Carpetazo al ¡®caso Justicia¡¯

El supuesto fraude de 23 millones de euros detectado en la informatizaci¨®n de varios juzgados vascos entre 2000 y 2009 no se investigar¨¢ en los tribunales. El fiscal superior, Juan Calparsoro, decret¨® ayer el archivo del caso ¡°al no haberse acreditado hechos constitutivos de delito¡± durante los casi seis meses de pesquisas y tomas de declaraci¨®n. El m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico en Euskadi, en su escrito de conclusiones, argument¨® que los hechos analizados no se ajustan a un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, como tampoco a uno de prevaricaci¨®n administrativa. Su decisi¨®n supone un duro varapalo para la actual consejer¨ªa de Justicia, que fue la que revel¨® las irregularidades.

Fue en febrero cuando el departamento remiti¨® a la Fiscal¨ªa las pruebas de un supuesto fraude que afectaba a 15 contratos para la informatizaci¨®n de varios juzgados vascos, cuyo importe ascend¨ªa a 23 millones de euros. Todos ellos fueron firmados durante los Gobiernos de Ibarretxe, con la consejer¨ªa en manos de EA, cuando Inmaculada De Miguel y Ana Molina eran las m¨¢ximas responsables de la inform¨¢tica judicial. Seg¨²n la investigaci¨®n interna abierta tras la llegada del PSE al Ejecutivo, los trabajos encargados fueron pagados por la Administraci¨®n, pese a que no se llevaron a efecto o su ejecuci¨®n fue defectuosa. Iberm¨¢tica e Indra fueron las empresas beneficiarias.

Las irregularidades detectadas no son constitutivas de delito

El propio Calparsoro decidi¨® asumir las diligencias de investigaci¨®n. En el ¨²ltimo medio a?o ha tomado declaraci¨®n a cargos del actual Gobierno vasco y de los anteriores, as¨ª como a peritos y representantes de las empresas afectadas. La viceconsejera de Justicia y responsable ¨²ltima del informe sobre las irregularidades, Mar¨ªa Victoria Cinto, fue el viernes una de las ¨²ltimas en ofrecer su versi¨®n de los hechos. Lo hizo durante m¨¢s de siete horas, en las que se ratific¨® en las anomal¨ªas detectadas. El propio tiempo empleado, sin embargo, apuntaba ya a la incertidumbre sobre un caso que inicialmente parec¨ªa un fraude a todas luces.

Las sospechas sobre un posible carpetazo del caso se confirmaron ayer. Calparsoro argument¨® que tanto la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, como la prevaricaci¨®n administrativa, son delitos dolosos, por lo que exigen una comisi¨®n a sabiendas de la injusticia. En el segundo de los casos, adem¨¢s, se requiere ¨¢nimo de lucro propio a ajeno. Se trata de condiciones que el fiscal considera que no se han podido probar durante la fase de investigaci¨®n. El m¨¢ximo responsable del Ministerio P¨²blico no niega, en cualquier caso, la existencia de irregularidades en los contratos, pero las ubica en el ¨¢mbito de las responsabilidades administrativas y mercantiles, ¡°cuyo cauce de soluci¨®n debe ser distinto del derecho penal¡±.

Calparsoro valora el control del dinero p¨²blico por parte de la actual consejer¨ªa

El archivo del caso supone un duro varapalo para la imagen del Gobierno, a escasos meses de las auton¨®micas, y especialmente para el Departamento de Justicia, que hab¨ªa hecho bandera de la causa. El rev¨¦s, sin embargo, no ha sido completo. Pese a no apreciar indicios de delito, el fiscal superior s¨ª valora en su decreto el ¡°encomiable¡± esfuerzo realizado por la consejer¨ªa para lograr un control exhaustivo del uso de los recursos p¨²blicos. ¡°Durante los a?os que se corresponden con los contratos investigados no parece que se actuara con el mismo nivel de exigencia por parte de la Administraci¨®n responsable, y m¨¢s en concreto por Inmaculada de Miguel y Ana Molina¡±, censura Calparsoro.

A trav¨¦s de un escueto comunicado, el Gobierno no se pronunci¨® ayer sobre el fondo de la resoluci¨®n fiscal. Se limit¨® a confirmar que ¡°acata la decisi¨®n adoptada¡±, aunque aprovech¨® para ratificar tambi¨¦n que hizo ¡°lo correcto y exigible¡± al remitir las irregularidades detectadas al Ministerio P¨²blico, en vez de ¡°mirar para otro lado¡±. Adem¨¢s, matiz¨® que, ¡°a diferencia de otros casos¡±, a los que no hizo referencia, en ning¨²n momento tipific¨® las anomal¨ªas descubiertas ni dirigi¨® la acusaci¨®n ¡°contra nadie¡±.