Cinto se ratifica en las irregularidades de Justicia tras siete horas de declaraci¨®n

No lo tiene claro. El fiscal superior del Pa¨ªs Vasco, Juan Calparsoro, decidir¨¢ el lunes si finalmente archiva o remite a los tribunales el supuesto fraude de 23 millones de euros detectado en la informatizaci¨®n de varios juzgados durante los a?os 2000 y 2009. Una decisi¨®n sobre la que reflexionar¨¢ el fin de semana, tras la maratoniana declaraci¨®n de m¨¢s de siete horas que ayer tom¨® a la actual viceconsejera de Justicia, Mar¨ªa Victoria Cinto, la autora del informe que destap¨® las presuntas irregularidades. Su testimonio fue el m¨¢s extenso de una jornada en la que tambi¨¦n fueron interrogados la directora de Justicia, Marta Higueras, y su hom¨®logo de Modernizaci¨®n, Jes¨²s Garc¨ªa.

La prolongada declaraci¨®n de Cinto, que comenz¨® a media ma?ana y culmin¨® a ¨²ltima hora de la tarde, tras un breve par¨®n para comer, evidencia las dudas que sobre el caso mantiene Calparsoro, despu¨¦s de casi seis meses de investigaci¨®n en los que ha tomado declaraci¨®n a un total de 17 personas, entre testigos, peritos e imputados. Aunque con matices, el testimonio de la viceconsejera no depar¨® ayer sorpresas. Se ajust¨® a lo defendido con anterioridad en el Parlamento, donde compareci¨® para explicar con detalle el contundente informe sobre las irregularidades, de m¨¢s de 30 p¨¢ginas, que en febrero remiti¨® a la Fiscal¨ªa.

El largo testimonio de la viceconsejera evidencia las dudas que tiene el fiscal

Los hechos objeto de la investigaci¨®n se remontan a la pasada d¨¦cada, cuando el departamento estuvo en manos de EA. Fue la actual consejera socialista, Idoia Mendia, quien los revel¨® en febrero, durante una comparecencia p¨²blica en la que denunci¨® la existencia de 15 contratos inform¨¢ticos en los que se pag¨®, m¨¢s de una vez en ocasiones, por trabajos que en realidad no se llegaron a realizar. El anuncio dej¨® en entredicho el modelo de modernizaci¨®n judicial seguido en Euskadi, que hasta ese momento hab¨ªa sido referente en Espa?a. El departamento, sin embargo, estaba convencido del fraude y decidi¨® darlo a conocer para exigir las responsabilidades correspondientes, con independencia del da?o a la imagen que pudieran causar.

La consejer¨ªa remiti¨® la informaci¨®n disponible al Ministerio P¨²blico, para que investigara lo ocurrido Fue finalmente el fiscal superior quien asumi¨® el caso. Las declaraciones de ayer se antojaban decisivas para esclarecer los hechos, como demostr¨® Calparsoro con sus interrogatorios. Al margen de Cinto, tanto Higueras como Garc¨ªa guardan v¨ªnculos con la etapa de los hechos investigados. La primera trabajaba ya por entonces en el departamento, aunque sin su actual cargo de responsabilidad, mientras que el segundo fue el sustituto de Inmaculada de Miguel, una de las dos personas a las que el informe elaborado por Justicia colocaba en el centro de la supuesta trama. La otra era la tambi¨¦n responsable de contrataci¨®n Ana Molina.

El archivo de la causa supondr¨ªa un duro rev¨¦s para la actual consejer¨ªa

Lo cierto es que la incertidumbre en torno al caso ha crecido con el paso de las semanas y a medida que se han sucedido las declaraciones ante el fiscal. Hasta el punto de que las dudas planean ahora sobre lo que inicialmente parec¨ªa un fraude a todas luces. De Miguel, Molina y los responsables de las empresas supuestamente beneficiarias de los contratos, Iberm¨¢tica e Indra, descartaron desde el primer momento la existencia de irregularidades. En sentido opuesto se pronunciaron los representantes de Versia, la aduitor¨ªa externa encargada por el departamento para ratificar las anomal¨ªas que sus propios servicios hab¨ªan detectado.

Con la declaraci¨®n de Cinto, Higueras y Garc¨ªa, el fiscal dispone ya de todos los testimonios que consideraba relevantes para esclarecer el caso, con los que redactar¨¢ su dictamen definitivo. Si finalmente deriva el caso a los tribunales, se iniciar¨¢ un largo proceso judicial para depurar responsabilidades. En cambio, si opta por archivar la causa, infringir¨¢ un severo castigo a la imagen y credibilidad del Gobierno socialista, a escasos meses ya de las auton¨®micas.