la Dependencia funcionara: los baremadores. Estas son las personas encargadas de determinar si las personas que solicitan las ayudas no pueden valerse realmente por s¨ª mismos o tienen las dificultades que alegan padecer.