Nacionalcatolicismo

La decisi¨®n del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, de modificar radicalmente la regulaci¨®n del aborto para situarnos a la cola de la UE en materia de interrupci¨®n del embarazo responde exclusivamente al inter¨¦s de una minor¨ªa extremista y ultraconservadora, dispuesta a imponer sus creencias al conjunto de la sociedad en detrimento de la libertad y autodeterminaci¨®n de las personas. La larga cruzada emprendida hace tiempo por el cardenal Rouco Varela contra los ideales de progreso y modernidad, en especial contra los valores laicos y constitucionales, empieza a tener ¨¦xito. Al fin, el presidente de la Conferencia Episcopal tiene en el Gobierno el ministro que necesitaba en el lugar adecuado.

A estas alturas de la historia resulta inconcebible que un Gobierno democr¨¢tico, abrazado a lo m¨¢s retr¨®grado de la jerarqu¨ªa cat¨®lica, se empe?e en la anacr¨®nica pretensi¨®n de trasladar el derecho can¨®nico a normas de derecho com¨²n, y a imponer sus ideas a trav¨¦s del C¨®digo Penal. Porque eso exactamente es lo que hace el proyecto Gallard¨®n, al considerar el aborto como un delito aunque queden despenalizados determinados supuestos entre los cuales, incre¨ªblemente, no se incluye el que hace referencia a la malformaci¨®n fetal. As¨ª pues, prep¨¢rense ustedes para contemplar de nuevo el procesamiento y encarcelamiento de mujeres, el resurgir de los vuelos a Londres y otras capitales europeas para abortar con seguridad (las que tengan posibilidades) y, sobre todo, a miles de mujeres que, al carecer de recursos, se ver¨¢n obligadas a interrumpir su embarazo de forma clandestina y sin garant¨ªas sanitarias, con grave peligro para su salud y su vida. A todo ello hay que a?adir, como recuerda la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS), que leyes restrictivas como la que se propone aprobar el Gobierno no disminuyen el n¨²mero de abortos, simplemente aumentan la inseguridad jur¨ªdica y sanitaria de las mujeres.

Es cierto que la Iglesia Cat¨®lica a?ora el nacionalcatolicismo de otros y desdichados tiempos, y lo es tambi¨¦n que sus jerarcas, tanto en Roma como en Madrid, parecen haber recuperado el esp¨ªritu del Papa P¨ªo IX (al que Benedicto XVI quiere canonizar), que public¨® una de las enc¨ªclicas m¨¢s reaccionarias de todos los tiempos (Quanta cura) en la que se condenaba sin paliativos la modernidad, la libertad de conciencia y de prensa, el matrimonio civil, el pante¨ªsmo, el naturalismo y, por supuesto, el liberalismo y el socialismo y todo lo que se moviera sin su autorizaci¨®n. Un siniestro personaje al que el ilustre te¨®logo Hans K¨¹ng calific¨® como ¡°un hombre enormemente inestable, despose¨ªdo de toda duda intelectual que mostraba los s¨ªntomas de un psic¨®pata¡±.

Pero pese a la involuci¨®n de la Iglesia y a sus presiones, el Gobierno tiene la indelegable obligaci¨®n de legislar, tambi¨¦n en este asunto, bas¨¢ndose exclusivamente en la ¨¦tica civil y sin m¨¢s l¨ªmite que el que afecta a cualquiera otra norma; es decir, la Constituci¨®n Espa?ola. Porque las sociedades democr¨¢ticas modernas se basan precisamente en la ¨¦tica civil, que no es una verdad revelada que se nos da para siempre en un acto ¨²nico, sino la consecuencia de la historia de nuestros pa¨ªses, el producto de su evoluci¨®n social y cultural. Pues bien, la caracter¨ªstica fundamental de esa experiencia hist¨®rica de nuestras sociedades reside en la secularizaci¨®n, en el car¨¢cter laico del poder, en la obligada disociaci¨®n entre creencia y pensamiento racional, entre fe y saber cient¨ªfico.

Defender tan elementales principios democr¨¢ticos no significa, en modo alguno, pedirle a los ciudadanos que renuncien a sus creencias. Se trata simplemente de recordarles que aqu¨¦llas no pueden imponerse a quienes no las comparten. En un sistema democr¨¢tico no se puede violentar la conciencia de nadie, pero tampoco se puede impedir la autodeterminaci¨®n personal de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta la involuci¨®n social y cultural que significa el proyecto del ministro de Justicia es de esperar una amplia contestaci¨®n social. Ser¨ªa, pues, necesario que antes de que se apruebe la ley los dirigentes del PP se pronuncien tambi¨¦n con claridad. Espero que Feij¨®o, que en el pasado se nos present¨® como un hombre moderno, avanzado e impecable dem¨®crata, deje o¨ªr su voz en favor de las mujeres y de los valores democr¨¢ticos. Pero mucho me temo que el presidente de la Xunta respaldar¨¢ a su amigo Gallard¨®n y se plegar¨¢ sin el menor remordimiento al retorno del nacionalcatolicismo.